Pronunciamiento del CAI sobre el "conflicto del campo"

Bariloche, 16 de junio de 2008.

Comunicado para la prensa


EL TERRITORIO QUE FUE ESPACIO DE LA VIDA DE NUESTRO PUEBLO
ES EL ESCENARIO ACTUAL DE LA RAPIÑA “DEL CAMPO”


Desde hace más de tres meses venimos asistiendo como meros espectadores a una confrontación entre el gobierno nacional y sectores del capital agropecuario que debería incluirnos en primer término, ya que la pelea de fondo es por el acceso y el reparto de las multimillonarias ganancias que extraen del territorio ancestral indígena.

El Estado Nacional Argentino reconoció en la Constitución de 1994 la preexistencia de los pueblos originarios, siendo actualmente catorce los pueblos que sobrevivimos en porciones muy pequeñas de nuestro territorio ancestral pese al racismo y la negación sistemática, no sólo de nuestros derechos reales, sino de nuestra existencia misma.
Además, en el 2000 este mismo Estado formalizó su adhesión al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Finalmente, el año pasado, Argentina, como país signatario de Naciones Unidas firmó la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.


Estos reconocimientos suponen derechos efectivos, no sólo a la vida en sí, sino a la vida en nuestro territorio ancestral.
En el caso concreto del pueblo mapuche, en puel mapu (territorio del este de la cordillera), muchas de nuestras familias que hoy ocupan pequeñísimas fracciones de campo en las mesetas y estepa de Río Negro, Neuquén y Chubut fueron masacradas y hecho prisioneras por el Ejército nacional argentino (a partir de 1833 en diferentes campañas) de las tierras que hoy son el botín de la soja y de las extraordinarias rentas diferenciales del suelo de la pampa húmeda.
Apellidos tales como Catriel, Painé, Epugmer y Calfucurá –representantes de miles de familias que vivían en el territorio de lo que hoy es provincia de Buenos. Aires, sur de Córdoba y La Pampa-, por ejemplo, son prueba viva de nuestra vida en el territorio que siguen rapiñándose hoy por sobre nuestra sangre derramada.


Otros pueblos hermanos ofrecen otros ejemplos. La ampliación de la frontera de la soja hacia el norte es, en realidad, un nuevo avance hacia el territorio wichí, qom, guaraní, cien años después del sometimiento armado de las campañas de Roca y Victorica al Chaco.
Según cifras oficiales, el 10% de la producción nacional de azúcar -con su consiguiente aporte a la renta nacional por exportaciones-, la realiza la empresa Tabacal Agroindustrial de la transnacional Seebord Corp. en territorio ancestral guaraní que tanto dolor y muerte le produce a la comunidad La Loma.

No conocemos ningún economista de los tantos que han aportado a este debate público “nacional” que haya analizado –menos cuantificado- el aporte forzado y forzoso, inconsulto, ilegal e ilegítimo de los pueblos originarios a la llamada renta nacional en la Argentina del bicentenario.
Ni que hablar de los autodenominados representantes “del campo”, que no consideran tales a las extensiones de tierra árida y semiárida en las que tenemos nuestras ovejas y chivas -para el consumo doméstico generalmente-, las que además son para los organismos internacionales y expertos medioambientales la causa de la degradación y desertificación de los suelos.

Tampoco aceptamos que se nos incorpore a este debate como “campesinos”, categoría que niega nuestro autoreconocimiento político e identitario como indígenas, aunque esa categoría pueda servirle a muchos políticos y economistas para colocarnos en su mundo ideológico, que no puede imaginar la vida de los pueblos por fuera de los esquemas de la producción capitalista.

En nuestra cosmovisión somos uno con y en la naturaleza en wall mapu (territorio ancestral mapuche preexistente a la creación de los estados de Argentina y Chile), arrinconados en pequeñas porciones que debemos defender de los “inversores” y de los gobiernos encaramados en los negociados de tierras, que llaman fiscales aún con nosotros viviendo dentro.
La defensa de nuestro territorio ancestral la hacemos y seguiremos haciendo desde esa cosmovisión, en la que no es posible escindir la vida del pueblo de la de los recursos naturales; mucho menos el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y sus respectivas rentas que ofenden y mansillan al wall mapu.


Marici Weu Marici Weu
Por territorio y justicia


Consejo A. Indígena
Puel mapu

Grupos Armados Amenazan territorios indígenas NASO, Bocas del Toro, por Hidroeléctrica de la Empresa Colombiana, Empresa Públicas de Medellín

Oilwatch Panama
NOTICIA URGENTE 21/5/08

Desde varios años la EMPRESAS PUBLICAS DE MEDILLIN, empresa de origen colombiano, pretende desarrollar el proyecto Hidroeléctrico Bonyic. Proyecto, que el 21 de octubre del 2007, el pueblo Naso, en Asamblea General, en Resolución No. 7, reiteró su rechazo total y demandó del gobierno su derecho a la autodeterminación, ya que el Estado Panameño ha negado autonomía territorial a este pueblo en varias ocasiones.
El pueblo NASO se ha mantenido en lucha, realizando actividades para dar a conocer su posición a la sociedad con respecto al Proyecto Hidroeléctrico Bonyic y sus reclamos de autodeterminación. Pero éste domingo 18 de mayo, a las 10:30 de la noche, unas 50 personas con armas de fuego se apostaron cerca de los territorios NASO, y se han dedicado a realizar disparos al aire e intimidar a los miembros de las comunidades.
El 19 de mayo, unas cien personas foráneas se unieron a los agresores durante horas laborales, a manera de intimidación sobre las comunidades indígenas. Líderes comunitarios NASOS han denunciado que estos individuos llegaron con apoyo vehicular y económico de la Empresas Públicas de Medellín (EEPPM).
Ya las autoridades de la provincia han sido informadas de la situación, incluyendo la Gobernadora de Bocas del Toro, Esther Mena de Chiu, pero no han actuado para detener a estas bandas armadas, denunció un comunicado de la organización Alianza para la Conservación y el Desarrollo y la Alianza Naso. '..La Corregidora del Teribe sólo se presentó ayer con dos unidades de la policía y realizó allanamientos buscando armas en la comunidad. En ningún momento visitó, ni requisó, el sitio donde todavía se encuentran las personas que atacaron el domingo por la noche…', denuncian los lugareños.
Según notas de prensa internacional, Empresas Pública de Medellín, tiene antecedentes en su país de origen en casos de derechos humanos, denunciados por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), con desplazamiento de comunidades indígenas bajo amenaza paramilitar en zonas de construcción de megaproyectos*.
Este martes, la Alianza para la Conservación y el Desarrollo y la Alianza Naso interpusieron formal denuncia ante las instancias legales correspondientes, sin embargo a la fecha la situación aun continua igual.

http://www.onic.org.co/img_upload/3068e9df14b050d72c4fa19fabbab2d7/CASO_BAHIA_PORTETE_SEGUIMIENTO2007.doc