Pronunciamiento del CAI sobre el Rally Dakar 2009

Puel Mapu, 31 de diciembre de 2008.



EL RALLY DAKAR VIOLA LOS DERECHOS DEL PUEBLO MAPUCHE
Y DESTRUYE EL ECOSISTEMA EN WALLMAPU


La irrupción violenta e inconsulta del Rally Dákar 2009 en el wallmapu –territorio ancestral mapuche que comprende parte de los actuales estados nacionales de Chile y Argentina- es una triste prueba de la violación sistemática de nuestros derechos como pueblos originarios de América.

Capitales privados y gobiernos nacionales y provinciales acordaron el año pasado una travesía depredadora por nuestro espacio territorial, violentando nuestra relación ancestral con y en el wallmapu para alimentar una de las formas más frívolas del mercado del turismo de consumo internacional: la “aventura” por “los extensos desiertos salvajes” de esta parte del mundo conocida y comercializada como Patagonia.

Por lo menos en julio de 2007 comenzaron las conversaciones oficiales entre las empresas privadas y Turismo de la Nación, según la información oficial de prensa de gobierno. Al mismo tiempo debieron ponerse en marcha los mecanismo de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas directamente afectados por el proyecto, tal como lo establecen el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre Pueblos Indígenas y Tribales al que el Estado argentino adhirió en 2001 y la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas aprobada por la Asamblea General en 2007.

Todo el tramo sur de la travesía Dákar 2009 se hará en territorio ancestral mapuche. Y, a horas de la llegada de la invasión “turística” ninguno de nuestros peñi ni lamngen, lof, comunidades ni nuestra organización fue ni siquiera informada ni consultada, en total y abierta violación al Convenio 169, la Carta de Derechos Indígenas de la ONU, el artículo 75 de la Constitución Nacional y la ley Integral del Indígena Nº2287, además de numerosa legislación de protección ambiental y del patrimonio genético, antropológico y paleontológico.
Nos consta que no se hizo en la juridicción de la provincia de Río Negro; tampoco en las provincias vecinas conformadas en el wallmapu y donde existe población mapuche organizada social y políticamente.

“No es una carrera normal. Es una carrera diferente y es por eso que se opta por pistas que no son conocidas por los participantes y que ellos llegan a conocer en el momento que se desarrolla la competencia. Justamente, en el marco de espíritu de descubrimiento y de aventura, se trata de cambiar y optar por nuevos territorios”, dijo un representante de la empresa organizadora Amaury Sport Organisation en febrero de este año, cuando oficialmente presentaron el evento en despachos oficiales del gobierno nacional en Buenos Aires.
Los gobiernos en pleno subordinaron sus obligaciones jurídicas y sus compromisos políticos –entre ellos, los establecidas por los pactos internacionales- ante la vidriera frívola del vértigo en la TV global.


VIOLACION DEL DERECHO INDIGENA Y AMBIENTAL EN RIO NEGRO

La totalidad del espacio que hoy comprende el Estado provincial de Río Negro es parte del wallmapu, nuestro espacio de vida ancestral.
Como organización política de base del pueblo mapuche, desde hace años venimos denunciando que los sucesivos gobiernos de la provincia de Río Negro implementan estrategias sistemáticas tendientes a despojar a los mapuche de nuestras ocupaciones tradicionales y de sus recursos. De este modo, la aprobación y participación en este rally internacional está en total concordancia con la falta de reconocimiento de las ocupaciones tradicionales de los lof y comunidades; de la aprobación de planes mineros, forestales, inmobiliarios e hidrocarburíferos enajenadores del patrimonio natural, cultural y económico de la mayoría de la población.

Este evento no sólo viola el Convenio 169 y la Declaración de Nacionales Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, sino también las leyes rionegrinas Nº 3266 de Regulación del Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental y Nº 2669 de Áreas Naturales Protegidas modificada por Ley Nº 3193, además de otro paquete de normas referidas al patrimonio genético, cultural, paleontológico y arqueológico.

Incumplimiento del Convenio 169: Este Rally se correrá en juridicción rionegrina:

a) sin que se haya realizado la consulta previa prevista en los artículos 6 y 15.2 del C169, y sin respetar los derechos establecidos en el artículo 7.1 primera parte.

b) sin que se hayan realizado previamente, en cooperación con los pobladores y/o comunidades afectadas, los estudios de incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las acti­vidades referidas puedan tener sobre ellos (art. 7.3).

c) sin que se haya dado participación a los pobladores y/o comunidades afectadas en la formulación, aplicación y evaluación de esas actividades (art. 7.1. in fine).

d) sin haberles dado participación en la formulación e implementación de medidas destinadas a proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan (art. 7.4).

e) en virtud de lo que establecen los artículos 41 y 42 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, sin que se hayan respetados los art. 3, 19, 20, 26.2 y 32 de esa misma declaración.

El Estado nacional aregentino es jurídicamente corresponsable del incumplimiento de su aplicación en RN de estos dos acuerdos internacionales, los que tienen rango constitucional.

Ley Provincial Nº 3266 de Regulación del Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental
La autoridad de aplicación de esta ley es el Consejo de Medio Ambiente (CODEMA) y los Municipios que no hayan delegado esa facultad. Estas instituciones no se encuentran integradas por representantes del Pueblo Mapuche de la provincia.
La ley prevé una Evaluación de impacto ambiental (EIA) que define como “…el procedimiento destinado a identificar e interpretar, así como a prevenir o mitigar, las consecuencias o efectos que acciones o proyectos públicos o privados, puedan causar al equilibrio ecológico, al mantenimiento de la calidad de vida y a la preservación de los recursos naturales existentes en la provincia” (art. 4).

Según el art. 7, la EIA está integrada por las siguientes etapas:a) La presentación de la Declaración Jurada de Impacto Ambiental.b) Estudio de Impacto Ambiental.c) La audiencia pública de los interesados y afectados en el lugar de emplazamiento del proyecto y/o donde se produzcan sus impactos.d) El dictamen técnico.e) La Resolución Ambiental.
Los Estudios de Impacto Ambiental previstos deben contener, entre otros datos, la evaluación de los efectos “…previsibles, presentes y futuros, directos e indirectos, sobre la población humana, la flora y la fauna y los ecosistemas” (art. 16.f); “…sobre los bienes materiales e inmateriales significativos, incluyendo el paisaje del lugar, el patrimonio histórico, artístico, cultural o arqueológico, que pudieran afectarse” (art. 16.h).
La ley también prevé un sistema de auditoría, monitoreo, control y fiscalización ambiental (art. 22.e) que operará durante todas las etapas de las actividades acordadas el que estará a cargo del CODEMA (art. 26).

Esta ley no cumple con los derechos particulares de consulta y participación de los pueblos indígenas previstos en los artículos 6, 7, 17.2 y 15-2 del C169, con los requisitos de validez que esas normas establecen.
De todos modos, tampoco se aplicó con los pequeños productores ganaderos de la región, con la población civil en general ni organizaciones ambientalistas e instituciones de investigación científica con intervención en el área que se afectará.

Ley Provincial Nº 2669 de Áreas Naturales Protegidas modificada por Ley Nº 3193
Parte del recorrido del rally, que afectará la vida y los territorios de pobladores o comunidades mapuche, se realizará en espacios declarados Áreas Naturales Protegidas, de acuerdo a la información fragmentada y escasa a que se pudo acceder del “circuito secreto”.
También en esta ley surge claramente la falta de previsión de la implementación de los derechos de consulta y participación de los pueblos indígenas afectados, según se detalló en el punto b de la Presentación del presente informe, a lo que se suma el incumplimiento de otras normas del mismo Convenio.

La declaración de un espacio determinado como Área Natural Protegida no es sinónimo de protección de los territorios, recursos naturales y culturales de los pueblos indígenas. Así lo prueban los daños ya probados en los recorridos preliminares del comité organizador para la delimitación del circuito, cuestión denunciada pública y judicialmente por pequeños productores de la región afectados.

En particular nos interesa insistir en que el espacio territorial Zunguncurá, conocido hoy como meseta de Somuncurá, es un lugar sagrado para el pueblo mapuche por su fuerza espiritual y de protección durante el aukán, guerra del Estado argentino contra nuestro pueblo conocida como campaña del desierto (1880/84).
Al rally recorrerá Somuncurá y, aunque insisten en que será en un trazado “de enlace” y no de competencia, el número de vehículos y personas involucrados necesariamente dañará este espacio de alta fragilidad medio-ambiental, soporte de biodiversidad y alto valor genético.

Las comunidades, lof o pobladores mapuche que habitan los territorios tradicionales que en su totalidad o en parte integran el Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la provincia no han dado su consentimiento previo, libre e informado para que esos espacios sean declarados ANP. Esa falta de consulta se reiteró ante este rally, que tampoco cumplió con las exigencias del plan de manejo del área protegida Somuncurá que el propio gobernador Miguel Saiz presentó oficialmente semanas atrás en la Línea Sur rionegrina cuando ya estaba cuestionado públicamente la realización de este evento.

También queremos destacar la situación particular del área de las lagunas Carrilafquen Grande y Chica, ubicada a 15 kilómetros al norte de la localidad de Huauel Niyeu (Ingeniero Jacobacci), uno de los puntos seguros de la trayectoria. Todos los investigadores y defensores del medio ambiente rescatan la declaración de área protegida provincial Carri Lafquen hecha en 1959, como un antecedente temprano de un espacio de meseta que merece resguardarse. Sin embargo, jamás fue mencionada por las autoridades provinciales en relación al recorrido de este rally y prolijamente ignorada ante un pedido de informes sobre áreas protegidas respondido recientemente por el CODEMA a nuestra organización.
El área Carri Lafquen es espacio de ocupación ancestral de varias comunidades mapuche y de pequeños productores ganaderos que manifestaron pública y reiteradamente su oposición.

Así, nadie puede sostener seriamente que esto es un evento deportivo; es un negocio político y económico montado a partir de la riqueza de la biodiversidad de nuestro territorio, garantizado por una fuerte militarización del área que pretenden seguir considerando desierta. Como Colón hace 500 años desembarcarán con agentes encubiertos, bloquearán los caminos y rutas, y establecerán cortes y controles innecesarios, desmesurados e inadmisibles para la vida en tiempos de paz.
Con la complicidad imprescindible de intereses locales y regionales, las empresas y los gobiernos pretenden convertir al wallmapu en un bien de consumo y explotación comercial for export. A la vez, reactualizan el modelo histórico de negación de nuestra existencia misma como pueblo originario.
No nos sorprenden ni la negación ni la violencia de los Estados y del capital enmascaradas bajo formas “globalizadas” de supuestos turismo y deportes de aventura. No pudo la guerra de exterminio desatada con la cruz y la espada. Nada detendrá nuestra decisión como pueblo mapuche de avanzar en la recuperación integral del wallmapu para la reconstitución de nuestra vida libre con los newen (fuerzas de la naturaleza) hoy amenazadas por cientos de ruedas.
Defenderemos los newen amenazados porque son y están en la esencia misma de nuestras vidas. En cualquier circunstancias, seguiremos el legado de nuestros mayores: diez veces nos matarán, diez veces volveremos.


Marici weu!! Marici weu!! Marici weu !!


CAI

Informe prelimiar de la Misión Humanitaria (Dolores)

Dolores- Tolima, 13 de Noviembre de 2008

INFORME PRELIMINAR DE LA MISION HUMANITARIA POR EL RESPETO A LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA DE LOS CAMPESINOS EN SU TERRITORIO
(DOLORES -TOLIMA)

El día de 12 de noviembre de 2008, las organizaciones abajo firmantes, (atendiendo a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia) en el marco de la misión humanitaria, realizamos una verificación de los hechos denunciados por las comunidades campesinas de las veredas Vegas del Café, El Piñal y Palmira del municipio de Dolores Tolima, ante la opinión pública nacional e internacional, donde pudimos constatar lo siguiente:

1. Que en la zona existe presencia constante de la Fuerza pública-Ejército Nacional.
2. Que el Ejército Nacional viene haciendo un fuerte amedrantamiento a las comunidades campesinas acusándolas de ser guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla de las FARC.
3. Que se encontraron evidencias de que el Ejército Nacional recientemente se retiró de los lugares cerca y dentro de las viviendas y fincas, además del asentamiento de los mismos cerca de la Escuela del Piñal-sede 6 de la institución educativa San Pedro. Dentro los elementos se encontraron: empaques desocupados de uso del Ejército Nacional y residuos de enlatados. También se pudo constatar la presencia de los mismos en el interior de las casas durante el trayecto de regreso en la vía de Vegas del Café al Municipio de Dolores.
4. Que las escuelas se encuentran en inactividad puesto que el maestro fue detenido arbitrariamente, torturado física y psicológicamente y señalado de ser guerrillero, obligándolo a abandonar la región.
5. Que el Ejército Nacional acampó en la vereda El Piñal en toda la longitud del acueducto, dañando notoriamente el tanque repartidor que surte a las tres veredas en mención, destrozando las mangueras de repartición del acueducto instaladas por los campesinos.
6. Que efectivamente, como denunciaron las comunidades el ejército motivó enfrentamientos desde los patios de las casas, encontrando vainillas y eslabones de ráfagas de fusil.
7. Se encontraron graffitis, donde dibujaron un fusil y escribieron “perros se van a morir, guerrilleros”. Dichos graffitis están situados en la Escuela de la Vereda El Piñal, que está totalmente abandonada. Se pudo observar escritos en la cocina que decían “Móvil 21 Brigada XII” y “Brigada VI Pijaos”.
8. Se constató que las viviendas y las fincas de las zonas anteriormente señaladas fueron abandonadas por las familias horrorizadas por la confrontación que se daba.
9. Se constató que los jóvenes son vistos por la fuerza pública como auxiliadores de la guerrilla o pertenecientes a la misma, lo que ha obligado a varios de ellos a ausentarse de su núcleo familiar por dichos señalamientos y amenazas, sin que se conozca hoy su paradero. Los pocos jóvenes que están en la región siguen siendo asediados y amenazados.
10. Se constató que los niños son manipulados por parte de la fuerza pública, por prevendas que les ofrecen como dulces y demás, para que den información de cual es el quehacer de sus familiares, haciéndoles preguntas tendenciosas como: qué si los niños ven a sus padres con armas o vestimentas como las que ellos poseen.
11. Pudimos presenciar que la tropa se encontraba cerca de la zona, por el aterrizaje que hizo un helicóptero del Ejército Nacional y los constantes revoloteos de avionetas y helicópteros.
12. Se constata la realización de censos de la población de la zona y la violación a la libre movilidad mediante los retenes y las continuas requisas, además de detenciones arbitrarias.

En las conversaciones que se sostuvieron con las comunidades en los días 12 y 13 de noviembre de 2008, pudimos recibir testimonios de las constantes violaciones a los Derechos Humanos (DDHH), al Derecho Internacional Humanitario (DIH), por parte del Ejército Nacional, Brigada Móvil número XVII, acantonados en esta zona que han obligado a las comunidades a desplazarse de esas veredas a la cabecera municipal de Dolores, producto de los desmanes de la Fuerza Pública por daños al acueducto veredal, tomando de trincheras y de zonas de abastecimiento las viviendas, posesionándose de las escuelas no permitiendo el normal desarrollo educativo de los niños y las ejecuciones extrajudiciales cometidas contra campesinos de estas veredas, como el caso de Aquileo Herrera Romero, asesinado por el ejército el 21 de octubre de 2008 y presentado como falso positivo, guerrillero dado de baja en combate, cuando sus familiares y vecinos manifiestan que era un humilde campesino trabajador de la tierra. Situaciones como ésta, se habían presentado en el año 2006 cuando fueron asesinados los jóvenes Héctor Jairo Yate, de 24 años de edad y José Mario Guerrero Garzón de tan sólo 17 años de edad, por el Ejército Nacional.
La persecución sistemática a la familia Herrera Romero, como el caso de Jhon Freddy Herrera Romero de 18 años, a quien el soldado Parra viene amedrentando, acusándolo de ser auxiliador de la guerrilla, que “conoce de caletas de la guerrilla, que el sabe desarmar un fusil y que si no coopera con el Ejército Nacional, va a resultar un día de estos como le pasó al Mono Aquileo con la boca abierta y los ojos”. Dichas amenazas son una flagrante violación a los Derechos Humanos, sembrando el terror y la zozobra dentro de las comunidades campesinas; éste es solo uno de los casos que pudimos conocer y que reflejan la situación bajo la que se encuentran los jóvenes de la zona que por temor no han denunciado, teniendo en cuenta además que no hay un compromiso real por parte de las instituciones gubernamentales que permita dar a conocer la realidad sufrida en estas zonas.

Sumado a esto, el irrespeto a la intimidad y la honra de los habitantes del lugar, derechos consagrados en la carta política de 1991, en su artículo 15, pues en la Vereda Vegas del Café, el ejército manifiesta con palabras soeces que ¨conocen los cuerpos y movimientos de todas las viejas de la comunidad¨, lo que demuestra que las comunidades están vigiladas constantemente desde las partes altas por las Fuerzas Militares. De igual manera las palabras irresponsables dichas a los niños y escritas por el ejercito en las escuelas y viviendas abandonadas ya hacen parte del vocabulario de los niños, a tal punto que se amenazan mutuamente de muerte, hecho absolutamente irregular en niños de 5 a 7 años , edades en las que oscila el promedio.
Esta situación como ha sido denunciado por las comunidades hace parte del episodio de conflictividad aun inacabado del país y los desmanes del Ejército Nacional con la población, que al buscar de forma desmedida resultados asesinan civiles sin discriminación alguna, lo que actualmente se conoce como FALSOS POSITIVOS.

Preocupaciones:

1. Que las comunidades campesinas necesitan de manera urgente la atención de los organismos estatales, tanto municipal, departamental como nacional.
2. Teniendo en cuenta la permanencia constante de la FFMM en la zona, es necesario que se garantice la seguridad por parte de éstas a los campesinos.
3. Que se cumplan por parte de las Fuerzas Militares los tratados internacionales en la NO ocupación de escuelas, viviendas que involucren de la población civil en el conflicto armado.
4. Que cese el amedrantamiento, los señalamientos y persecuciones a los pobladores de estas veredas y que se garantice la vida, la libre movilidad y la permanencia de los jóvenes.
5. Que el censo levantado por parte del ejército nacional es una actuación irregular según las normas constitucionales e internacionales, más aún cuando son utilizadas con el fin de amedrentar e intimidar a la población civil.
6. Que es necesario una atención urgente a los niños en materia de salud, nutrición, educación, vivienda y en general de los derechos fundamentales otorgados por la Carta Magna.
7. Que las principales instituciones que representan el Estado, como la Personería municipal siendo ésta la primera instancia administrativa defensora de los derechos humanos bajo la imparcialidad que le compete debe prestar atención oportuna y eficiente a las comunidades en situación de riesgo.
   

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