Puel Mapu, 31 de diciembre de 2008.
EL RALLY DAKAR VIOLA LOS DERECHOS DEL PUEBLO MAPUCHE
Y DESTRUYE EL ECOSISTEMA EN WALLMAPU
La irrupción violenta e inconsulta del Rally Dákar 2009 en el wallmapu –territorio ancestral mapuche que comprende parte de los actuales estados nacionales de Chile y Argentina- es una triste prueba de la violación sistemática de nuestros derechos como pueblos originarios de América.
Capitales privados y gobiernos nacionales y provinciales acordaron el año pasado una travesía depredadora por nuestro espacio territorial, violentando nuestra relación ancestral con y en el wallmapu para alimentar una de las formas más frívolas del mercado del turismo de consumo internacional: la “aventura” por “los extensos desiertos salvajes” de esta parte del mundo conocida y comercializada como Patagonia.
Por lo menos en julio de 2007 comenzaron las conversaciones oficiales entre las empresas privadas y Turismo de la Nación, según la información oficial de prensa de gobierno. Al mismo tiempo debieron ponerse en marcha los mecanismo de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas directamente afectados por el proyecto, tal como lo establecen el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre Pueblos Indígenas y Tribales al que el Estado argentino adhirió en 2001 y la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas aprobada por la Asamblea General en 2007.
Todo el tramo sur de la travesía Dákar 2009 se hará en territorio ancestral mapuche. Y, a horas de la llegada de la invasión “turística” ninguno de nuestros peñi ni lamngen, lof, comunidades ni nuestra organización fue ni siquiera informada ni consultada, en total y abierta violación al Convenio 169, la Carta de Derechos Indígenas de la ONU, el artículo 75 de la Constitución Nacional y la ley Integral del Indígena Nº2287, además de numerosa legislación de protección ambiental y del patrimonio genético, antropológico y paleontológico.
Nos consta que no se hizo en la juridicción de la provincia de Río Negro; tampoco en las provincias vecinas conformadas en el wallmapu y donde existe población mapuche organizada social y políticamente.
“No es una carrera normal. Es una carrera diferente y es por eso que se opta por pistas que no son conocidas por los participantes y que ellos llegan a conocer en el momento que se desarrolla la competencia. Justamente, en el marco de espíritu de descubrimiento y de aventura, se trata de cambiar y optar por nuevos territorios”, dijo un representante de la empresa organizadora Amaury Sport Organisation en febrero de este año, cuando oficialmente presentaron el evento en despachos oficiales del gobierno nacional en Buenos Aires.
Los gobiernos en pleno subordinaron sus obligaciones jurídicas y sus compromisos políticos –entre ellos, los establecidas por los pactos internacionales- ante la vidriera frívola del vértigo en la TV global.
VIOLACION DEL DERECHO INDIGENA Y AMBIENTAL EN RIO NEGRO
La totalidad del espacio que hoy comprende el Estado provincial de Río Negro es parte del wallmapu, nuestro espacio de vida ancestral.
Como organización política de base del pueblo mapuche, desde hace años venimos denunciando que los sucesivos gobiernos de la provincia de Río Negro implementan estrategias sistemáticas tendientes a despojar a los mapuche de nuestras ocupaciones tradicionales y de sus recursos. De este modo, la aprobación y participación en este rally internacional está en total concordancia con la falta de reconocimiento de las ocupaciones tradicionales de los lof y comunidades; de la aprobación de planes mineros, forestales, inmobiliarios e hidrocarburíferos enajenadores del patrimonio natural, cultural y económico de la mayoría de la población.
Este evento no sólo viola el Convenio 169 y la Declaración de Nacionales Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, sino también las leyes rionegrinas Nº 3266 de Regulación del Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental y Nº 2669 de Áreas Naturales Protegidas modificada por Ley Nº 3193, además de otro paquete de normas referidas al patrimonio genético, cultural, paleontológico y arqueológico.
Incumplimiento del Convenio 169: Este Rally se correrá en juridicción rionegrina:
a) sin que se haya realizado la consulta previa prevista en los artículos 6 y 15.2 del C169, y sin respetar los derechos establecidos en el artículo 7.1 primera parte.
b) sin que se hayan realizado previamente, en cooperación con los pobladores y/o comunidades afectadas, los estudios de incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades referidas puedan tener sobre ellos (art. 7.3).
c) sin que se haya dado participación a los pobladores y/o comunidades afectadas en la formulación, aplicación y evaluación de esas actividades (art. 7.1. in fine).
d) sin haberles dado participación en la formulación e implementación de medidas destinadas a proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan (art. 7.4).
e) en virtud de lo que establecen los artículos 41 y 42 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, sin que se hayan respetados los art. 3, 19, 20, 26.2 y 32 de esa misma declaración.
El Estado nacional aregentino es jurídicamente corresponsable del incumplimiento de su aplicación en RN de estos dos acuerdos internacionales, los que tienen rango constitucional.
Ley Provincial Nº 3266 de Regulación del Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental
La autoridad de aplicación de esta ley es el Consejo de Medio Ambiente (CODEMA) y los Municipios que no hayan delegado esa facultad. Estas instituciones no se encuentran integradas por representantes del Pueblo Mapuche de la provincia.
La ley prevé una Evaluación de impacto ambiental (EIA) que define como “…el procedimiento destinado a identificar e interpretar, así como a prevenir o mitigar, las consecuencias o efectos que acciones o proyectos públicos o privados, puedan causar al equilibrio ecológico, al mantenimiento de la calidad de vida y a la preservación de los recursos naturales existentes en la provincia” (art. 4).
Según el art. 7, la EIA está integrada por las siguientes etapas:a) La presentación de la Declaración Jurada de Impacto Ambiental.b) Estudio de Impacto Ambiental.c) La audiencia pública de los interesados y afectados en el lugar de emplazamiento del proyecto y/o donde se produzcan sus impactos.d) El dictamen técnico.e) La Resolución Ambiental.
Los Estudios de Impacto Ambiental previstos deben contener, entre otros datos, la evaluación de los efectos “…previsibles, presentes y futuros, directos e indirectos, sobre la población humana, la flora y la fauna y los ecosistemas” (art. 16.f); “…sobre los bienes materiales e inmateriales significativos, incluyendo el paisaje del lugar, el patrimonio histórico, artístico, cultural o arqueológico, que pudieran afectarse” (art. 16.h).
La ley también prevé un sistema de auditoría, monitoreo, control y fiscalización ambiental (art. 22.e) que operará durante todas las etapas de las actividades acordadas el que estará a cargo del CODEMA (art. 26).
Esta ley no cumple con los derechos particulares de consulta y participación de los pueblos indígenas previstos en los artículos 6, 7, 17.2 y 15-2 del C169, con los requisitos de validez que esas normas establecen.
De todos modos, tampoco se aplicó con los pequeños productores ganaderos de la región, con la población civil en general ni organizaciones ambientalistas e instituciones de investigación científica con intervención en el área que se afectará.
Ley Provincial Nº 2669 de Áreas Naturales Protegidas modificada por Ley Nº 3193
Parte del recorrido del rally, que afectará la vida y los territorios de pobladores o comunidades mapuche, se realizará en espacios declarados Áreas Naturales Protegidas, de acuerdo a la información fragmentada y escasa a que se pudo acceder del “circuito secreto”.
También en esta ley surge claramente la falta de previsión de la implementación de los derechos de consulta y participación de los pueblos indígenas afectados, según se detalló en el punto b de la Presentación del presente informe, a lo que se suma el incumplimiento de otras normas del mismo Convenio.
La declaración de un espacio determinado como Área Natural Protegida no es sinónimo de protección de los territorios, recursos naturales y culturales de los pueblos indígenas. Así lo prueban los daños ya probados en los recorridos preliminares del comité organizador para la delimitación del circuito, cuestión denunciada pública y judicialmente por pequeños productores de la región afectados.
En particular nos interesa insistir en que el espacio territorial Zunguncurá, conocido hoy como meseta de Somuncurá, es un lugar sagrado para el pueblo mapuche por su fuerza espiritual y de protección durante el aukán, guerra del Estado argentino contra nuestro pueblo conocida como campaña del desierto (1880/84).
Al rally recorrerá Somuncurá y, aunque insisten en que será en un trazado “de enlace” y no de competencia, el número de vehículos y personas involucrados necesariamente dañará este espacio de alta fragilidad medio-ambiental, soporte de biodiversidad y alto valor genético.
Las comunidades, lof o pobladores mapuche que habitan los territorios tradicionales que en su totalidad o en parte integran el Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la provincia no han dado su consentimiento previo, libre e informado para que esos espacios sean declarados ANP. Esa falta de consulta se reiteró ante este rally, que tampoco cumplió con las exigencias del plan de manejo del área protegida Somuncurá que el propio gobernador Miguel Saiz presentó oficialmente semanas atrás en la Línea Sur rionegrina cuando ya estaba cuestionado públicamente la realización de este evento.
También queremos destacar la situación particular del área de las lagunas Carrilafquen Grande y Chica, ubicada a 15 kilómetros al norte de la localidad de Huauel Niyeu (Ingeniero Jacobacci), uno de los puntos seguros de la trayectoria. Todos los investigadores y defensores del medio ambiente rescatan la declaración de área protegida provincial Carri Lafquen hecha en 1959, como un antecedente temprano de un espacio de meseta que merece resguardarse. Sin embargo, jamás fue mencionada por las autoridades provinciales en relación al recorrido de este rally y prolijamente ignorada ante un pedido de informes sobre áreas protegidas respondido recientemente por el CODEMA a nuestra organización.
El área Carri Lafquen es espacio de ocupación ancestral de varias comunidades mapuche y de pequeños productores ganaderos que manifestaron pública y reiteradamente su oposición.
Así, nadie puede sostener seriamente que esto es un evento deportivo; es un negocio político y económico montado a partir de la riqueza de la biodiversidad de nuestro territorio, garantizado por una fuerte militarización del área que pretenden seguir considerando desierta. Como Colón hace 500 años desembarcarán con agentes encubiertos, bloquearán los caminos y rutas, y establecerán cortes y controles innecesarios, desmesurados e inadmisibles para la vida en tiempos de paz.
Con la complicidad imprescindible de intereses locales y regionales, las empresas y los gobiernos pretenden convertir al wallmapu en un bien de consumo y explotación comercial for export. A la vez, reactualizan el modelo histórico de negación de nuestra existencia misma como pueblo originario.
No nos sorprenden ni la negación ni la violencia de los Estados y del capital enmascaradas bajo formas “globalizadas” de supuestos turismo y deportes de aventura. No pudo la guerra de exterminio desatada con la cruz y la espada. Nada detendrá nuestra decisión como pueblo mapuche de avanzar en la recuperación integral del wallmapu para la reconstitución de nuestra vida libre con los newen (fuerzas de la naturaleza) hoy amenazadas por cientos de ruedas.
Defenderemos los newen amenazados porque son y están en la esencia misma de nuestras vidas. En cualquier circunstancias, seguiremos el legado de nuestros mayores: diez veces nos matarán, diez veces volveremos.
Marici weu!! Marici weu!! Marici weu !!
CAI
miércoles, 31 de diciembre de 2008
lunes, 15 de diciembre de 2008
Informe prelimiar de la Misión Humanitaria (Dolores)
Dolores- Tolima, 13 de Noviembre de 2008
INFORME PRELIMINAR DE LA MISION HUMANITARIA POR EL RESPETO A LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA DE LOS CAMPESINOS EN SU TERRITORIO
(DOLORES -TOLIMA)
El día de 12 de noviembre de 2008, las organizaciones abajo firmantes, (atendiendo a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia) en el marco de la misión humanitaria, realizamos una verificación de los hechos denunciados por las comunidades campesinas de las veredas Vegas del Café, El Piñal y Palmira del municipio de Dolores Tolima, ante la opinión pública nacional e internacional, donde pudimos constatar lo siguiente:
INFORME PRELIMINAR DE LA MISION HUMANITARIA POR EL RESPETO A LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA DE LOS CAMPESINOS EN SU TERRITORIO
(DOLORES -TOLIMA)
El día de 12 de noviembre de 2008, las organizaciones abajo firmantes, (atendiendo a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia) en el marco de la misión humanitaria, realizamos una verificación de los hechos denunciados por las comunidades campesinas de las veredas Vegas del Café, El Piñal y Palmira del municipio de Dolores Tolima, ante la opinión pública nacional e internacional, donde pudimos constatar lo siguiente:
- Que en la zona existe presencia constante de la Fuerza pública-Ejército Nacional.
- Que el Ejército Nacional viene haciendo un fuerte amedrantamiento a las comunidades campesinas acusándolas de ser guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla de las FARC.
- Que se encontraron evidencias de que el Ejército Nacional recientemente se retiró de los lugares cerca y dentro de las viviendas y fincas, además del asentamiento de los mismos cerca de la Escuela del Piñal-sede 6 de la institución educativa San Pedro. Dentro los elementos se encontraron: empaques desocupados de uso del Ejército Nacional y residuos de enlatados. También se pudo constatar la presencia de los mismos en el interior de las casas durante el trayecto de regreso en la vía de Vegas del Café al Municipio de Dolores.
- Que las escuelas se encuentran en inactividad puesto que el maestro fue detenido arbitrariamente, torturado física y psicológicamente y señalado de ser guerrillero, obligándolo a abandonar la región.
- Que el Ejército Nacional acampó en la vereda El Piñal en toda la longitud del acueducto, dañando notoriamente el tanque repartidor que surte a las tres veredas en mención, destrozando las mangueras de repartición del acueducto instaladas por los campesinos.
- Que efectivamente, como denunciaron las comunidades el ejército motivó enfrentamientos desde los patios de las casas, encontrando vainillas y eslabones de ráfagas de fusil.
- Se encontraron graffitis, donde dibujaron un fusil y escribieron “perros se van a morir, guerrilleros”. Dichos graffitis están situados en la Escuela de la Vereda El Piñal, que está totalmente abandonada. Se pudo observar escritos en la cocina que decían “Móvil 21 Brigada XII” y “Brigada VI Pijaos”.
- Se constató que las viviendas y las fincas de las zonas anteriormente señaladas fueron abandonadas por las familias horrorizadas por la confrontación que se daba.
- Se constató que los jóvenes son vistos por la fuerza pública como auxiliadores de la guerrilla o pertenecientes a la misma, lo que ha obligado a varios de ellos a ausentarse de su núcleo familiar por dichos señalamientos y amenazas, sin que se conozca hoy su paradero. Los pocos jóvenes que están en la región siguen siendo asediados y amenazados.
- Se constató que los niños son manipulados por parte de la fuerza pública, por prevendas que les ofrecen como dulces y demás, para que den información de cual es el quehacer de sus familiares, haciéndoles preguntas tendenciosas como: qué si los niños ven a sus padres con armas o vestimentas como las que ellos poseen.
- Pudimos presenciar que la tropa se encontraba cerca de la zona, por el aterrizaje que hizo un helicóptero del Ejército Nacional y los constantes revoloteos de avionetas y helicópteros.
- Se constata la realización de censos de la población de la zona y la violación a la libre movilidad mediante los retenes y las continuas requisas, además de detenciones arbitrarias.
En las conversaciones que se sostuvieron con las comunidades en los días 12 y 13 de noviembre de 2008, pudimos recibir testimonios de las constantes violaciones a los Derechos Humanos (DDHH), al Derecho Internacional Humanitario (DIH), por parte del Ejército Nacional, Brigada Móvil número XVII, acantonados en esta zona que han obligado a las comunidades a desplazarse de esas veredas a la cabecera municipal de Dolores, producto de los desmanes de la Fuerza Pública por daños al acueducto veredal, tomando de trincheras y de zonas de abastecimiento las viviendas, posesionándose de las escuelas no permitiendo el normal desarrollo educativo de los niños y las ejecuciones extrajudiciales cometidas contra campesinos de estas veredas, como el caso de Aquileo Herrera Romero, asesinado por el ejército el 21 de octubre de 2008 y presentado como falso positivo, guerrillero dado de baja en combate, cuando sus familiares y vecinos manifiestan que era un humilde campesino trabajador de la tierra. Situaciones como ésta, se habían presentado en el año 2006 cuando fueron asesinados los jóvenes Héctor Jairo Yate, de 24 años de edad y José Mario Guerrero Garzón de tan sólo 17 años de edad, por el Ejército Nacional.
La persecución sistemática a la familia Herrera Romero, como el caso de Jhon Freddy Herrera Romero de 18 años, a quien el soldado Parra viene amedrentando, acusándolo de ser auxiliador de la guerrilla, que “conoce de caletas de la guerrilla, que el sabe desarmar un fusil y que si no coopera con el Ejército Nacional, va a resultar un día de estos como le pasó al Mono Aquileo con la boca abierta y los ojos”. Dichas amenazas son una flagrante violación a los Derechos Humanos, sembrando el terror y la zozobra dentro de las comunidades campesinas; éste es solo uno de los casos que pudimos conocer y que reflejan la situación bajo la que se encuentran los jóvenes de la zona que por temor no han denunciado, teniendo en cuenta además que no hay un compromiso real por parte de las instituciones gubernamentales que permita dar a conocer la realidad sufrida en estas zonas.
Sumado a esto, el irrespeto a la intimidad y la honra de los habitantes del lugar, derechos consagrados en la carta política de 1991, en su artículo 15, pues en la Vereda Vegas del Café, el ejército manifiesta con palabras soeces que ¨conocen los cuerpos y movimientos de todas las viejas de la comunidad¨, lo que demuestra que las comunidades están vigiladas constantemente desde las partes altas por las Fuerzas Militares. De igual manera las palabras irresponsables dichas a los niños y escritas por el ejercito en las escuelas y viviendas abandonadas ya hacen parte del vocabulario de los niños, a tal punto que se amenazan mutuamente de muerte, hecho absolutamente irregular en niños de 5 a 7 años , edades en las que oscila el promedio.
Esta situación como ha sido denunciado por las comunidades hace parte del episodio de conflictividad aun inacabado del país y los desmanes del Ejército Nacional con la población, que al buscar de forma desmedida resultados asesinan civiles sin discriminación alguna, lo que actualmente se conoce como FALSOS POSITIVOS.
Preocupaciones:
- Que las comunidades campesinas necesitan de manera urgente la atención de los organismos estatales, tanto municipal, departamental como nacional.
- Teniendo en cuenta la permanencia constante de la FFMM en la zona, es necesario que se garantice la seguridad por parte de éstas a los campesinos.
- Que se cumplan por parte de las Fuerzas Militares los tratados internacionales en la NO ocupación de escuelas, viviendas que involucren de la población civil en el conflicto armado.
- Que cese el amedrantamiento, los señalamientos y persecuciones a los pobladores de estas veredas y que se garantice la vida, la libre movilidad y la permanencia de los jóvenes.
- Que el censo levantado por parte del ejército nacional es una actuación irregular según las normas constitucionales e internacionales, más aún cuando son utilizadas con el fin de amedrentar e intimidar a la población civil.
- Que es necesario una atención urgente a los niños en materia de salud, nutrición, educación, vivienda y en general de los derechos fundamentales otorgados por la Carta Magna.
- Que las principales instituciones que representan el Estado, como la Personería municipal siendo ésta la primera instancia administrativa defensora de los derechos humanos bajo la imparcialidad que le compete debe prestar atención oportuna y eficiente a las comunidades en situación de riesgo.
ASTRACATOL
FENSUAGRO
ASODEMUC
MOVICE
DEMOCRACIA EN PROFUNDIDAD
PROYECTO COLOMBIA NUNCA MÁS
Acompaña
INTERNATIONAL PEACE OBSERVATORY
martes, 7 de octubre de 2008
Chile: més que paraules
Un dels països on l’acció directa deixa de ser merament un termeteòric estampat en cartells per passar a ser una pràctica inherementcotidiana és sens dubte Chile. Com cada any, els denominats setembresnegres es converteixen en un niu de conflictivitats exemplerificades perles sempre recurrents molotovs de les “filles del foc”, que omplenalgunes de les negres nits (sobretot) de la capital Chilena. Així mentresa Catalunya alguns hissen la senyera acompanyats dels segadors i delssicaris catalans altrament coneguts com a Mossos d’Esquadra, i a EstatsUnits ploren de nou les morts dels caiguts (alguns literalment parlanat) deles Torres Bessons, a Chile es commemora l’11 de Setembre de 1973.Amb l’excusa de la commemoració de l’onze de Setembre de 1973, aquellafatídica data en què les bombes i les bales cairen no solzament (comalguns s’entesten en recordar) sobre el líder populista Salvador Allendei els seus defensors, la multiplicitat d’actuacions mostren el verdaderrostre de l’estat Chile. I és que per molts i moltes no es tracta de ferun exercici de memoria històrica elevadora del primer president socialistaarribat al poder per mitjà de les urnes, sinó de vislumbrar que ladictadura no fóu més que una restructuració del capital mitjançant laforça militar i que la democracia no és més que una continuació sutilde l’estabiment per mantenir l’status quo. En definitva, elsencaputxats conceben cada setembre com una oportunitat mes d’expressar elfàstig i la ràbia que provoca un sistema depriment, causant de misèriesi exclusions que tendeixen a perpetuar-se (o inclús aguditzar-se) durantel govern de la Concertació. I de recordar activament a companys com laClaudia López, assassinada fa 10 anys en el transcurs de la guerra social.
Setembre Negre 2008: la flama continúa viva
Les mobilitzacions que posen fi a l’hivern i deixen pas a la primaverachilena no han estat tan contundents com en anys anteriors, incloent latípica marxa al cementiri que en aquesta ocasió s’ha realitzat el 14 desetembre. Així ho exemplerifica el fet que els “pacos de roig”,membres del Partit Comunista Chile encarregats de mantenir “l’ordre”intern de la marcha no han hagut d’intervenir.
Però sempre hi ha lloc per a disturbis... així ho correboren les ja tradicionals sortides de la Universidad Pedagógica del “Macul con Grecia” durant aquests dies, que han aconseguit que algunes unitats de“zorrillos” i “guanacos” (furgonetes policials llançadores de gasi aigua respectaviment) es mantinguin permanentment als voltantsd’aquesta “institució educativa”. O les voluptuoses nits de l’11 ales poblacions perifèriques (Villa Francia, Cerro Navia, Pintana,Estación Central,...) de la ciutat acompanyades no solzamentd’artefactes incendiaris, sinó en moltes ocasions d’armes de foc (queli diguin sino als 4 carabineris ferits aquest any per balaceres; o potserfa falta recordar el cas del cabo Vera, abatut d’un tret al cap l’11de setembre passat a la “Población de Pudahuel”). En part aquestdescens en l’activitat s’ha produit per l’augment de les mesurespolicials emprades pels cossos repressius de Bachelet : realitzant ampliscordons policials a les poblacions; estranyent el setge policial cap a totsaquells subjectes de participar en les senyalades mobilitzacions; omillorant l’armament dels efectius (amb “chalecos” anti-bales icascos d'acer, visors nocturns per contrarestar la foscor que implica lapràctica subversiva dels “cadenazos”, aparells de dispersió audífonad’última tecnologia,...). Mesures policials que han causat un nou difunta posteriori, en aquest cas de Marcelo Antonio, que morí per un edemapolmunar el 18 de setembre passat a causa de les contusions rebudes mentresparticipiva de la “disbauixa nocturna”.
Pero per combatre el poder no tothom recorre a la participació en els mesque previsibles aldarulls del Setembre negre. Alguns altres prefereixen elsextintors carregats de pólvora o la irrefrenable combinació d'àcids ielements casolans per iluminar les lluites socials... És així com el BancBci d'un carrer cèntric de les zones riques de la capital sucumbí el 10de septembre a l'acció de l'autodenominat “Grupos AnarquistasRevolucionarios” o com la Tercera Comisaría de Santiago es veiguéamenaçada pel “Comando Johnny Cariqueo”.
Ineficencia policial o operativitat dels grups d'afiniat anti-autoritaris
El “modus operandi” dels grups anarquistes (que han arribat areivindicar una 40 d'incendis i explosions en els últims dos anys) contraels interessos del capital a Santiago de Chile està deixant en rídiculals tan tutejats “ratis” (policía d’investigació dels carabineris)incapaços fins al moment d’encausar a una sola persona per aquests atacstan explícits. Tan desesperats están que segons sembla el ministeri del’interior chilè ha hagut de recorrer a la formació de personal acàrreg de membres de les policies italianes i espanyoles on la pràcticarepresiva contra grups anarquistes acumula una llarga trajectòria iexperiencia. Però un indici que sens dubte prova aquest fet han estat lesdues operaciones políciaques pràcticament infructuoses i de “baixperfil” desenvolupades contra grups anarquistes encaminades sens dubte amostrar uns resultats necessaris per salvaguardar la tan necesarialegitmitat policial.
La primera d’elles fóu efectuada el 26 de septembre de 2006 contra sis anarquistes (un dels quals barceloní) que habitaben l'immoble okupat dela Calle Ignacio 165. Operació realitzada sota les ordres del fins llavorsencara viu Director General dels Carabineros José Bernales. Els jovesforen acusats de tenir una quarantena d'ampolles de vidre, i altresmaterials tan “perillosos” (com àcid moriàtic per a descongestionarcanyaries o monedes de 5 pesos d'alumini) destinades suposadament a lafabricació de còctels molotov y bombes de soroll. Aquesta operació esrealitzà després d'una àmplia campanya mediàtica condemnatòria del'incendi perpetrat pel bloc negre al Palau de la Moneda durant la marchade l'11 del 2006, comparat mediàticament amb el què es produí durant elcop d'estat de Pinochet. Pero les acusacions contra els joves s'esveirenpoc a poc, deixant de ser responsables d'una autèntica fàbricad'elaboració d'artefactes casolans a passar a estar en llibertatcondicional una setmana després.
La segona, molt més recent i encara inconclusa, es produí el passat 8 deSetembre de 2008 quan tres persones foren detingudes i posteriormentempresonades acusades d'encartellar pressumptament cartells que cridaven ala guerra social i mostraven com es fabrica aquest coctel subversiu taneficaç de nominació russa.
Un cocktel explosiu prometador:
Diversos son els factors que ens poden ajudar a entendre la conflictivitatemergent que té inmers a xile en una calma més tensa que la nostra, mésenllà de la idealització inconscient que moltes de nosaltres solemrealitzar: la més recent entrada a la democràcia partidista que manté elrecel de bona part de la societat als pacos (carabineris) repressors; unaccés més fàcil a armament derivat en bona part de les partides enviadesals anys 80 per Cuba i la URSS als combatents comunistes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que segueixen en curs; les enormesdesigualtats socials en un dels paísos amb una economia més forta dellatinoamèrica; l'enorme cost de la vida; l'herència organitzativa de lespoblacions perifèriques i la forma arquitectònica en què estaninconscientment construides, més propicies per a l'enfrontament, laclandestinitat,...; l'emergència de grups anti-autoritaris i anarquistesderivats del treball realitzat durant les dècades anteriors i deldesengany de la joventut amb les organitzacions tradicionals; l'aproximació de persones derivades dels grups armats dels 80-90 a lesidees llibertàries; l'existència de descontentament en molts altresàmbits socials (estudiantat, professors, serveis públics,...) que elsmerament “polititzats”; l'encara vigent combat mapuche amb moltapresència al sud del país,...
Caldrà veure la capacitat de resposta dels grups organitzats a la més queprevisible onada repressiva que es desenvoluparà (segurament) a curttermini per fer front a tants factors i atacs desfavorables pel poder. La superació d'aquesta fase per part d'aquests grups podría significar unsalt qualitatiu en la lluita de classes. Esperem que no passi com a l'estatespanyol o Itàlia, on aquesta onada ha aconseguit parar part de les pràctiques més destructives i convertir les lluites socials en debatsteòrics , mansturbacions nostàlgiques en un passat millor imanifestacions folklòriques poc contestatàries.En definitiva, pels amants de la revolta, cal estar atents a les lluites nosolzament d'aquest país, sinó també de l'efecte papallona que podentenir sobre les activitats dels companys d'Argentina i Uruguai, en el quèalguns comencen a denominar com a triangle anarquista de llatinoamèrica.
Setembre Negre 2008: la flama continúa viva
Les mobilitzacions que posen fi a l’hivern i deixen pas a la primaverachilena no han estat tan contundents com en anys anteriors, incloent latípica marxa al cementiri que en aquesta ocasió s’ha realitzat el 14 desetembre. Així ho exemplerifica el fet que els “pacos de roig”,membres del Partit Comunista Chile encarregats de mantenir “l’ordre”intern de la marcha no han hagut d’intervenir.
Però sempre hi ha lloc per a disturbis... així ho correboren les ja tradicionals sortides de la Universidad Pedagógica del “Macul con Grecia” durant aquests dies, que han aconseguit que algunes unitats de“zorrillos” i “guanacos” (furgonetes policials llançadores de gasi aigua respectaviment) es mantinguin permanentment als voltantsd’aquesta “institució educativa”. O les voluptuoses nits de l’11 ales poblacions perifèriques (Villa Francia, Cerro Navia, Pintana,Estación Central,...) de la ciutat acompanyades no solzamentd’artefactes incendiaris, sinó en moltes ocasions d’armes de foc (queli diguin sino als 4 carabineris ferits aquest any per balaceres; o potserfa falta recordar el cas del cabo Vera, abatut d’un tret al cap l’11de setembre passat a la “Población de Pudahuel”). En part aquestdescens en l’activitat s’ha produit per l’augment de les mesurespolicials emprades pels cossos repressius de Bachelet : realitzant ampliscordons policials a les poblacions; estranyent el setge policial cap a totsaquells subjectes de participar en les senyalades mobilitzacions; omillorant l’armament dels efectius (amb “chalecos” anti-bales icascos d'acer, visors nocturns per contrarestar la foscor que implica lapràctica subversiva dels “cadenazos”, aparells de dispersió audífonad’última tecnologia,...). Mesures policials que han causat un nou difunta posteriori, en aquest cas de Marcelo Antonio, que morí per un edemapolmunar el 18 de setembre passat a causa de les contusions rebudes mentresparticipiva de la “disbauixa nocturna”.
Pero per combatre el poder no tothom recorre a la participació en els mesque previsibles aldarulls del Setembre negre. Alguns altres prefereixen elsextintors carregats de pólvora o la irrefrenable combinació d'àcids ielements casolans per iluminar les lluites socials... És així com el BancBci d'un carrer cèntric de les zones riques de la capital sucumbí el 10de septembre a l'acció de l'autodenominat “Grupos AnarquistasRevolucionarios” o com la Tercera Comisaría de Santiago es veiguéamenaçada pel “Comando Johnny Cariqueo”.
Ineficencia policial o operativitat dels grups d'afiniat anti-autoritaris
El “modus operandi” dels grups anarquistes (que han arribat areivindicar una 40 d'incendis i explosions en els últims dos anys) contraels interessos del capital a Santiago de Chile està deixant en rídiculals tan tutejats “ratis” (policía d’investigació dels carabineris)incapaços fins al moment d’encausar a una sola persona per aquests atacstan explícits. Tan desesperats están que segons sembla el ministeri del’interior chilè ha hagut de recorrer a la formació de personal acàrreg de membres de les policies italianes i espanyoles on la pràcticarepresiva contra grups anarquistes acumula una llarga trajectòria iexperiencia. Però un indici que sens dubte prova aquest fet han estat lesdues operaciones políciaques pràcticament infructuoses i de “baixperfil” desenvolupades contra grups anarquistes encaminades sens dubte amostrar uns resultats necessaris per salvaguardar la tan necesarialegitmitat policial.
La primera d’elles fóu efectuada el 26 de septembre de 2006 contra sis anarquistes (un dels quals barceloní) que habitaben l'immoble okupat dela Calle Ignacio 165. Operació realitzada sota les ordres del fins llavorsencara viu Director General dels Carabineros José Bernales. Els jovesforen acusats de tenir una quarantena d'ampolles de vidre, i altresmaterials tan “perillosos” (com àcid moriàtic per a descongestionarcanyaries o monedes de 5 pesos d'alumini) destinades suposadament a lafabricació de còctels molotov y bombes de soroll. Aquesta operació esrealitzà després d'una àmplia campanya mediàtica condemnatòria del'incendi perpetrat pel bloc negre al Palau de la Moneda durant la marchade l'11 del 2006, comparat mediàticament amb el què es produí durant elcop d'estat de Pinochet. Pero les acusacions contra els joves s'esveirenpoc a poc, deixant de ser responsables d'una autèntica fàbricad'elaboració d'artefactes casolans a passar a estar en llibertatcondicional una setmana després.
La segona, molt més recent i encara inconclusa, es produí el passat 8 deSetembre de 2008 quan tres persones foren detingudes i posteriormentempresonades acusades d'encartellar pressumptament cartells que cridaven ala guerra social i mostraven com es fabrica aquest coctel subversiu taneficaç de nominació russa.
Un cocktel explosiu prometador:
Diversos son els factors que ens poden ajudar a entendre la conflictivitatemergent que té inmers a xile en una calma més tensa que la nostra, mésenllà de la idealització inconscient que moltes de nosaltres solemrealitzar: la més recent entrada a la democràcia partidista que manté elrecel de bona part de la societat als pacos (carabineris) repressors; unaccés més fàcil a armament derivat en bona part de les partides enviadesals anys 80 per Cuba i la URSS als combatents comunistes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que segueixen en curs; les enormesdesigualtats socials en un dels paísos amb una economia més forta dellatinoamèrica; l'enorme cost de la vida; l'herència organitzativa de lespoblacions perifèriques i la forma arquitectònica en què estaninconscientment construides, més propicies per a l'enfrontament, laclandestinitat,...; l'emergència de grups anti-autoritaris i anarquistesderivats del treball realitzat durant les dècades anteriors i deldesengany de la joventut amb les organitzacions tradicionals; l'aproximació de persones derivades dels grups armats dels 80-90 a lesidees llibertàries; l'existència de descontentament en molts altresàmbits socials (estudiantat, professors, serveis públics,...) que elsmerament “polititzats”; l'encara vigent combat mapuche amb moltapresència al sud del país,...
Caldrà veure la capacitat de resposta dels grups organitzats a la més queprevisible onada repressiva que es desenvoluparà (segurament) a curttermini per fer front a tants factors i atacs desfavorables pel poder. La superació d'aquesta fase per part d'aquests grups podría significar unsalt qualitatiu en la lluita de classes. Esperem que no passi com a l'estatespanyol o Itàlia, on aquesta onada ha aconseguit parar part de les pràctiques més destructives i convertir les lluites socials en debatsteòrics , mansturbacions nostàlgiques en un passat millor imanifestacions folklòriques poc contestatàries.En definitiva, pels amants de la revolta, cal estar atents a les lluites nosolzament d'aquest país, sinó també de l'efecte papallona que podentenir sobre les activitats dels companys d'Argentina i Uruguai, en el quèalguns comencen a denominar com a triangle anarquista de llatinoamèrica.
domingo, 14 de septiembre de 2008
URGENCIA EN BOLIVIA: la derecha fascista asesina a 15 campesinos
extraído de Indymedia Bolivia
Ante la arremetida criminal de sicarios Brasileños, Peruanos y Bolivianos armados en contra de Campesinos en el departamento de Pando, el gobierno nacional ha decretado estado de sitio en toda la jurisdicción territorial de Pando.
Hasta el momento se han confirmado 14 muertos a punta de ametralladoras, escopetas y armas blancas en la localidad de El porvenir-Pando. Se han reportado desaparecidos, secuestrados y existe el rumor de que todavía existen más muertos que aún se encuentran en el monte y otros que habrían sido llevados por el río. Han sido secuestrados 14 campesinos heridos y han sido llevados al comité cívico para continuar con su calvario y después han sido llevados a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para que sean aun más intimidados. No se ha respetado ni siquiera a una mujer embarazada que ha sido maniatada y maltratada en instalaciones del comité cívico. En los hospitales se ha continuado maltratando a los campesinos que llegaban heridos, ni siquiera se permitía el ingreso de otras personas para que reconozcan a los campesinos asesinados. Los mercados de "collas" eran saqueados con saña, los medios no alineados a la prefectura acallados y los dirigentes sociales continuaban siendo perseguidos para ser asesinados como en los mejores tiempos de dictadura... Pero ahora eso inmediatamente debe parar!!
El estado de sitio en otras cosas dispone, la prohibición de manejar armas de fuego y armas blancas, prohíbe manifestaciones públicas, prohibido transitar más de 3 personas en horas de la noche [12:00 6:00 a.m.], prohibido abrir cantinas y lenocinios, etc. Y lo más importante, instruye capturar a los asesinos, a los sicarios brasileños, peruanos y bolivianos que asesinaron a los compañer@s campesinos.
El prefecto Leopoldo Fernández, el comité cívico y las logias terratenientes de Pando han armado y financiado todo este movimiento armado en desmedro de las comunidades campesinas que a estas horas de la noche aun lamentan la no presencia del estado en los momentos quizá mas terroríficos de sus vidas.
Juicio de responsabilidades al prefecto Leopoldo Fernández, asesino de la población Pandina!!
Basta de terror cívico prefectural en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija!! Basta de persecución carajo!!
Ante tanta mentira por parte de los medios oficiales privados, que andan diciendo que lo sucedido en Pando fue un enfrentamiento entre grupos armados y no un ataque de grupos de sicarios financiados y armados por el prefecto contra grupos de desarmados campesinos, a continuación les presentamos un testimonio de una hermana dirigente campesina que estuvo en el lugar mismos de los hechos, en la localidad del Porvenir. La entrevista fue realizada por la “Red Patria Nueva”.
Es la voz de indignación de una hermana dirigente campesina de 44 años que le dice a estos maleantes asesinos en Pando, que han nacido para ser libres carajo!!
Testimonio desde Pando [Primera parte] http://bolivia.indymedia.org/audio/play/19083
Testimonio desde Pando [Segunda parte] http://bolivia.indymedia.org/audio/play/19087
Testimonio desde Pando [Tercera parte] http://bolivia.indymedia.org/audio/play/19097
[El nombre de la compañera ha sido mantenido en reserva por la Red Patria Nueva, por su seguridad]
jueves, 31 de julio de 2008
Comunidad Mapuche Quintupuray denuncia peligrosa demora del gobierno
La Comunidad Quintupuray denuncia la demora del gobierno rionegrino en no reconocer en forma definitiva la posesión y derechos sobre el territorio ancestral en el paraje Cuesta del Ternero. En forma reiterada y constante se constata la presencia de personas y vehículos distintos a los que fueran autorizados a ingresar al lugar por el juez Serra de Bariloche. Por estos hechos el lof Mapuche responsabiliza directamente al Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CoDeCI), a su presidente Florentino Huircapán, que postergan desde hace más de 2 meses la resolución de la situación y al Poder Ejecutivo provincial que en su empecinada negativa a reconocerlos como Pueblo Originario con derechos alimenta los más turbios procedimientos.
Por Comunidad Mapuche Quintupuray
Comunicado para la prensa
La comunidad Mapuche Quintupuray, a dos meses de haber reingresado al territorio ancestral después de 15 años de no poder hacerlo, denuncia públicamente la sospechosa y peligrosa demora del gobierno rionegrino en no reconocer en forma definitiva la posesión y derechos sobre el territorio ancestral en el paraje Cuesta del Ternero.
Esa falta de reconocimiento permite la constante perturbación de nuestra posesión en el territorio e innumerables provocaciones por parte de Fabián Quintupuray y César Maldonado, cabezas visibles de la operación ilegal e ilegítima realizada con el territorio con el respaldo y participación de distintos organismos del Estado de Río Negro.
Solamente en el mes de julio la comunidad tuvo que hacer dos denuncias policiales por los atropellos cometidos por Fabián Quintupuray, codepositario judicial impuesto por la dirección de Tierras, y su supuesto empleado César Maldonado. En forma reiterada y constante la comunidad constata la presencia de personas y vehículos distintos a los que fueran autorizados a ingresar al lugar por el juez Serra, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de Bariloche, que así lo dispuso en la causa de desalojo contra Flandes, Catalán y otros.
Además de violar sistemática y permanentemente la orden judicial, la prepotencia y agresión de estas personas ponen en riesgo la vida, la integridad de los miembros de la comunidad, así como nuestros bienes materiales y espirituales.
Hacemos directos responsables de esta situación al Consejo de Desarrollo de Comunidades (Codeci) como órgano de aplicación de la Ley Integral del Indígena Nº2287 y a Florentino Huircapán, su presidente, que postergan desde hace más de dos meses la resolución de la situación de la permanencia de Fabián Quintupuray en nuestro territorio.
Tres días después que iniciáramos el campamento de reafirmación de nuestros derechos en el camino de acceso al territorio, el 8 de mayo Huircapán acordó a nuestras espaldas que Fabián Quintupuray fuese puesto como depositario judicial. Después él negó ante la asamblea que existiera ninguna negociación al respecto, lo que fue desmentido por el propio juez Serra que se lo reprochó al Codeci en un escrito que consta en el expediente del caso.
Además de requerir la urgente intervención de Codeci para que nos reconozca como los únicos poseedores con derecho a esa porción del territorio ancestral Mapuche, responsabilizamos al Poder Ejecutivo provincial que en su empecinada negativa a reconocernos como pueblo indígena con derechos alimenta los más turbios procedimientos.
Marici weu Marici weu Marici weu Marici weu
El Bolsón (Rio Negro), 30 de julio de 2008
miércoles, 30 de julio de 2008
Nocions sobre Colombia: de l’extensió del narcotràfic a la llei de “Justícia y Paz”
El negoci de les drogues és a l’actualitat un dels negocis més rentables del capitalisme. Segons les mateixes Nacions Unides el valor del negoci en el planeta està entre els 300 y els 500 mil milions de dòlars anuals, situant-se com la segona economia mundial darrere del comerç de les armes i avançant la mateixa economia del petroli. Comprendre aquesta realitat és comprendre els motius que fan que es mantingui en la il·legalitat.
El principal contacte que han tingut la majoria dels habitants de l’estat espanyol amb la cocaïna és a través del seu nas. Com és sabut per tothom els països europeus i els Estats Units són els principals consumidors de la cocaïna que es cultiva en països com Colòmbia. Així ho reflecteixen organismes com l’observatori Europeu de les Drogues i la Toxicomania en el seu informe anual de l’any 2007, on s’afirma entre altres coses que la cocaïna és la segona droga il·legal més consumida a Europa o que fins a 12 milions d’europeus l’han provat almenys una vegada (un 4% de la població europea).
Colòmbia és el principal país productor i exportador de coca del món . A hores d’ara aquesta substància s’ha convertit en un dels puntals de l’economia del país sent la seva major font d’ingressos darrera la indústria del petroli i la mineria. Per entendre la seva entrada en el negoci de les drogues il·lícites ens hem de remuntar a finals dels anys 60. L’augment en els països econòmicament més desenvolupats del consum de marihuana, propiciat en part pel boom de la contracultura beat y hippie, implicà que alguns elements del país andí veiessin la possibilitat de realitzar negocis amb aquesta substància. El cultiu es mantingué fins que la multiplicació de països productors de la mata i l’aparició en els propis països consumidors de cultius de marihuana obligaren a substituir aquesta planta verda pel denominat or blanc.
Les primeres plantacions comercials destinades a la producció de coca a Colòmbia aparegueren a principis dels anys 80 i vingueren acompanyades del cultiu d’amapola. A diferència d’altres estats com el Bolivià no havia estat mai un producte autòcton del país. Tan sols algunes comunitats indígenes residuals la cultivaven per fer front a la gana, a la sed o al cansament o com part implícita de les seves pràctiques ancestrals. La davallada dels preus dels monocultius “tradicionals” com el cacau o el cafè; l’agudització de l’obertura econòmica propiciada pel Banc Mundial durant els mandats de Virgilio Barco y César Gaviria que comportaren una greu crisi en els sectors rurals; l’existència de distintes reds de narcotràfic ja organitzades; l’augment de demanda d’aquesta substància a Europa i Estats Units arrel de la des-elitització de la droga a través del crack; o l’existència d’àmplies zones sense cap tipus de presència estatal són alguns dels motius que ens poden ajudar a entendre la seva ràpida expansió.
Moltes famílies de camperols desplaçades de la violència que habitaven les zones rurals començaren a descombrar la selva per donar pas a aquest cultiu. La inexistència de bones vies de comunicació a la zona i la subjecció de l’economia nacional a l’economia global impossibilitaren la sortida a un preu raonable dels productes autòctons de mercat intern com la iuca, l’arròs, el plàtan o el cacau i condemnaren a la gran majoria dels habitants a entrar en aquesta economia il·legal. Un cultiu del què no sols es beneficiaren les famílies camperoles sinó moltes altres famílies de Colòmbia amb pocs recursos que emigraren a treballar tot participant directament en alguna part del procés productiu o en les noves economies emergents que generà aquest comerç. I és que s’ha d’entendre que de la coca no només en viuen els petits propietaris dels terrenys on s’ha plantat. Es converteix en una veritable economia regional que beneficia (monetàriament) a transportistes, petits científics encarregats d’un primer processament, obrers raspadors contractats, dones encarregades del manteniment i neteja de les llars de les veredes, petits comerciants,... La participació de tots/es aquests/es treballadors/es humils en el “boom de la coca” no ha reportat però (ni molt menys) grans beneficis a aquest sector, sinó que simplement ha permès la seva subsistència. Es tracta del sector de població que sempre s’ha mantingut a la base de la piràmide dels beneficiaris del cultiu, que rep una retribució unes 250 vegades inferior al producte de la seva venda i 40 vegades inferior a la què perceben els intermediaris exportadors. Però de la coca també se’n beneficien altres sectors. Uns segons beneficiaris que integrarien el sector mig de la piràmide són aquests intermediaris que refinen y exporten el producte, que configuren una part més reduïda de població i que vindrien a conformar els càrtels nacionals. I per últim, a l’eslavó més alt de la figura geomètrica trobem els grans traficants distribuïdors, assentats als EUA o Europa, que es lucren amb el percentatge més elevat del producte. Entre el 96% i el 98% dels guanys totals s’integren a la economia dels EUA o Europa, i entre un 2% i un 4% ingressa clandestinament a l’economia colombiana. Alguns estudiosos situen en un 80% les utilitats del narcotràfic que ingressen directament a la Banca estadounidenc.
INSURGÈNCIA I “NARCOTRÀFIC”
Són absurdes les argumentacions que diuen que si no hi hagués guerrilla, no existiria el narcotràfic. Les guerrilles aparegueren abans que es desenvolupés aquesta economia a Colòmbia i d’igual manera, si el negoci s’acabés les guerrilles existents continuarien insurrectes. No en totes les regions on hi ha la insurgencia hi ha cultius de coca i aquesta no ha tingut mai com a política forçar al camperolat a cultivar aquesta planta
Per comprendre l’entrada de les guerrilles que es mantenen operatives avui en dia a l’estat andí en el negoci de les drogues s’ha d’analitzar la situació política del moment, de mitjans/finals dels anys 80. L’efervescència que vivien no només els grups insurgents, sinó els moviments socials en general crearen un període que molts han definit de pre-revolucionari. El suport social que tingué el llançament del moviment polític de la Unión Patriótica com a resultat dels “acords de la Uribe” entre el govern i les FARC, pot resultar representatiu. Estem parlant de la única època en la què ha existit una certa unitat entre la denominada esquerra revolucionària, plasmada en els moviments armats de la època (ELN, M-19, EPL, Mir-Patria-Libre, PRT, FARC, Quintín Lame) a través de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. L’enorme creixement quantitatiu experimentat per les guerrilles les forçaren a qüestionar-se un possible salt qualitatiu a nivell militar que hauria d’implicar major formació per als comandaments i per a les bases, la preparació per a poder desenvolupar una guerra regular complementària amb la ja habitual guerra de guerrilles i amb la adquisició d'armament. Per fer front a les possibles despeses que tot això implicava es necessitava com és lògic una ingent quantitat de recursos econòmics que no es podien sufragar amb les meres extorsions, expropiacions i segrestos. Molts d’aquests grups armats, els més debilitats (M-19, Mir Patria-Libre, PRT, Quintín Lame, ELN Corriente de Renovación Socialista i una part del EPL), es veieren incapaços de donar aquest salt polític-militar en un context en el què es preveia la caiguda de la URSS i del Sandinisme Nicaragüenc, i la major reclusió del règim cubà, principals sostenidors indirectes dels grups a l’exterior. Finalment optaren per engegar unes negociacions amb el govern que implicaren la desmobilització d’aquests actors i donaren com a principal resultat la “Nueva Constitución de Colombia” del 1991. Per contra, les FARC optà per entrar en el negoci de la coca com a única sortida viable per poder seguir creixent. S’ha d’entendre la lògica que empeny a aquest grup armat a entrar en el negoci, per què en la guerra (a l’igual que en el capitalisme) o es creix, o es perd. Per la seva banda , la fracció de l’ELN que es mantingué alçada en armes, tot i negar-se en un inici rotundament a l’existència de la planta a les zones sota el seu control (arribant a executar alguns camperols que se saltaren les normes) acabà claudicant a les demandes de les comunitats, mantenint això si, unes certes mesures regulatives que en limitaven l’extensió d’hectàrees cultivables. Des de llavors les guerrilles s’han beneficiat certament de la coca, mantenint un impost aproximat d’un 15% (similar a l’IVA espanyol) sobre el preu total estipulat amb els intermediaris. La participació de les FARC i l'ELN en el negoci (i sense voler justificar-les) s’ha d’entendre també des d’una clau de manteniment de l’ordre i dels preus a pactar amb les instàncies mitjanes de la piràmide. El control sobre el cultiu es desenvolupa igual com es desenvolupa en moltes de les altres activitats econòmiques, polítiques, socials i jurídiques. Abans de la intromissió de la insurgència, molts camperols queien assassinats en mans dels narcotraficants i la retribució que percebien pel seu treball era inferior a l’actual.
“PLAN COLÒMBIA”:
L’any 1999 es llançà el conegut “Plan Colombia” de la mà del president Andrés Pastrana amb l’objectiu de buscar el suport internacional en la suposada lluita contra les drogues principalment a través de l’enfortiment de la força pública.. Per tal de justificar aquest pla s’argumentà des del govern que per fer front al caire global del narcotràfic, es feia totalment necessària una resposta igualment global des dels diferents estats que d’una o altra manera resultaven implicats en el seu comerç. Actualment s’ha convertit en un dels puntals bàsics de la reconeguda “Política de Seguridad Democràtica” d’Álvaro Uribe.
El “Plan Colòmbia” inicial fou reelaborat meticulosament pel govern dels EUA per aguditzar la seva política intervencionista en aquest país, subordinant l’estat Colombià i les mateixes Forces Armades de Colòmbia al Comandament Sud de l’imperi nord-americà. L’excusa de la guerra contra les drogues ha permès a aquest país participar directament en el conflicte colombià, col·laborant estretament en la lluita anti-subversiva i reforçant la protecció de les distintes multinacionals assetjades per les extorsions i els atacs intermitents de les guerrilles; també li ha servit per derivar fons públics a la seva indústria de guerra. La compra de diversos helicòpters Black Howk i Super Huey o l’equipament de les brigades anti-narcòtics “made in” Plan Colombia amb el reconegut fusil m-16 yankee en són una bona mostra.
Resulta obvi que la estratègia desenvolupada per la Casa Blanca està basada pràcticament en la repressió al sectors més desfavorits que es senten obligats a cultivar la planta i la militarització. Dels 860,3 milions de dòlars aprovats per Colòmbia en la definició del pla el 75% s’ha destinat a l’enfortiment militar de la guerra. Ha suposat un increment de les Forces Armades colombianes en un 34%, ha propiciat la creació de tres batallons Anti-narcòtics al sud del país, de diferents bases militars; ha dotat a la força pública dels equips i de la infraestructura necessària per permetre la seva mobilitat total en el territori; ha permès la posada en marxa de la operació militar més ambiciosa de la història colombiana (“el Plan Patriota”) amb el desplegament de 18.000 efectius especialitzats al sud del país; i ha permès l’enviament de 400 militars nord-americans encarregats d’altes tasques d’entrenament, vigilància i assessoria.
La presència de les denominades Companyies Militars Privades (CMP) a Colòmbia també s’ha aguditzat amb l’entrada del Pla. Recordar que aquestes aparegueren després de la pèrdua de la guerra del Vietnam per part dels EUA. Són les encarregades de dur a terme aquelles operacions que poden ser mal vistes per l’opinió pública; serveixen per reduir el nombre de víctimes de l’exèrcit, tot presentant a les baixes de les CMP com a mers civils; i aporten grans beneficis a fons privats. Fins a 400 mercenaris yankis pertanyents a aquestes empreses poden operar directament en el país, en tasques tan diverses com la construcció de bases militars, l’aprovisionament de tropes, l‘assenyalament i la recerca d’objectius, seguretat privada, recerca d’informació, fumigacions... Computer Sciences Corp (que absorví a Dyncorp), MPRI, Defense Systems, Ariscan Inc., ... són algunes d’aquestes CMP que “treballen” en el país. Moltes d’elles ja han estat denunciades per narcotràfic, sobrelimitació en les seves funcions, vulneració reiterada dels drets humans, promoció del paramilitarisme,...
Però la lògica del Plan Colombia no és merament militarista. El seu caire imperialista es veu amb les ajudes al desenvolupament de la regió. Unes ajudes que es realitzen amb la implementació de nous mono-cultius trangènics necessaris per a la maquinària del primer món, com poden ser el de Palma Africana per a agro-combustibles.
Dir que el “Plan Colòmbia” ha estat un fracàs per què no ha aconseguit reduir considerablement el nombre de plantacions de coca; o per què ni tan sols ha permès augmentar el preu de venta d’aquesta substància als països econòmicament desenvolupats és absurd. És absurd per què és no comprendre l’essència mateixa d’aquest pla, que tal i com hem vist no pretén posar fi al narcotràfic.
Si realment aquest fos l’objectiu, es tindrien en compte estudis com l’elaborat per Rand Corporation que demostren que invertir en la prevenció i el tractament als consumidors és 23 vegades més eficaç que invertir en la eradicació de cultius en altres països; es posaria fi el secretisme implícit de les comptes de les grans banques, màximes beneficiaries de la “neteja” de diner. O s’optaria obertament per una política abolicionista.
L’entrada en vigor l’any 2002 de la Iniciativa Regional Andina (IRA) per contrarestar suposadament els efectes negatius del “Plan Colòmbia” sobre els països veïns, principalment el trasllat de cultius, processament i/o rutes de tràfic a Equador, Perú, Bolívia, Brasil o Veneçuela, representa l’excusa perfecte per exercir un control major sobre tots aquests països.
PARAMILITARISME I NARCOTRÀFIC
El suplement secret desenvolupat durant la visita l’any 1962 per un equip d’alt nivell del Centre Especial de Guerra dels Estats Units no té desperdici: “Debe crearse ahora mismo un equipo en el país acordado, para seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de represión, por si se necesitaran después. Esto debe hacerse con miras a desarrollar una estructura cívico militar que se explote en la eventualidad de que el sistema de seguridad interna de Colombia se deteriore más. Esta estructura se usará para presionar los cambios que sabemos que se van a necesitar para poner en acción funciones de contra-agentes y contra-propaganda y, en la medida en que sea necesario, impulsar sabotajes y/o actividades terroristas paramilitares contra los conocidos partidarios del comunismo. Los EUA deben apoyar esto”.
Ja aleshores es preveia el sorgiment de moviments insurgents revolucionaris. La radicalització abans de disminuir la seva presència o desaparèixer d’algunes de les experiènces guerrilleres que s’originaren amb l’assassinat del líder populista Jorge Eliécer Gaitán i que es desmarcaren del partidisme liberal per convertir-se al comunisme, feien preveure als analistes estadounidencs l’aparició de nous moviments armats. I així fóu, doncs les FARC sorgiren l’any 1964 en forma d’Autodefenses Camperoles, i l’ELN i l’EPL formalitzaren la seva aparició el 1965 amb la presa de Simacota y el 1967 amb “el jurament a la bandera” respectivament.
L’eclosió social que acompanyava a aquests moviments armats “obligà” al sistema bipartidista colombià a potenciar, sistematitzar i legalitzar tota una estratègia de guerra basada en el paramilitarisme que fins al moment havia aparegut de forma intermitent. La llei 48 de 1968 establí que tots els civils podien ser utilitzats per part de les forces armades per realitzar treballs de defensa i restabliment de l’ordre públic, permetent-los-hi l’utilització d’armes considerades d’ús privatiu de les Forces Armades.
A la dècada dels 80, amb l’aliança entre els grups d’autodefensa camperola paramilitars assessorats per les forces armades i la CIA i les organitzacions privades armades del narcotràfic, es produeix un salt en la política contrainsurgent. Uns utilitzant les informacions privilegiades, els contactes armamentístics i creant estructures d'autodefensa amb el reclutament de persones amb pocs recursos i camperolat; i els altres finançant l’empresa amb les grans quantitats de diners de la què disposàven. Des de llavors fins a l’actualitat, aquestes dues estructures de poder s’han anat difonent i interrelacionant de manera continuada fent difícil l’establiment d’una línia divisòria que les diferenciï.
Cal concebre aquesta aliança com a una estratègia per salvaguardar interessos comuns.
Tan el paramilitarisme (alimentat per les elits econòmiques i polítiques colombianes) com els narcotraficants eren colpejats sovint per accions i extorsions de la insurgència; compartien a més a més l’interès per unes terres que sovint estaven sota la influència contestatària que els hi permetrien desenvolupar grans explotacions ramaderes o agrícoles als primers, i exercir un control sense condicions i potenciar el cultiu de drogues il·lícites als segons. No hem d’oblidar tampoc que la compra de terres segueix sent una de les millors formes de blanqueig de diners.
Dos dels acords que han sortit a la llum pública i que visualitzen aquestes relacions creades es remunten al 1981 i al 1987. El primer d’ells, aparegut en un comunicat advertia de la firma d’un acord entre 223 caps mafiosos per crear el Mas (Muerte a los Secuestradores), un exèrcit privat de 2230 homes. Per fer-lo possible cada un dels narcotraficants havia d’assignar dos milions de “pesos” i 10 dels seus millors homes. El segon, es consolida a la vereda “El Cincuenta” de Puerto Boyaca (Magdalena Medio) i donà pas a l’enviament per invitació del govern estadounidenc d’un coronel de l’exèrcit israelià, Yair Klein, que hauria de facilitar entrenament als homes de reconeguts narco-paramilitars com Rodríguez Gacha, Pablo Escobar, Fabio Ochoa o Víctor Carranza. Posteriorment altres membres de forces armades australianes, angleses i sud-africanes foren enviades amb aquest mateix objectiu.
Els excessos produïts per aquests grups narco-paramilitars dintre la dinàmica del terror que pretenien crear com a estratègia d’eliminació de les organitzacions socials i polítiques de l’esquerra contestatària afectaren també a altres sectors de població. Les pràctiques de “neteja social” que es dugueren a terme contra treballadores sexuals, homosexuals, lladres, consumidors de drogues,... foren desenvolupades pels escuadrons de la mort en distintes ciutats del país (“Cali Limpia”, “Amor por Medellín”, “Por la fe, el Reato y la Moral”, “Prolimpieza del Valle del Magdalena”,...). Són les què han fet que molta gent situí aquests grups a l’extrema dreta de l’espectre polític, tot i demostrar en la majoria dels seus comunicats una clara despolitització més enllà del seu reconegut anti-comunisme (i a tot allò que pinti a transformació social) i dels insults constants.
Fins i tot alguns sectors pròxims a les èlits econòmiques passaren a estar en el punt de mira del paramilitarisme. La paradoxa del moment era que alguns elements del govern i l’oposició estaven potenciant directament a aquests grups i en canvi, altres sectors del poder resultaren afectats per les seves pràctiques. L’anàlisi que es pot fer d’aquest fenomen es que en certa manera la necessitat acumulativa d’uns i altres inherent al capitalisme i la disputa de certes zones de control implicava en moltes ocasions interessos enfrontats. La recerca d’una legitimitat democràtica a través d’una certa contundència contra la delinqüència organitzada que massacrava a la població també es un altre factor a tenir en compte. Es feia totalment imprescindible per la democràcia si tenim clar que davant la greu crisi econòmica, humanitària i social molta gent fàcilment es podia sentir atreta pels moviments revolucionaris emergents. D’aquesta manera alguns membres dels partits tradicionals, personalitats democràtiques, periodístiques o policials passaren a estar en el punt de mira del narcoparamilitarisme. Situació que es maximitzà quan es crearen els primers acords amb els EUA d’extradició de narcotraficants, com a mesures indispensables per rebre les primeres ajudes econòmiques que conduïren indefectiblement a la liberalització de l’economia colombiana.
Però tornem a l’essència del paramilitarisme. Generalment es realitza una interpretació simplista d’aquest fenomen vislumbrant tan sols la punta de l'iceberg i les seves mostres mes espectaculars: les massacres realitzades arreu del país andí. El paramilitarisme com a fenomen social aconseguí la seva implementació territorial en moltes zones de Colombia sobretot a partir de mitjans dels 90. El paramilitarisme utilitza en primer lloc aquestes massacres o els assassinats selectius per aconseguir el desplaçament i el sotmetiment de les regions on s’estén. S’apodera de les economies il·legals allà on ja existien o les imposa si encara no havien tingut presència (no tan sols el narcotràfic, sinó altres pràctiques com el negoci de treball sexual). Mica en mica es va apoderant de totes i cada una de les activitats econòmiques de les regions: dels comerços, els transports i els serveis. I com no, de les administracions públiques forcant a molta gent a votar pels seus candidats. Es converteix irremediablement en un poder paraestatal amb una certa autonomia, però que sens dubte facilita les coses a les elits econòmiques. La transformació cultural que ha implicat la fusió del narcotràfic amb el sicariat para-estatal dintre les àrees rurals i perifèriques per on s’ha extès és una de les conseqüències ocultes que sens dubte molta gent no s’ha parat a analitzar. Una cultura de diner fàcil, totalment despolititzada, que idolatra al mercenari com a model masculí a seguir i a la dona sotmesa i “fàcil” com a model femení; una cultura d’apostes, de joc, de prostitució, de drogues, de violència... dins d’un suposat marc de seguretat que re-troalimenta el fenòmen paramilitar aportant no solsament nous adeptes a les seves files sinó també finançament a la seva empresa. Un finançament que s’utilitza en ocasions per realitzar obres socials que legitimen novament el seu poder.
“LLEI DE JUSTICIA I PAU...”
Els acords de “Justícia y Paz” establerts per la llei 975 de 2005 impulsada pel govern d’Álvaro Uribe, és el marc jurídic que teòricament ha permès la desmobilització del paramilitarisme a Colòmbia.
Els moviments socials colombians han alçat la seva veu per dir que aquesta llei l’únic que ha permès ha estat legalitzar aquesta pràctica. És incontestable que hi ha hagut una disminució física de la presència de grups paramilitars armats en el terreny o que fins i tot hi ha hagut una disminució de les massacres realitzades.
Però s’ha d’entendre aquesta realitat no com una victòria de la democràcia parlamentària sinó com un canvi d’estratègia del sistema de domini que impulsen les elits colombianes amb l’ajuda de l’imperi. La fi de les pràctiques més ostentoses realitzades per aquests grups és deu al fet que ja han aconseguit la majoria d’objectius pels quals foren creats.
L’aplicació de polítiques de terra arrasada a les zones rurals, seguint la doctrina de treure l’aigua al peix (és a dir, implicar les organitzacions socials i les comunitats camperoles en la guerra convertint-les amb objectiu militar per ser suposats sostenidors de la insurgencia) ha demostrat la seva eficàcia en l’aïllament de les guerrilles; ha imposat un imaginari col·lectiu de terror que ha fet disminuir considerablement la politització de la població; ha impedit o dificultat la pràctica del sindicalisme o les activitats de defensa dels drets humans, propiciant unes condicions més òptimes per a l’explotació; ha protegit aquelles empreses i terrenys que anteriorment havien estat amenaçades i extorsionades pels grups insurgents i facilitat l’entrada de les multinacionals en moltes àrees rurals amb ingents interessos; les pràctiques sense remordiments han desplaçat els grups armats dels nuclis urbans condemnant-los a una reclusió estratègica i a un aïllament més gran que dificulta la seva tasca política i militar; ha propiciat una clima de violència que obligà a les guerrilles a contestar amb una contundència major, tot recorrent a mitjans que abans no havien hagut d’utilitzar i per tan a facilitar la seva criminalització per part del poder,....
La pressió nacional i internacional, la desviació d’alguns grups paramilitars que es deslligaren dels seus suports econòmics i començaren a operar amb autonomia d’interessos, les ajudes en militarització derivades del Plan Colòmbia que han possibilitat un major control intern; o la intenció de donar legitimitat amb resultats concrets a la política de Seguretat Democràtica d’Álvaro Uribe (amb múltiples lligams amb la para-política) són algunes de les raons que poden ajudar a entendre els interessos de l’establiment en posar fi a les pràctiques més visibles del paramilitarisme.
Les argumentacions que s’utilitzen per defensar que la llei de Justícia i Pau ha legalitzat el paramilitarisme són múltiples i incontestables: per què no s’ha posat fi ni als negocis, ni a les economies que ha generat aquest fenomen; no hi ha hagut una política de reparació integral cap a les víctimes; no hi ha hagut un veritable estudi ni judicialització dels actors para-econòmics i para-polítics que l’han impulsat; l’opinió pública no ha tingut accés a la veritat; es mantenen uns graus d’impunitat elevadíssims, que giren al voltant del 95%; amb l’excusa de la reinserció s’han derivat molts elements implicats en greus vulneracions dels drets humans de l’empresa paramilitar cap a l’exèrcit; les penes màximes que s’han aplicat (i tot i no creure en la institució carcerària) als caps visibles han estat de 8 anys de presó, amb beneficis penitenciaris com visites permanents de familiars, condicions confortables en mòduls especials, accés constant a treballadores sexuals,... tot fa pensar que aquesta llei l’únic que pretén és fer taula rasa, esborrar de la memòria el genocidi establert, condemnant indefectiblement a què el paramilitarisme torni a aparèixer tard o d’hora.
Actualment ja no fan falta les grans massacres per aconseguir el desplaçament de la població agrícola o la inutilització de les lluites socials, per què tothom té en el seu imaginari col·lectiu el passat recent de l’extermini. S’opta per la judicialització a gran escala o “l’assassinat en compta-gotes”, a voltes selectiu, realitzat majoritàriament per la força pública a través dels denominats falsos positius. Es vesteixen a civils de guerrillers i es simulen falsos combats. S’aconsegueix així per un cantó justificar davant els acreedors i les masses l’èxit de les ajudes que està rebent l’institució militar, que veu molt més complicat posar fi a la vida dels guerrillers acostumats a la reclusió de la selva que a civils camperols desarmats; i per l’altre mantenir l’estat de terror a les comunitats. Les “primes” o els beneficis (vacacionals, professionals) que s’ofereix a cada membre de l’exèrcit que mata a un suposat insurgent, són l’element fonamental que empeny a tants militars a fer el què estan fent.
L’entrada en escena dels anomenats “nous” grups paramilitars sota la denominació de les “Àguiles Negres” representa un paraigües per poder seguir amb el terrorisme d’estat mantenint els amplis graus d’impunitat. Moltes organitzacions camperoles han advertit que les amenaces que es realitzen utilitzant aquest nom han estat desenvolupades pel mateix exèrcit., el principal estament contrari a la “desmobilització” per què la lògica sicarial els hi facilitava àmpliament les coses. Distintes persones d’organitzacions i moviments socials han caigut ja sota les bales de les “Àguiles Negres” o han aparegut en les llistes negres d’aquest grup. El paramilitarisme a Colòmbia, segueix més que vigent.
... O SENSE JUSTÍCIA NO HI HA PAU
Tot anàlisi polític que tracti de la situació colombiana ha de tractar, com no, el possible camí cap a la resolució al conflicte armat intestí, que dura ja més de 50 anys.. La “Política de Seguridad Democrática d’Álvaro Uribe” y la seva màxima expressió vislumbrada en l’ofensiva del “Plan Patriota” han demostrat la impossibilitat de vèncer a la insurgència a través de les armes. Les guerrilles tampoc tenen la possibilitat ara per ara d’enderrocar l’estat mitjançant la lluita armada. La clau queda per tan, en intentar debilitar al màxim a l’oponent forçant-lo a entrar en un procés de pau en el que hagi de fer amplies concessions.
En cap cas les guerrilles no s’acontentarien amb meres reformes constitucionals com succeí el 1991, sinó que aposten per la celebració d’una nova Assemblea Constituent i per una pau amb justícia social.
El procés de pau del Caguán de l’any 1998 entre el govern Pastrana i les FARC-EP fou conseqüència de la enorme quantitat de victòries propiciades per aquesta ultima a l’exèrcit colombià. La voluntat de no renunciar a certs privilegis conduïren a l’estat a seguir de sotamà amb la política militarista amb l’entrada al Plan Colombia. Les Farc també aprofitaren per reforçar-se amb l’adquisició de nou armament i la possibilitat de restablir certs lligams amb la societat civil colombiana.
S’ha d’entendre que hi ha molts sectors de la població que sabotegen (a l’igual de a l'estat espanyol) tot intent de procés de pau. Sectors que no apunten precisament a la insurgencia. Primerament les grans indústries militars, que veurien reduïts els seus beneficis. En segon lloc, l’exèrcit que perdria bona part de les partides que actualment se li assignen i l'enorme pes que té avui en dia en l’agenda política colombiana. En tercer lloc, els grups paramilitars i les seves economies. En quart lloc, les elits econòmiques, que no estan disposades a renunciar als seus privilegis. Per exemple els grans terratinents no volen cedir a una pau que passaria irremediablement per una veritable reforma agrària (no oblidem el marc ruralista en el què es desenvolupa i en el qual sorgeix la lluita insurgent).
Les temptatives d’acords que s’han dut a terme últimament han estat sabotejades per l'uribisme més ranci que s’ha tancat en banda. Els intents d’arribar a un “acord humanitari”que permetria la llibertat de guerrillers empresonats de les FARC i d’elements que estan a les mans de la insugencia foren troncats amb l’assassinat de l'interlocutor Raül Reyes quan estava ubicat a la frontera equatoriana. Tot fa pensar que amb l'uribisme el poder no hi ha cap possibilitat d’entrar en un procés de pau, ja que ni tan sols està disposat a desmilitaritzar temporalment les zones de “Florida” y “Pradera” amb aquest fi.
Un dels reptes als què haurà de fer front la guerrilla per seguir creixent i propiciar un procés serà possiblement la dificultat de trobar nous participants en el projecte per la dinàmica d'urbanització que ha sofert la societat colombiana (actualment la població rural gira tan sols al voltant d'un 20-30%), que la forcarà si més no a haver de guanyar-se novament espais en les ciutats del país (i per tan a deixar algunes de les pràctiques que actualment està realitzant per tal de guanyar legitimitat). O també veure quines son les mesures que pren per aturar la despolitització en les seves files que han portat entre altres coses a alguns dels seus membres a la traïció.
Però no només la insurgencia te elements en contra. El govern d'Álvaro Uribe està en una crisi constant propiciada per la seva clara relació amb la para-política que fa que vagi a contra-rellotge. La subordinació de la política uribista a la política de la Casa Blanca és un dels altres factors que en un cert moment pot jugar en contra seva. S’ha d’estar atents a què passarà amb les ajudes nord-americanes al país andí amb la possible entrada al govern dels Demòcrates de Obhama en les futures eleccions. No és que creiem (ni molt menys) en la seva bondat (de fet, ells són els que van enviar les primeres partides del Plan Colombia), però és ben cert que molts dels seus votants exerceixen pressió per què no hi hagi noves ajudes cap al país andí. Aquestes pressions però han de fer front als interessos que consideren a Colòmbia com l'Israel de llatinoamèrica (escenificats amb el pràcticament segur trasllat de la base militar de Malta ubicada a l'Equador), cosa que no és gens fàcil.
La ruptura de les grans partides del Plan Colombia condemnaria possiblement a l’estat Colombià a entrar en un tan anel·lat procés de pau.
Les organitzacions i moviments socials del país estan jugant un paper pioner per donar un pas més en la possible solució del conflicte. Elles són la clau i per tan han de ser àmpliament escoltades. El missatge que hem d’enviar des d'Europa és que no poden caure en la lluita per una democràcia com la nostra, per què tots els esforços realitzats haurien estat en va. Per què suposaria una pau sense justícia social. I ja se sap... sense justícia, no hi ha pau.
Firma: Vallenato
El principal contacte que han tingut la majoria dels habitants de l’estat espanyol amb la cocaïna és a través del seu nas. Com és sabut per tothom els països europeus i els Estats Units són els principals consumidors de la cocaïna que es cultiva en països com Colòmbia. Així ho reflecteixen organismes com l’observatori Europeu de les Drogues i la Toxicomania en el seu informe anual de l’any 2007, on s’afirma entre altres coses que la cocaïna és la segona droga il·legal més consumida a Europa o que fins a 12 milions d’europeus l’han provat almenys una vegada (un 4% de la població europea).
Colòmbia és el principal país productor i exportador de coca del món . A hores d’ara aquesta substància s’ha convertit en un dels puntals de l’economia del país sent la seva major font d’ingressos darrera la indústria del petroli i la mineria. Per entendre la seva entrada en el negoci de les drogues il·lícites ens hem de remuntar a finals dels anys 60. L’augment en els països econòmicament més desenvolupats del consum de marihuana, propiciat en part pel boom de la contracultura beat y hippie, implicà que alguns elements del país andí veiessin la possibilitat de realitzar negocis amb aquesta substància. El cultiu es mantingué fins que la multiplicació de països productors de la mata i l’aparició en els propis països consumidors de cultius de marihuana obligaren a substituir aquesta planta verda pel denominat or blanc.
Les primeres plantacions comercials destinades a la producció de coca a Colòmbia aparegueren a principis dels anys 80 i vingueren acompanyades del cultiu d’amapola. A diferència d’altres estats com el Bolivià no havia estat mai un producte autòcton del país. Tan sols algunes comunitats indígenes residuals la cultivaven per fer front a la gana, a la sed o al cansament o com part implícita de les seves pràctiques ancestrals. La davallada dels preus dels monocultius “tradicionals” com el cacau o el cafè; l’agudització de l’obertura econòmica propiciada pel Banc Mundial durant els mandats de Virgilio Barco y César Gaviria que comportaren una greu crisi en els sectors rurals; l’existència de distintes reds de narcotràfic ja organitzades; l’augment de demanda d’aquesta substància a Europa i Estats Units arrel de la des-elitització de la droga a través del crack; o l’existència d’àmplies zones sense cap tipus de presència estatal són alguns dels motius que ens poden ajudar a entendre la seva ràpida expansió.
Moltes famílies de camperols desplaçades de la violència que habitaven les zones rurals començaren a descombrar la selva per donar pas a aquest cultiu. La inexistència de bones vies de comunicació a la zona i la subjecció de l’economia nacional a l’economia global impossibilitaren la sortida a un preu raonable dels productes autòctons de mercat intern com la iuca, l’arròs, el plàtan o el cacau i condemnaren a la gran majoria dels habitants a entrar en aquesta economia il·legal. Un cultiu del què no sols es beneficiaren les famílies camperoles sinó moltes altres famílies de Colòmbia amb pocs recursos que emigraren a treballar tot participant directament en alguna part del procés productiu o en les noves economies emergents que generà aquest comerç. I és que s’ha d’entendre que de la coca no només en viuen els petits propietaris dels terrenys on s’ha plantat. Es converteix en una veritable economia regional que beneficia (monetàriament) a transportistes, petits científics encarregats d’un primer processament, obrers raspadors contractats, dones encarregades del manteniment i neteja de les llars de les veredes, petits comerciants,... La participació de tots/es aquests/es treballadors/es humils en el “boom de la coca” no ha reportat però (ni molt menys) grans beneficis a aquest sector, sinó que simplement ha permès la seva subsistència. Es tracta del sector de població que sempre s’ha mantingut a la base de la piràmide dels beneficiaris del cultiu, que rep una retribució unes 250 vegades inferior al producte de la seva venda i 40 vegades inferior a la què perceben els intermediaris exportadors. Però de la coca també se’n beneficien altres sectors. Uns segons beneficiaris que integrarien el sector mig de la piràmide són aquests intermediaris que refinen y exporten el producte, que configuren una part més reduïda de població i que vindrien a conformar els càrtels nacionals. I per últim, a l’eslavó més alt de la figura geomètrica trobem els grans traficants distribuïdors, assentats als EUA o Europa, que es lucren amb el percentatge més elevat del producte. Entre el 96% i el 98% dels guanys totals s’integren a la economia dels EUA o Europa, i entre un 2% i un 4% ingressa clandestinament a l’economia colombiana. Alguns estudiosos situen en un 80% les utilitats del narcotràfic que ingressen directament a la Banca estadounidenc.
INSURGÈNCIA I “NARCOTRÀFIC”
Són absurdes les argumentacions que diuen que si no hi hagués guerrilla, no existiria el narcotràfic. Les guerrilles aparegueren abans que es desenvolupés aquesta economia a Colòmbia i d’igual manera, si el negoci s’acabés les guerrilles existents continuarien insurrectes. No en totes les regions on hi ha la insurgencia hi ha cultius de coca i aquesta no ha tingut mai com a política forçar al camperolat a cultivar aquesta planta
Per comprendre l’entrada de les guerrilles que es mantenen operatives avui en dia a l’estat andí en el negoci de les drogues s’ha d’analitzar la situació política del moment, de mitjans/finals dels anys 80. L’efervescència que vivien no només els grups insurgents, sinó els moviments socials en general crearen un període que molts han definit de pre-revolucionari. El suport social que tingué el llançament del moviment polític de la Unión Patriótica com a resultat dels “acords de la Uribe” entre el govern i les FARC, pot resultar representatiu. Estem parlant de la única època en la què ha existit una certa unitat entre la denominada esquerra revolucionària, plasmada en els moviments armats de la època (ELN, M-19, EPL, Mir-Patria-Libre, PRT, FARC, Quintín Lame) a través de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. L’enorme creixement quantitatiu experimentat per les guerrilles les forçaren a qüestionar-se un possible salt qualitatiu a nivell militar que hauria d’implicar major formació per als comandaments i per a les bases, la preparació per a poder desenvolupar una guerra regular complementària amb la ja habitual guerra de guerrilles i amb la adquisició d'armament. Per fer front a les possibles despeses que tot això implicava es necessitava com és lògic una ingent quantitat de recursos econòmics que no es podien sufragar amb les meres extorsions, expropiacions i segrestos. Molts d’aquests grups armats, els més debilitats (M-19, Mir Patria-Libre, PRT, Quintín Lame, ELN Corriente de Renovación Socialista i una part del EPL), es veieren incapaços de donar aquest salt polític-militar en un context en el què es preveia la caiguda de la URSS i del Sandinisme Nicaragüenc, i la major reclusió del règim cubà, principals sostenidors indirectes dels grups a l’exterior. Finalment optaren per engegar unes negociacions amb el govern que implicaren la desmobilització d’aquests actors i donaren com a principal resultat la “Nueva Constitución de Colombia” del 1991. Per contra, les FARC optà per entrar en el negoci de la coca com a única sortida viable per poder seguir creixent. S’ha d’entendre la lògica que empeny a aquest grup armat a entrar en el negoci, per què en la guerra (a l’igual que en el capitalisme) o es creix, o es perd. Per la seva banda , la fracció de l’ELN que es mantingué alçada en armes, tot i negar-se en un inici rotundament a l’existència de la planta a les zones sota el seu control (arribant a executar alguns camperols que se saltaren les normes) acabà claudicant a les demandes de les comunitats, mantenint això si, unes certes mesures regulatives que en limitaven l’extensió d’hectàrees cultivables. Des de llavors les guerrilles s’han beneficiat certament de la coca, mantenint un impost aproximat d’un 15% (similar a l’IVA espanyol) sobre el preu total estipulat amb els intermediaris. La participació de les FARC i l'ELN en el negoci (i sense voler justificar-les) s’ha d’entendre també des d’una clau de manteniment de l’ordre i dels preus a pactar amb les instàncies mitjanes de la piràmide. El control sobre el cultiu es desenvolupa igual com es desenvolupa en moltes de les altres activitats econòmiques, polítiques, socials i jurídiques. Abans de la intromissió de la insurgència, molts camperols queien assassinats en mans dels narcotraficants i la retribució que percebien pel seu treball era inferior a l’actual.
“PLAN COLÒMBIA”:
L’any 1999 es llançà el conegut “Plan Colombia” de la mà del president Andrés Pastrana amb l’objectiu de buscar el suport internacional en la suposada lluita contra les drogues principalment a través de l’enfortiment de la força pública.. Per tal de justificar aquest pla s’argumentà des del govern que per fer front al caire global del narcotràfic, es feia totalment necessària una resposta igualment global des dels diferents estats que d’una o altra manera resultaven implicats en el seu comerç. Actualment s’ha convertit en un dels puntals bàsics de la reconeguda “Política de Seguridad Democràtica” d’Álvaro Uribe.
El “Plan Colòmbia” inicial fou reelaborat meticulosament pel govern dels EUA per aguditzar la seva política intervencionista en aquest país, subordinant l’estat Colombià i les mateixes Forces Armades de Colòmbia al Comandament Sud de l’imperi nord-americà. L’excusa de la guerra contra les drogues ha permès a aquest país participar directament en el conflicte colombià, col·laborant estretament en la lluita anti-subversiva i reforçant la protecció de les distintes multinacionals assetjades per les extorsions i els atacs intermitents de les guerrilles; també li ha servit per derivar fons públics a la seva indústria de guerra. La compra de diversos helicòpters Black Howk i Super Huey o l’equipament de les brigades anti-narcòtics “made in” Plan Colombia amb el reconegut fusil m-16 yankee en són una bona mostra.
Resulta obvi que la estratègia desenvolupada per la Casa Blanca està basada pràcticament en la repressió al sectors més desfavorits que es senten obligats a cultivar la planta i la militarització. Dels 860,3 milions de dòlars aprovats per Colòmbia en la definició del pla el 75% s’ha destinat a l’enfortiment militar de la guerra. Ha suposat un increment de les Forces Armades colombianes en un 34%, ha propiciat la creació de tres batallons Anti-narcòtics al sud del país, de diferents bases militars; ha dotat a la força pública dels equips i de la infraestructura necessària per permetre la seva mobilitat total en el territori; ha permès la posada en marxa de la operació militar més ambiciosa de la història colombiana (“el Plan Patriota”) amb el desplegament de 18.000 efectius especialitzats al sud del país; i ha permès l’enviament de 400 militars nord-americans encarregats d’altes tasques d’entrenament, vigilància i assessoria.
La presència de les denominades Companyies Militars Privades (CMP) a Colòmbia també s’ha aguditzat amb l’entrada del Pla. Recordar que aquestes aparegueren després de la pèrdua de la guerra del Vietnam per part dels EUA. Són les encarregades de dur a terme aquelles operacions que poden ser mal vistes per l’opinió pública; serveixen per reduir el nombre de víctimes de l’exèrcit, tot presentant a les baixes de les CMP com a mers civils; i aporten grans beneficis a fons privats. Fins a 400 mercenaris yankis pertanyents a aquestes empreses poden operar directament en el país, en tasques tan diverses com la construcció de bases militars, l’aprovisionament de tropes, l‘assenyalament i la recerca d’objectius, seguretat privada, recerca d’informació, fumigacions... Computer Sciences Corp (que absorví a Dyncorp), MPRI, Defense Systems, Ariscan Inc., ... són algunes d’aquestes CMP que “treballen” en el país. Moltes d’elles ja han estat denunciades per narcotràfic, sobrelimitació en les seves funcions, vulneració reiterada dels drets humans, promoció del paramilitarisme,...
Però la lògica del Plan Colombia no és merament militarista. El seu caire imperialista es veu amb les ajudes al desenvolupament de la regió. Unes ajudes que es realitzen amb la implementació de nous mono-cultius trangènics necessaris per a la maquinària del primer món, com poden ser el de Palma Africana per a agro-combustibles.
Dir que el “Plan Colòmbia” ha estat un fracàs per què no ha aconseguit reduir considerablement el nombre de plantacions de coca; o per què ni tan sols ha permès augmentar el preu de venta d’aquesta substància als països econòmicament desenvolupats és absurd. És absurd per què és no comprendre l’essència mateixa d’aquest pla, que tal i com hem vist no pretén posar fi al narcotràfic.
Si realment aquest fos l’objectiu, es tindrien en compte estudis com l’elaborat per Rand Corporation que demostren que invertir en la prevenció i el tractament als consumidors és 23 vegades més eficaç que invertir en la eradicació de cultius en altres països; es posaria fi el secretisme implícit de les comptes de les grans banques, màximes beneficiaries de la “neteja” de diner. O s’optaria obertament per una política abolicionista.
L’entrada en vigor l’any 2002 de la Iniciativa Regional Andina (IRA) per contrarestar suposadament els efectes negatius del “Plan Colòmbia” sobre els països veïns, principalment el trasllat de cultius, processament i/o rutes de tràfic a Equador, Perú, Bolívia, Brasil o Veneçuela, representa l’excusa perfecte per exercir un control major sobre tots aquests països.
PARAMILITARISME I NARCOTRÀFIC
El suplement secret desenvolupat durant la visita l’any 1962 per un equip d’alt nivell del Centre Especial de Guerra dels Estats Units no té desperdici: “Debe crearse ahora mismo un equipo en el país acordado, para seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de represión, por si se necesitaran después. Esto debe hacerse con miras a desarrollar una estructura cívico militar que se explote en la eventualidad de que el sistema de seguridad interna de Colombia se deteriore más. Esta estructura se usará para presionar los cambios que sabemos que se van a necesitar para poner en acción funciones de contra-agentes y contra-propaganda y, en la medida en que sea necesario, impulsar sabotajes y/o actividades terroristas paramilitares contra los conocidos partidarios del comunismo. Los EUA deben apoyar esto”.
Ja aleshores es preveia el sorgiment de moviments insurgents revolucionaris. La radicalització abans de disminuir la seva presència o desaparèixer d’algunes de les experiènces guerrilleres que s’originaren amb l’assassinat del líder populista Jorge Eliécer Gaitán i que es desmarcaren del partidisme liberal per convertir-se al comunisme, feien preveure als analistes estadounidencs l’aparició de nous moviments armats. I així fóu, doncs les FARC sorgiren l’any 1964 en forma d’Autodefenses Camperoles, i l’ELN i l’EPL formalitzaren la seva aparició el 1965 amb la presa de Simacota y el 1967 amb “el jurament a la bandera” respectivament.
L’eclosió social que acompanyava a aquests moviments armats “obligà” al sistema bipartidista colombià a potenciar, sistematitzar i legalitzar tota una estratègia de guerra basada en el paramilitarisme que fins al moment havia aparegut de forma intermitent. La llei 48 de 1968 establí que tots els civils podien ser utilitzats per part de les forces armades per realitzar treballs de defensa i restabliment de l’ordre públic, permetent-los-hi l’utilització d’armes considerades d’ús privatiu de les Forces Armades.
A la dècada dels 80, amb l’aliança entre els grups d’autodefensa camperola paramilitars assessorats per les forces armades i la CIA i les organitzacions privades armades del narcotràfic, es produeix un salt en la política contrainsurgent. Uns utilitzant les informacions privilegiades, els contactes armamentístics i creant estructures d'autodefensa amb el reclutament de persones amb pocs recursos i camperolat; i els altres finançant l’empresa amb les grans quantitats de diners de la què disposàven. Des de llavors fins a l’actualitat, aquestes dues estructures de poder s’han anat difonent i interrelacionant de manera continuada fent difícil l’establiment d’una línia divisòria que les diferenciï.
Cal concebre aquesta aliança com a una estratègia per salvaguardar interessos comuns.
Tan el paramilitarisme (alimentat per les elits econòmiques i polítiques colombianes) com els narcotraficants eren colpejats sovint per accions i extorsions de la insurgència; compartien a més a més l’interès per unes terres que sovint estaven sota la influència contestatària que els hi permetrien desenvolupar grans explotacions ramaderes o agrícoles als primers, i exercir un control sense condicions i potenciar el cultiu de drogues il·lícites als segons. No hem d’oblidar tampoc que la compra de terres segueix sent una de les millors formes de blanqueig de diners.
Dos dels acords que han sortit a la llum pública i que visualitzen aquestes relacions creades es remunten al 1981 i al 1987. El primer d’ells, aparegut en un comunicat advertia de la firma d’un acord entre 223 caps mafiosos per crear el Mas (Muerte a los Secuestradores), un exèrcit privat de 2230 homes. Per fer-lo possible cada un dels narcotraficants havia d’assignar dos milions de “pesos” i 10 dels seus millors homes. El segon, es consolida a la vereda “El Cincuenta” de Puerto Boyaca (Magdalena Medio) i donà pas a l’enviament per invitació del govern estadounidenc d’un coronel de l’exèrcit israelià, Yair Klein, que hauria de facilitar entrenament als homes de reconeguts narco-paramilitars com Rodríguez Gacha, Pablo Escobar, Fabio Ochoa o Víctor Carranza. Posteriorment altres membres de forces armades australianes, angleses i sud-africanes foren enviades amb aquest mateix objectiu.
Els excessos produïts per aquests grups narco-paramilitars dintre la dinàmica del terror que pretenien crear com a estratègia d’eliminació de les organitzacions socials i polítiques de l’esquerra contestatària afectaren també a altres sectors de població. Les pràctiques de “neteja social” que es dugueren a terme contra treballadores sexuals, homosexuals, lladres, consumidors de drogues,... foren desenvolupades pels escuadrons de la mort en distintes ciutats del país (“Cali Limpia”, “Amor por Medellín”, “Por la fe, el Reato y la Moral”, “Prolimpieza del Valle del Magdalena”,...). Són les què han fet que molta gent situí aquests grups a l’extrema dreta de l’espectre polític, tot i demostrar en la majoria dels seus comunicats una clara despolitització més enllà del seu reconegut anti-comunisme (i a tot allò que pinti a transformació social) i dels insults constants.
Fins i tot alguns sectors pròxims a les èlits econòmiques passaren a estar en el punt de mira del paramilitarisme. La paradoxa del moment era que alguns elements del govern i l’oposició estaven potenciant directament a aquests grups i en canvi, altres sectors del poder resultaren afectats per les seves pràctiques. L’anàlisi que es pot fer d’aquest fenomen es que en certa manera la necessitat acumulativa d’uns i altres inherent al capitalisme i la disputa de certes zones de control implicava en moltes ocasions interessos enfrontats. La recerca d’una legitimitat democràtica a través d’una certa contundència contra la delinqüència organitzada que massacrava a la població també es un altre factor a tenir en compte. Es feia totalment imprescindible per la democràcia si tenim clar que davant la greu crisi econòmica, humanitària i social molta gent fàcilment es podia sentir atreta pels moviments revolucionaris emergents. D’aquesta manera alguns membres dels partits tradicionals, personalitats democràtiques, periodístiques o policials passaren a estar en el punt de mira del narcoparamilitarisme. Situació que es maximitzà quan es crearen els primers acords amb els EUA d’extradició de narcotraficants, com a mesures indispensables per rebre les primeres ajudes econòmiques que conduïren indefectiblement a la liberalització de l’economia colombiana.
Però tornem a l’essència del paramilitarisme. Generalment es realitza una interpretació simplista d’aquest fenomen vislumbrant tan sols la punta de l'iceberg i les seves mostres mes espectaculars: les massacres realitzades arreu del país andí. El paramilitarisme com a fenomen social aconseguí la seva implementació territorial en moltes zones de Colombia sobretot a partir de mitjans dels 90. El paramilitarisme utilitza en primer lloc aquestes massacres o els assassinats selectius per aconseguir el desplaçament i el sotmetiment de les regions on s’estén. S’apodera de les economies il·legals allà on ja existien o les imposa si encara no havien tingut presència (no tan sols el narcotràfic, sinó altres pràctiques com el negoci de treball sexual). Mica en mica es va apoderant de totes i cada una de les activitats econòmiques de les regions: dels comerços, els transports i els serveis. I com no, de les administracions públiques forcant a molta gent a votar pels seus candidats. Es converteix irremediablement en un poder paraestatal amb una certa autonomia, però que sens dubte facilita les coses a les elits econòmiques. La transformació cultural que ha implicat la fusió del narcotràfic amb el sicariat para-estatal dintre les àrees rurals i perifèriques per on s’ha extès és una de les conseqüències ocultes que sens dubte molta gent no s’ha parat a analitzar. Una cultura de diner fàcil, totalment despolititzada, que idolatra al mercenari com a model masculí a seguir i a la dona sotmesa i “fàcil” com a model femení; una cultura d’apostes, de joc, de prostitució, de drogues, de violència... dins d’un suposat marc de seguretat que re-troalimenta el fenòmen paramilitar aportant no solsament nous adeptes a les seves files sinó també finançament a la seva empresa. Un finançament que s’utilitza en ocasions per realitzar obres socials que legitimen novament el seu poder.
“LLEI DE JUSTICIA I PAU...”
Els acords de “Justícia y Paz” establerts per la llei 975 de 2005 impulsada pel govern d’Álvaro Uribe, és el marc jurídic que teòricament ha permès la desmobilització del paramilitarisme a Colòmbia.
Els moviments socials colombians han alçat la seva veu per dir que aquesta llei l’únic que ha permès ha estat legalitzar aquesta pràctica. És incontestable que hi ha hagut una disminució física de la presència de grups paramilitars armats en el terreny o que fins i tot hi ha hagut una disminució de les massacres realitzades.
Però s’ha d’entendre aquesta realitat no com una victòria de la democràcia parlamentària sinó com un canvi d’estratègia del sistema de domini que impulsen les elits colombianes amb l’ajuda de l’imperi. La fi de les pràctiques més ostentoses realitzades per aquests grups és deu al fet que ja han aconseguit la majoria d’objectius pels quals foren creats.
L’aplicació de polítiques de terra arrasada a les zones rurals, seguint la doctrina de treure l’aigua al peix (és a dir, implicar les organitzacions socials i les comunitats camperoles en la guerra convertint-les amb objectiu militar per ser suposats sostenidors de la insurgencia) ha demostrat la seva eficàcia en l’aïllament de les guerrilles; ha imposat un imaginari col·lectiu de terror que ha fet disminuir considerablement la politització de la població; ha impedit o dificultat la pràctica del sindicalisme o les activitats de defensa dels drets humans, propiciant unes condicions més òptimes per a l’explotació; ha protegit aquelles empreses i terrenys que anteriorment havien estat amenaçades i extorsionades pels grups insurgents i facilitat l’entrada de les multinacionals en moltes àrees rurals amb ingents interessos; les pràctiques sense remordiments han desplaçat els grups armats dels nuclis urbans condemnant-los a una reclusió estratègica i a un aïllament més gran que dificulta la seva tasca política i militar; ha propiciat una clima de violència que obligà a les guerrilles a contestar amb una contundència major, tot recorrent a mitjans que abans no havien hagut d’utilitzar i per tan a facilitar la seva criminalització per part del poder,....
La pressió nacional i internacional, la desviació d’alguns grups paramilitars que es deslligaren dels seus suports econòmics i començaren a operar amb autonomia d’interessos, les ajudes en militarització derivades del Plan Colòmbia que han possibilitat un major control intern; o la intenció de donar legitimitat amb resultats concrets a la política de Seguretat Democràtica d’Álvaro Uribe (amb múltiples lligams amb la para-política) són algunes de les raons que poden ajudar a entendre els interessos de l’establiment en posar fi a les pràctiques més visibles del paramilitarisme.
Les argumentacions que s’utilitzen per defensar que la llei de Justícia i Pau ha legalitzat el paramilitarisme són múltiples i incontestables: per què no s’ha posat fi ni als negocis, ni a les economies que ha generat aquest fenomen; no hi ha hagut una política de reparació integral cap a les víctimes; no hi ha hagut un veritable estudi ni judicialització dels actors para-econòmics i para-polítics que l’han impulsat; l’opinió pública no ha tingut accés a la veritat; es mantenen uns graus d’impunitat elevadíssims, que giren al voltant del 95%; amb l’excusa de la reinserció s’han derivat molts elements implicats en greus vulneracions dels drets humans de l’empresa paramilitar cap a l’exèrcit; les penes màximes que s’han aplicat (i tot i no creure en la institució carcerària) als caps visibles han estat de 8 anys de presó, amb beneficis penitenciaris com visites permanents de familiars, condicions confortables en mòduls especials, accés constant a treballadores sexuals,... tot fa pensar que aquesta llei l’únic que pretén és fer taula rasa, esborrar de la memòria el genocidi establert, condemnant indefectiblement a què el paramilitarisme torni a aparèixer tard o d’hora.
Actualment ja no fan falta les grans massacres per aconseguir el desplaçament de la població agrícola o la inutilització de les lluites socials, per què tothom té en el seu imaginari col·lectiu el passat recent de l’extermini. S’opta per la judicialització a gran escala o “l’assassinat en compta-gotes”, a voltes selectiu, realitzat majoritàriament per la força pública a través dels denominats falsos positius. Es vesteixen a civils de guerrillers i es simulen falsos combats. S’aconsegueix així per un cantó justificar davant els acreedors i les masses l’èxit de les ajudes que està rebent l’institució militar, que veu molt més complicat posar fi a la vida dels guerrillers acostumats a la reclusió de la selva que a civils camperols desarmats; i per l’altre mantenir l’estat de terror a les comunitats. Les “primes” o els beneficis (vacacionals, professionals) que s’ofereix a cada membre de l’exèrcit que mata a un suposat insurgent, són l’element fonamental que empeny a tants militars a fer el què estan fent.
L’entrada en escena dels anomenats “nous” grups paramilitars sota la denominació de les “Àguiles Negres” representa un paraigües per poder seguir amb el terrorisme d’estat mantenint els amplis graus d’impunitat. Moltes organitzacions camperoles han advertit que les amenaces que es realitzen utilitzant aquest nom han estat desenvolupades pel mateix exèrcit., el principal estament contrari a la “desmobilització” per què la lògica sicarial els hi facilitava àmpliament les coses. Distintes persones d’organitzacions i moviments socials han caigut ja sota les bales de les “Àguiles Negres” o han aparegut en les llistes negres d’aquest grup. El paramilitarisme a Colòmbia, segueix més que vigent.
... O SENSE JUSTÍCIA NO HI HA PAU
Tot anàlisi polític que tracti de la situació colombiana ha de tractar, com no, el possible camí cap a la resolució al conflicte armat intestí, que dura ja més de 50 anys.. La “Política de Seguridad Democrática d’Álvaro Uribe” y la seva màxima expressió vislumbrada en l’ofensiva del “Plan Patriota” han demostrat la impossibilitat de vèncer a la insurgència a través de les armes. Les guerrilles tampoc tenen la possibilitat ara per ara d’enderrocar l’estat mitjançant la lluita armada. La clau queda per tan, en intentar debilitar al màxim a l’oponent forçant-lo a entrar en un procés de pau en el que hagi de fer amplies concessions.
En cap cas les guerrilles no s’acontentarien amb meres reformes constitucionals com succeí el 1991, sinó que aposten per la celebració d’una nova Assemblea Constituent i per una pau amb justícia social.
El procés de pau del Caguán de l’any 1998 entre el govern Pastrana i les FARC-EP fou conseqüència de la enorme quantitat de victòries propiciades per aquesta ultima a l’exèrcit colombià. La voluntat de no renunciar a certs privilegis conduïren a l’estat a seguir de sotamà amb la política militarista amb l’entrada al Plan Colombia. Les Farc també aprofitaren per reforçar-se amb l’adquisició de nou armament i la possibilitat de restablir certs lligams amb la societat civil colombiana.
S’ha d’entendre que hi ha molts sectors de la població que sabotegen (a l’igual de a l'estat espanyol) tot intent de procés de pau. Sectors que no apunten precisament a la insurgencia. Primerament les grans indústries militars, que veurien reduïts els seus beneficis. En segon lloc, l’exèrcit que perdria bona part de les partides que actualment se li assignen i l'enorme pes que té avui en dia en l’agenda política colombiana. En tercer lloc, els grups paramilitars i les seves economies. En quart lloc, les elits econòmiques, que no estan disposades a renunciar als seus privilegis. Per exemple els grans terratinents no volen cedir a una pau que passaria irremediablement per una veritable reforma agrària (no oblidem el marc ruralista en el què es desenvolupa i en el qual sorgeix la lluita insurgent).
Les temptatives d’acords que s’han dut a terme últimament han estat sabotejades per l'uribisme més ranci que s’ha tancat en banda. Els intents d’arribar a un “acord humanitari”que permetria la llibertat de guerrillers empresonats de les FARC i d’elements que estan a les mans de la insugencia foren troncats amb l’assassinat de l'interlocutor Raül Reyes quan estava ubicat a la frontera equatoriana. Tot fa pensar que amb l'uribisme el poder no hi ha cap possibilitat d’entrar en un procés de pau, ja que ni tan sols està disposat a desmilitaritzar temporalment les zones de “Florida” y “Pradera” amb aquest fi.
Un dels reptes als què haurà de fer front la guerrilla per seguir creixent i propiciar un procés serà possiblement la dificultat de trobar nous participants en el projecte per la dinàmica d'urbanització que ha sofert la societat colombiana (actualment la població rural gira tan sols al voltant d'un 20-30%), que la forcarà si més no a haver de guanyar-se novament espais en les ciutats del país (i per tan a deixar algunes de les pràctiques que actualment està realitzant per tal de guanyar legitimitat). O també veure quines son les mesures que pren per aturar la despolitització en les seves files que han portat entre altres coses a alguns dels seus membres a la traïció.
Però no només la insurgencia te elements en contra. El govern d'Álvaro Uribe està en una crisi constant propiciada per la seva clara relació amb la para-política que fa que vagi a contra-rellotge. La subordinació de la política uribista a la política de la Casa Blanca és un dels altres factors que en un cert moment pot jugar en contra seva. S’ha d’estar atents a què passarà amb les ajudes nord-americanes al país andí amb la possible entrada al govern dels Demòcrates de Obhama en les futures eleccions. No és que creiem (ni molt menys) en la seva bondat (de fet, ells són els que van enviar les primeres partides del Plan Colombia), però és ben cert que molts dels seus votants exerceixen pressió per què no hi hagi noves ajudes cap al país andí. Aquestes pressions però han de fer front als interessos que consideren a Colòmbia com l'Israel de llatinoamèrica (escenificats amb el pràcticament segur trasllat de la base militar de Malta ubicada a l'Equador), cosa que no és gens fàcil.
La ruptura de les grans partides del Plan Colombia condemnaria possiblement a l’estat Colombià a entrar en un tan anel·lat procés de pau.
Les organitzacions i moviments socials del país estan jugant un paper pioner per donar un pas més en la possible solució del conflicte. Elles són la clau i per tan han de ser àmpliament escoltades. El missatge que hem d’enviar des d'Europa és que no poden caure en la lluita per una democràcia com la nostra, per què tots els esforços realitzats haurien estat en va. Per què suposaria una pau sense justícia social. I ja se sap... sense justícia, no hi ha pau.
Firma: Vallenato
martes, 17 de junio de 2008
Pronunciamiento del CAI sobre el "conflicto del campo"
Bariloche, 16 de junio de 2008.
Comunicado para la prensa
EL TERRITORIO QUE FUE ESPACIO DE LA VIDA DE NUESTRO PUEBLO
ES EL ESCENARIO ACTUAL DE LA RAPIÑA “DEL CAMPO”
Desde hace más de tres meses venimos asistiendo como meros espectadores a una confrontación entre el gobierno nacional y sectores del capital agropecuario que debería incluirnos en primer término, ya que la pelea de fondo es por el acceso y el reparto de las multimillonarias ganancias que extraen del territorio ancestral indígena.
El Estado Nacional Argentino reconoció en la Constitución de 1994 la preexistencia de los pueblos originarios, siendo actualmente catorce los pueblos que sobrevivimos en porciones muy pequeñas de nuestro territorio ancestral pese al racismo y la negación sistemática, no sólo de nuestros derechos reales, sino de nuestra existencia misma.
Además, en el 2000 este mismo Estado formalizó su adhesión al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Finalmente, el año pasado, Argentina, como país signatario de Naciones Unidas firmó la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Estos reconocimientos suponen derechos efectivos, no sólo a la vida en sí, sino a la vida en nuestro territorio ancestral.
En el caso concreto del pueblo mapuche, en puel mapu (territorio del este de la cordillera), muchas de nuestras familias que hoy ocupan pequeñísimas fracciones de campo en las mesetas y estepa de Río Negro, Neuquén y Chubut fueron masacradas y hecho prisioneras por el Ejército nacional argentino (a partir de 1833 en diferentes campañas) de las tierras que hoy son el botín de la soja y de las extraordinarias rentas diferenciales del suelo de la pampa húmeda.
Apellidos tales como Catriel, Painé, Epugmer y Calfucurá –representantes de miles de familias que vivían en el territorio de lo que hoy es provincia de Buenos. Aires, sur de Córdoba y La Pampa-, por ejemplo, son prueba viva de nuestra vida en el territorio que siguen rapiñándose hoy por sobre nuestra sangre derramada.
Otros pueblos hermanos ofrecen otros ejemplos. La ampliación de la frontera de la soja hacia el norte es, en realidad, un nuevo avance hacia el territorio wichí, qom, guaraní, cien años después del sometimiento armado de las campañas de Roca y Victorica al Chaco.
Según cifras oficiales, el 10% de la producción nacional de azúcar -con su consiguiente aporte a la renta nacional por exportaciones-, la realiza la empresa Tabacal Agroindustrial de la transnacional Seebord Corp. en territorio ancestral guaraní que tanto dolor y muerte le produce a la comunidad La Loma.
No conocemos ningún economista de los tantos que han aportado a este debate público “nacional” que haya analizado –menos cuantificado- el aporte forzado y forzoso, inconsulto, ilegal e ilegítimo de los pueblos originarios a la llamada renta nacional en la Argentina del bicentenario.
Ni que hablar de los autodenominados representantes “del campo”, que no consideran tales a las extensiones de tierra árida y semiárida en las que tenemos nuestras ovejas y chivas -para el consumo doméstico generalmente-, las que además son para los organismos internacionales y expertos medioambientales la causa de la degradación y desertificación de los suelos.
Tampoco aceptamos que se nos incorpore a este debate como “campesinos”, categoría que niega nuestro autoreconocimiento político e identitario como indígenas, aunque esa categoría pueda servirle a muchos políticos y economistas para colocarnos en su mundo ideológico, que no puede imaginar la vida de los pueblos por fuera de los esquemas de la producción capitalista.
En nuestra cosmovisión somos uno con y en la naturaleza en wall mapu (territorio ancestral mapuche preexistente a la creación de los estados de Argentina y Chile), arrinconados en pequeñas porciones que debemos defender de los “inversores” y de los gobiernos encaramados en los negociados de tierras, que llaman fiscales aún con nosotros viviendo dentro.
La defensa de nuestro territorio ancestral la hacemos y seguiremos haciendo desde esa cosmovisión, en la que no es posible escindir la vida del pueblo de la de los recursos naturales; mucho menos el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y sus respectivas rentas que ofenden y mansillan al wall mapu.
Marici Weu Marici Weu
Por territorio y justicia
Consejo A. Indígena
Puel mapu
Comunicado para la prensa
EL TERRITORIO QUE FUE ESPACIO DE LA VIDA DE NUESTRO PUEBLO
ES EL ESCENARIO ACTUAL DE LA RAPIÑA “DEL CAMPO”
Desde hace más de tres meses venimos asistiendo como meros espectadores a una confrontación entre el gobierno nacional y sectores del capital agropecuario que debería incluirnos en primer término, ya que la pelea de fondo es por el acceso y el reparto de las multimillonarias ganancias que extraen del territorio ancestral indígena.
El Estado Nacional Argentino reconoció en la Constitución de 1994 la preexistencia de los pueblos originarios, siendo actualmente catorce los pueblos que sobrevivimos en porciones muy pequeñas de nuestro territorio ancestral pese al racismo y la negación sistemática, no sólo de nuestros derechos reales, sino de nuestra existencia misma.
Además, en el 2000 este mismo Estado formalizó su adhesión al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Finalmente, el año pasado, Argentina, como país signatario de Naciones Unidas firmó la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Estos reconocimientos suponen derechos efectivos, no sólo a la vida en sí, sino a la vida en nuestro territorio ancestral.
En el caso concreto del pueblo mapuche, en puel mapu (territorio del este de la cordillera), muchas de nuestras familias que hoy ocupan pequeñísimas fracciones de campo en las mesetas y estepa de Río Negro, Neuquén y Chubut fueron masacradas y hecho prisioneras por el Ejército nacional argentino (a partir de 1833 en diferentes campañas) de las tierras que hoy son el botín de la soja y de las extraordinarias rentas diferenciales del suelo de la pampa húmeda.
Apellidos tales como Catriel, Painé, Epugmer y Calfucurá –representantes de miles de familias que vivían en el territorio de lo que hoy es provincia de Buenos. Aires, sur de Córdoba y La Pampa-, por ejemplo, son prueba viva de nuestra vida en el territorio que siguen rapiñándose hoy por sobre nuestra sangre derramada.
Otros pueblos hermanos ofrecen otros ejemplos. La ampliación de la frontera de la soja hacia el norte es, en realidad, un nuevo avance hacia el territorio wichí, qom, guaraní, cien años después del sometimiento armado de las campañas de Roca y Victorica al Chaco.
Según cifras oficiales, el 10% de la producción nacional de azúcar -con su consiguiente aporte a la renta nacional por exportaciones-, la realiza la empresa Tabacal Agroindustrial de la transnacional Seebord Corp. en territorio ancestral guaraní que tanto dolor y muerte le produce a la comunidad La Loma.
No conocemos ningún economista de los tantos que han aportado a este debate público “nacional” que haya analizado –menos cuantificado- el aporte forzado y forzoso, inconsulto, ilegal e ilegítimo de los pueblos originarios a la llamada renta nacional en la Argentina del bicentenario.
Ni que hablar de los autodenominados representantes “del campo”, que no consideran tales a las extensiones de tierra árida y semiárida en las que tenemos nuestras ovejas y chivas -para el consumo doméstico generalmente-, las que además son para los organismos internacionales y expertos medioambientales la causa de la degradación y desertificación de los suelos.
Tampoco aceptamos que se nos incorpore a este debate como “campesinos”, categoría que niega nuestro autoreconocimiento político e identitario como indígenas, aunque esa categoría pueda servirle a muchos políticos y economistas para colocarnos en su mundo ideológico, que no puede imaginar la vida de los pueblos por fuera de los esquemas de la producción capitalista.
En nuestra cosmovisión somos uno con y en la naturaleza en wall mapu (territorio ancestral mapuche preexistente a la creación de los estados de Argentina y Chile), arrinconados en pequeñas porciones que debemos defender de los “inversores” y de los gobiernos encaramados en los negociados de tierras, que llaman fiscales aún con nosotros viviendo dentro.
La defensa de nuestro territorio ancestral la hacemos y seguiremos haciendo desde esa cosmovisión, en la que no es posible escindir la vida del pueblo de la de los recursos naturales; mucho menos el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y sus respectivas rentas que ofenden y mansillan al wall mapu.
Marici Weu Marici Weu
Por territorio y justicia
Consejo A. Indígena
Puel mapu
miércoles, 4 de junio de 2008
Grupos Armados Amenazan territorios indígenas NASO, Bocas del Toro, por Hidroeléctrica de la Empresa Colombiana, Empresa Públicas de Medellín
Oilwatch Panama
NOTICIA URGENTE 21/5/08
Desde varios años la EMPRESAS PUBLICAS DE MEDILLIN, empresa de origen colombiano, pretende desarrollar el proyecto Hidroeléctrico Bonyic. Proyecto, que el 21 de octubre del 2007, el pueblo Naso, en Asamblea General, en Resolución No. 7, reiteró su rechazo total y demandó del gobierno su derecho a la autodeterminación, ya que el Estado Panameño ha negado autonomía territorial a este pueblo en varias ocasiones.
El pueblo NASO se ha mantenido en lucha, realizando actividades para dar a conocer su posición a la sociedad con respecto al Proyecto Hidroeléctrico Bonyic y sus reclamos de autodeterminación. Pero éste domingo 18 de mayo, a las 10:30 de la noche, unas 50 personas con armas de fuego se apostaron cerca de los territorios NASO, y se han dedicado a realizar disparos al aire e intimidar a los miembros de las comunidades.
El 19 de mayo, unas cien personas foráneas se unieron a los agresores durante horas laborales, a manera de intimidación sobre las comunidades indígenas. Líderes comunitarios NASOS han denunciado que estos individuos llegaron con apoyo vehicular y económico de la Empresas Públicas de Medellín (EEPPM).
Ya las autoridades de la provincia han sido informadas de la situación, incluyendo la Gobernadora de Bocas del Toro, Esther Mena de Chiu, pero no han actuado para detener a estas bandas armadas, denunció un comunicado de la organización Alianza para la Conservación y el Desarrollo y la Alianza Naso. '..La Corregidora del Teribe sólo se presentó ayer con dos unidades de la policía y realizó allanamientos buscando armas en la comunidad. En ningún momento visitó, ni requisó, el sitio donde todavía se encuentran las personas que atacaron el domingo por la noche…', denuncian los lugareños.
Según notas de prensa internacional, Empresas Pública de Medellín, tiene antecedentes en su país de origen en casos de derechos humanos, denunciados por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), con desplazamiento de comunidades indígenas bajo amenaza paramilitar en zonas de construcción de megaproyectos*.
Este martes, la Alianza para la Conservación y el Desarrollo y la Alianza Naso interpusieron formal denuncia ante las instancias legales correspondientes, sin embargo a la fecha la situación aun continua igual.
http://www.onic.org.co/img_upload/3068e9df14b050d72c4fa19fabbab2d7/CASO_BAHIA_PORTETE_SEGUIMIENTO2007.doc
NOTICIA URGENTE 21/5/08
Desde varios años la EMPRESAS PUBLICAS DE MEDILLIN, empresa de origen colombiano, pretende desarrollar el proyecto Hidroeléctrico Bonyic. Proyecto, que el 21 de octubre del 2007, el pueblo Naso, en Asamblea General, en Resolución No. 7, reiteró su rechazo total y demandó del gobierno su derecho a la autodeterminación, ya que el Estado Panameño ha negado autonomía territorial a este pueblo en varias ocasiones.
El pueblo NASO se ha mantenido en lucha, realizando actividades para dar a conocer su posición a la sociedad con respecto al Proyecto Hidroeléctrico Bonyic y sus reclamos de autodeterminación. Pero éste domingo 18 de mayo, a las 10:30 de la noche, unas 50 personas con armas de fuego se apostaron cerca de los territorios NASO, y se han dedicado a realizar disparos al aire e intimidar a los miembros de las comunidades.
El 19 de mayo, unas cien personas foráneas se unieron a los agresores durante horas laborales, a manera de intimidación sobre las comunidades indígenas. Líderes comunitarios NASOS han denunciado que estos individuos llegaron con apoyo vehicular y económico de la Empresas Públicas de Medellín (EEPPM).
Ya las autoridades de la provincia han sido informadas de la situación, incluyendo la Gobernadora de Bocas del Toro, Esther Mena de Chiu, pero no han actuado para detener a estas bandas armadas, denunció un comunicado de la organización Alianza para la Conservación y el Desarrollo y la Alianza Naso. '..La Corregidora del Teribe sólo se presentó ayer con dos unidades de la policía y realizó allanamientos buscando armas en la comunidad. En ningún momento visitó, ni requisó, el sitio donde todavía se encuentran las personas que atacaron el domingo por la noche…', denuncian los lugareños.
Según notas de prensa internacional, Empresas Pública de Medellín, tiene antecedentes en su país de origen en casos de derechos humanos, denunciados por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), con desplazamiento de comunidades indígenas bajo amenaza paramilitar en zonas de construcción de megaproyectos*.
Este martes, la Alianza para la Conservación y el Desarrollo y la Alianza Naso interpusieron formal denuncia ante las instancias legales correspondientes, sin embargo a la fecha la situación aun continua igual.
http://www.onic.org.co/img_upload/3068e9df14b050d72c4fa19fabbab2d7/CASO_BAHIA_PORTETE_SEGUIMIENTO2007.doc
jueves, 17 de abril de 2008
Ñirihuau: nuevo destino petrolero en territorio mapuche
Marc Gavaldà y Hernán Scandizzo
10 de abril de 2008
El gobierno de Río Negro, Argentina, concesionó en febrero 7 áreas de exploración pertenecientes a las cuencas Neuquina, Colorado y Ñirihuau. De esta convocatoria, la cuarta desde el inicio del Plan Hidrocarburífero Provincial en 2006, surgen dos hechos de relevancia más allá del inicio de actividades petroleras en algunos bloques casi inexplorados: por un lado, el anuncio de la ejecución de un nuevo sistema de incentivos para recuperar las inversiones en áreas petroleras de alto riesgo.
“La intención de la Dirección General de Hidrocarburos en este caso, es que no paguen regalías hasta que las empresas anotadas en estas áreas no recuperen la inversión exploratoria.” (Río Negro, 27/11/07) La medida fue anunciada al no presentarse ofertas para Aguada de Córdoba, El Cuy y Meseta Baya, en la Cuenca Neuquina. El segundo hecho de relevancia es la exploración de la Cuenca Ñirihuau, y no particularmente por potencial hidrocarburífero sino porque pone a prueba el alcance de las legislaciones conservacionistas y significa el ingreso a otra porción de territorio mapuche con sobrados antecedentes de movilización.
La Cuenca Ñirihuau está en proximidades del Parque Nacional Nahuel Huapi y dentro de la recientemente creada Reserva de Biosfera Norpatagónica. Hay quienes consideran - como el concejal barilochense Alfredo Martín, del Frente para la Victoria - Frente Grande (FpV-FG) - que esta convocatoria es la antesala a la concesión de un área aún más sensible: Cañadón Asfalto. Ésta, la cuarta cuenca dentro de los límites provinciales, abarca el Área Protegida Meseta de Somoncura, un territorio de gran importancia por su biodiversidad y reservas subterráneas de agua dulce. En este punto cabe hacer un paréntesis y marcar que el bloque Meseta Baya está a poca distancia del Área Natural Protegida Valle Cretácico. A priori, se podría deducir que la escasa población de esa zona - sin muchos canales tanto para recibir información como para amplificar sus reclamos - y la diferencia de intereses en juego respecto al área comprometida por la Cuenca Ñirihuau han quitado relevancia al dato.
“La Cuenca del Ñirihuau tiene un río que desemboca en el lago Nahuel Huapi. El lago Nahuel Huapi que es el principal recurso turístico de nuestra ciudad, es el principal elemento económico de la misma. Bariloche tiene un ingreso bruto unos 1.500 millones de pesos anuales, de los cuales aproximadamente un 66-70% es el turismo, el comercio y los sueldos del Estado, pero principalmente el turismo”, destacó Martín [1]. “Al destruir el Nahuel Huapi, nuestra vida, pasaríamos de ser una población de 100 mil habitantes a una población fantasma. Bariloche está preparado para el turismo, el Nahuel Huapi es un lago espléndido y contaminarlo con petróleo sería un acto criminal y predatorio”, subrayó.
Retomando la línea Ñirihuau-Somoncura, el concejal alertó: “Si pueden llevar adelante la explotación al lado del Parque Nacional podrían avanzar para Somoncura una zona muy frágil. No habría ni siquiera que llegar a la explotación, abrir caminos con maquinaria sería desesperante. Ya con la prospección en la cuenca del Nirihuau y la meseta de Somoncura veríamos impactos irreparables” . En este sentido el suplemento Energía del diario Río Negro marcaba la relevancia del ingreso al área andina: “Los petroleros están acostumbrados a los desafíos y, aunque la conciencia medioambiental fue ganando terreno dentro de las empresas, debe haber pocas oportunidades para intentar poner en práctica las promesas de cuidado extremo de la naturaleza como en el caso de la cuenca del Ñirihuau” (Río Negro, 29/03/08). Salir airosos de ese desafío - o al menos parecerlo - derrumbaría fronteras en la marcha sobre otras cuencas.
El edil junto a su compañera de bloque Silvia Paz presentó el 19 febrero un recurso de amparo para frenar la licitación y adjudicación de la cuenca por no haberse realizado un Estudio de Impacto Ambiental previo a la convocatoria. La Cámara de Apelaciones Civil de Bariloche se declaró incompetente a fines de marzo y ahora el Superior Tribunal de Justicia de la provincia deberá expedirse.
Paraguas de papel, la tram(p)a verde
La cuenca tiene una superficie de 5.360 km², de norte a sur se extiende desde el lago Nahuel Huapi hasta Esquel, en Chubut; y desde la rionegrina Río Chico y la chubutense Gualjaina, en el límite oriental, hasta los 71º 30’ de longitud oeste. El área concesionada a la Unidad Transitoria de Empresas (UTE) YPF S.A.-Pluspetrol sólo comprende 842 km² del departamento Pilcaniyeu.
Las primeras exploraciones en la zona las realizó la Compañía Chileno-Argentina entre 1916 y 1922 con la perforación de cuatro pozos en el manadero ubicado en las nacientes del arroyo Las Minas - que desemboca en el Ñirihuau. La empresa estatal YPF perforó dos pozos a mediados de la década del ’30 - a los que se les adjudica el drenaje de crudo al arroyo por un mal cerrado -, luego fue La Celina (vinculada a la desaparecida Isaura) hasta mediados de la década del ‘40. Entre 1982 y 1984 también realizaron estudios Pluspetrol y Esso Argentina, esta última intentó con otros tres pozos. En 1997 la británica Emerald Energy se interesó en la cuenca, pero no pasó de eso, fue en esa ocasión que se excluyó del pliego de licitación un sector del Parque Nacional.
El área concesionada está dentro de la Reserva de la Biosfera Norpatagónica creada el año pasado por acuerdo de UNESCO, Nación y las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. ¿Cuál es el alcance del ‘paraguas conservacionista’ ?“ Son áreas que acomodan distintos grados de actividad humana pero no una protección estricta, por eso puede haber una localidad como El Bolsón, que está dentro del área de transición pero no es Parque Nacional”, explicó Claudio Chehebar [2], director de la Delegación Regional Patagonia de Parques Nacionales. “Recién se aprobó, por lo que todavía no incluye nuevas normas específicas sobre cada una de las áreas, sólo en las áreas núcleo está pautado: son zonas con muy poca actividad humana, de bajo impacto. De las áreas de transición o las áreas de amortiguación no dice explícitamente si puede haber actividad petrolera o no, en las áreas núcleo: no.”
Según el funcionario: “La Reserva de Biosfera es un área consensuada pero no tiene un marco normativo de aplicación obligatoria como son las normas del Parque Nacional Nahuel Huapi, que tienen un marco normativo que regula todo. La Reserva de Biosfera tiene un marco multijurisdiccional basado en el consenso de manejo, pero no tiene la fuerza legal para el derecho argentino como los Parques Nacionales”.
Más que interesantes resultan las declaraciones del intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Juan Salguero, al diario Río Negro (28/02/08); destacó que de llegarse a la explotación de la cuenca “no sería el único caso de un parque nacional que convive con la extracción de hidrocarburos” . Para apoyar sus dichos indicó que en el PN Calilegua, en Salta, "existía un pozo dentro del parque, previo a su creación" y que el PN San Guillermo, en San Juan, linda actualmente con un campo petrolero. También resaltó que el Consejo de Ecología y Medio Ambiente (Codema) le confirmó que el área licitada "no toca el parque" y que "los trabajos deberán regirse por las normas ISO 14.001". Cabe destacar que la certificación ISO 14001 son sellos que las mismas empresas se otorgan en base al cumplimiento de estándares internacionales de manejo ambiental. En los hechos es un instrumento de difusión de supuestas prácticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) destinadas a ganarse la confianza del consumidor, ya que existe una débil verificación del cumplimiento porque son las mismas empresas las que redactan sus informes ambientales.
Ejemplos de emprendimientos nocivos que lucen la calificación ISO 14001 no faltan en el país y no hay que ir más allá de la misma YPF S.A.: la refinería de Luján de Cuyo - Mendoza - ha sido denunciada por contaminación de suelos y manejo irregular de residuos. (3)
La Subsecretaria de Hidrocarburos, Tamara Pérez Balda, encolumnada en el argumento ISO relativizó “que pudiera afectarse el paisaje en la zona andina en virtud de que los oferentes estarán obligados a efectuar estrictas tareas de remediación, como también tapar cinco pozos productores que existen actualmente en el lugar. La funcionaria agregó que desde 1910 se hacen exploraciones en esa zona, desestimando algunas críticas surgidas” (Río Negro, 20/02/08).
Martín también salió al cruce enfatizando que el Codema no tiene ninguna capacidad de control porque cuenta con un presupuesto mínimo. “La (sub)Secretaria de Hidrocarburos, la señora Tamara Pérez Balda, me decía que en la Cuenca del Ñirihuau la empresa debía cumplir las normas ISO 14001, que son las últimas normas [seguridad ambiental]. La verdad, si no hay un organismo de control, no creo que porque pongan carteles ISO 14001 se cumplan estas normas”.
Más allá del tema presupuestario el punto a considerar es si existe la voluntad política de controlar a las empresas, ya que ahí nace la falta de credibilidad del Codema. Ejemplos no faltan, uno es el caso de la química Indupa SA en Cinco Saltos. Luego de operar medio siglo la empresa se trasladó al polo petroquímico de Bahía Blanca dejando tras de sí enterramientos de barros mercuriados y vertidos de otros productos en las bardas aledañas. Antes de desaparecer, en 1996, fue vendida a Imextrade SA, una empresa sin antecedentes en el sector que absorbió el pasivo, paralizó totalmente la producción en 2000 y, literalmente, se dedicó al cultivo de papas al pie de las bardas. En 2006 el municipio secuestró un camión con residuos tóxicos provenientes de la antigua planta, el hecho reavivó las denuncias por contaminación e inmediatamente los vecinos acusaron al Codema de intentar cajonear el caso.
Desde la cuestionada dependencia se aseguró a la prensa que escucharán los reclamos de los pobladores, pero la afirmación fue inmediatamente negada en los hechos. El 26 de marzo los habitantes del Valle del Ñirihuau junto a vecinos de Bariloche y la organización ambientalista Comunidad del Limay esperaron en vano al titular de la dependencia, Oscar Echeverría, que se había comprometido a participar de una reunión en la escuela de Ñirihuau Arriba. Más allá de las palabras la política del ‘hecho consumado’ aparece como la vieja y conocida opción elegida por las autoridades.
Al Sur de Zapala, en territorio mapuche
Desde hace dos décadas la Cuenca del Ñirihuau es escenario del proceso de reorganizació n política y recuperación territorial que lleva adelante el Pueblo Mapuche, el Consejo Asesor Indígena (CAI) surgido en los ’80 en buena medida es responsable de eso. Justamente esta organización sabe lo que representa la incursión petrolera en ciernes, la suerte de las comunidades de la Cuenca Neuquina es un antecedente inmediato.
La noticia de la concesión para exploración de la Cuenca Ñirihuau llegó a la organización a partir de lo publicado en los medios de prensa, la consulta previa a los pueblos originarios en temas que los afecten, como enuncia el Convenio 169 de OIT ratificado por Argentina, descansa en paz como letra muerta. “Si [el gobierno] no informa al conjunto de la sociedad menos van a informar a los pueblos originarios, con el pensamiento y la actitud racista que tienen. No lo hicieron, no esperamos que lo hagan tampoco. Es bien evidente la negación de nuestra existencia por el gobierno de Río Negro, continuamente está tratando de comerciar el territorio. En su momento puso en discusión al mercado internacional la minería, las tierras - las 5 millones de hectáreas que ellos dicen que son fiscales [y el CAI reivindica Territorio Mapuche] -, también el caso de la forestación para que se produzca pino en gran escala. Hace poco tiempo la soja y ahora el petróleo”, enumeró Chacho Liempe [3] , de la coordinación del CAI.
El desplazamiento de la frontera petrolera a partir del impulso dado por la provincia al sector anticipa escenarios de conflicto en el suroeste rionegrino como los que actualmente tienen lugar - con sus propias características - tanto en los alrededores de Zapala como en Catriel, donde la comunidad Kemé Nehuen Pehutún Tañiché acciona contra la empresa canadiense Petrolífera Petroleum. “Nosotros no podemos precisar nada, nos aumenta el alerta , como para que nos preocupemos más en analizar la situación y ver cómo respondemos a lo que venga para adelante. No podemos decir cómo va a ser pero sí esperamos que nos encuentre con la suficiente fuerza como para poder defendernos”, sostuvo Liempe. “En primer momento están las legislaciones del mismo Estado, que es a lo que uno naturalmente tendría que recurrir, pero en la lucha que hemos venido llevando por los territorios vemos que [los funcionarios] no tienen ningún problema en violarlas tantas veces como se le antoje en función de sus intereses. Así que si bien vamos a recurrir a las legislaciones, no creemos que solamente eso alcance para la defensa”, anticipó.
Chubut, en lista de espera
La suerte de la Cuenca Ñirihuau en territorio chubutense por el momento es un incógnita, al menos no hay información oficial disponible sobre las intenciones del gobierno. A fines de 2003 la Secretaría de Energía de la Nación ratificó “la restitución a la Provincia del Chubut de la Cuenca Hidrocarburífera Ñirihuau”, según se lee en el portal de la gobernación. En esos tiempos la administració n encabezada por el radical José Luis Lizurume manifestó que la medida “posibilitaría la concreción de una concesión provincial que permita explotar pozos de gas” [4].
Gabino Hulinao En la página de [5], de la comunidad mapuche tehuelche Vuelta del Río, recuerda que hace años - no puede precisar cuántos - se hicieron exploraciones petroleras y mineras en los alrededores. Por eso no descartan la posibilidad de que a futuro sean licitadas: “Están buscando estrategias para ir despacio, pienso que en algún momento eso se va a explorar. Hay señalizaciones, están marcados lugares donde se podría sacar el petróleo”.
Los intentos de cercenar el territorio de Vuelta del Río, ubicada a unos 30 kilómetros de El Maitén, por parte de terratenientes locales llevaron a los comuneros a organizarse y poder resistir desalojos, como en el caso de la familia Fermín el 15 de marzo de 2003. Ese ejercicio del derecho y la falta de perspectivas fuera del ámbito rural los anima a permanecer alertas. “Nosotros tratamos de estar preparados para que no nos invadan el territorio, porque si seguimos dejando que invadan vamos a seguir yendo a los pueblos, a las ciudades y ya en los pueblos, en las ciudades, no hay lugar, no hay trabajo”, aseguró Huilinao. “Sabemos que nuestra comunidad no es la única, hay muchas comunidades mapuches en la zona y muchas por ahí no están organizadas. [Las empresas y los particulares] aprovechan esa oportunidad, que la gente por ahí no se sabe defender, no sabe cuáles son sus derechos, se mandan y pasan”, resaltó Huilinao.
A esa falta de organización sumó como debilidad la falta de públicas para promover el arraigo de la población rural. “Estos últimos años por el cambio climático y un montón de cosas, falta agua. Muchas veces decimos: ‘¿Adónde está el agua?¿Por qué no la usamos?’. Y si bien las comunidades no tienen las herramientas hay gente que las tiene [como el Estado]. ‘¿Y por qué no sacamos agua?’. Y nos damos cuenta que es una estrategia para que la gente se vaya de sus tierras para después hacer las explotaciones.”
La observación de Huilinao se percibe constantemente en la región: desaparición de parajes rurales estimulada por la nula inversión estatal para garantizar acceso a la salud, educación y medios de comunicación adecuados. Dentro de las áreas petroleras concesionadas en febrero hay poblaciones en esa situación (Río Negro, 22/12/06), como las localidades rionegrinas Ñorquinco y Río Chico (Río Negro, 11/09/07, 23/09/07, 02/03/08 y 16/03/08), ubicadas en el corazón de la Cuenca del Ñirihuau. Más allá de si esa falta de inversión responde o no a una política expulsiva para garantizar un desembarco sereno a los proyectos extractivos, el abandono estatal indudablemente coloca en una situación de vulnerabilidad a las comunidades locales que resulta funcional a los intereses corporativos. Las pequeñas poblaciones, carentes de recursos y herramientas para desarrollar un proyecto propio, acorde a sus necesidades y expectivas, se vuelven objeto de la asistencia empresarial. Una filantropía que sirve a los fines de diluir su presencia e instalar el conflicto en el seno de las comunidades, atizando peleas de pobres contra pobres.
Por Marc Gavaldà (RepsolMata) y Hernán Scandizzo (Indymedia Argentina)
NOTAS:
[1] Entrevista a Alfredo Martín. Gavaldà-Scandizzo, Bariloche, 18/02/08.
[2] Entrevista a Claudio Chehébar. Gavaldà-Scandizzo, Bariloche, 19/02/08.
[3] En Eco2site
[4] Entrevista a Chacho Liempre. Scandizzo, El Bolsón, 13/02/08.
[5] Entrevista a Gabino Huilinao. Gavaldà-Scandizzo, Leleque, 14/02/08.
__._,_.___
Se agradece la Difusión !! avkinpivkemapu@yahoo.com.ar
Patagonia XXI: "Desaparición y expulsión masiva de la gente del campo"
http://argentina.indymedia.org/news/2008/04/594467.php
El 7 de abril el Consejo Asesor Indígena (CAI) emitió un comunicado denunciando que el gobierno de Río Negro aprovecha la fuerte sequía que sufre la provincia para profundizar las directrices del Patagonia XXI y despoblar el campo, abriendo las tranqueras para emprendimientos de grandes corporaciones. Chacho Liempe, de la coordinación de esa organización mapuche, habló con Radio El Arka de Bariloche – FM 100.1 - sobre el cuestionado y para muchos desconocido proyecto, sus objetivos, aplicación y necesidad de enfrentarlo. Justamente empezó la charla apuntando a ese desconocimiento generalizado.
Por Avkin Pivke Mapu - Pueblos Originarios ((i))
Audio: MP3 at 3.8 mebibytes
ChL: Algo que tendríamos estar en pleno conocimiento todos, porque no se oculta la información. La decisión del gobierno de entregar al mercado, o a los grandes intereses internacionales, los recursos que están sobre o debajo del territorio nuestro lo difunden abiertamente. En el caso del petróleo, en el caso de la minería, en el caso de la puesta en venta de extensiones de tierra para plantaciones de soja – para, por ejemplo, agrocombustibles –, para las plantaciones de pino, para el macroturismo. O sea, que “eso” [las intenciones del gobierno] sale, pero no todos los medios lo largan con tanta fuerza. Además en muchos de los casos se [lo] larga como una expectativa de mejora de la situación, porque es un discurso del Gobierno. Para nosotros, en el caso del Pueblo Mapuche, que por lo menos en la provincia de Río Negro todavía conservamos gran parte del nuestro territorio, si avanzara “eso” sería un desastre peor que la sequía que estamos soportando en este momento.
- Chacho esta descripción general que hacés en los últimos tiempos, por lo menos aquí en Bariloche, ha pegado mucho. La intención del gobierno provincial, bueno, más que la intención, ya concesionó la exploración de la cuenca del Ñirihuau, un área muy extensa donde hay varias comunidades que trabajan con el CAI.ChL: Si, lo que tiene que quedar claro más allá que la organización esté, cuente con integrantes en esa región, lo que afecta al conjunto de todo y toda la gente. Es cierto, esa licitación llega hasta entrando a lo que es la provincia de Chubut hoy, o sea que es extensa. Ya tenemos la experiencia de lo que le pasó a los peñi de la provincia de Neuquén, de cómo son las empresas. Tomemos en cuenta lo que le pasó a Kaxipayiñ, si bien se le ganó a la empresa un juicio por todo el daño que causó, el daño sigue estando y el daño va a continuar de por vida.La contaminación no solamente está en la comunidad, esa contaminación del petróleo se extiende al valle del Río Negro y nadie dice nada... O sea, que esa gravedad de lo que sucede por lo menos, en el caso del gobierno, no lo va hacer, no (va a difundir), lo larga como un logro. Las empresas lo van a dar a conocer como fuente de trabajo, la gente que no tiene trabajo lo ve como esperanza... Pero en definitiva nos dan trabajo pero nos van quitando la vida de a poquito a través de la contaminación. Ese es el tipo de análisis que tenemos que hacer todos.Lo mismo con el resto de los programas que hay, en el caso de la propaganda que se hizo en su momento con la forestación, hoy estamos viendo los mallines secos, la destrucción por parte del pino mismo de gran parte de las plantas autóctonas. La plantación de la soja ya está demostrado que donde pasa es peor que la langosta, no queda nada después. De todo ese tipo de cosas tenemos que ser concientes del daño que nos provoca.
-¿Qué es el documento Patagonia XXI?ChL: Es un documento que nosotros tenemos y que hemos tratado de difundirlo. Lo que pasa que no se conoce porque los responsables y los que lo tienen en su poder son la gente del INTA [y no lo difunden, pero es de acceso público]. Es un documento que elaboran en los años ’90, lo financia el Banco Mundial, una consultora sueca... con el objetivo de hacer una investigación sobre el sur, lo que le llaman la Patagonia - lo que serían las provincias de Río Negro, Chubut, Neuquén - para elaborar una propuesta, un proyecto, de desarrollo sustentable. Y para ello trabajan aportando información - es decir, que ni siquiera la consultora tuvo que venir acá - las mismas instituciones del Estado: PSA [Programa Social Agropecuario], el INTA [Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria], la Universidad del Comahue, la Universidad de Buenos Aires, el Ente de la Línea Sur y una cantidad técnicos y ONG que andan por ahí, que de distintas formas han aportado información y sugerencias.Una de las sugerencias es la desaparición y expulsión masiva de la gente del campo. Tal es así que elaborarían proyectos y programas de supuesto beneficio, donde le darían una casita, algún plan en el pueblo, porque sería más económico eso que una expulsión compulsiva. En el último documento no está la palabra ‘compulsiva’, nosotros lo leímos cuando estaba en borrador. Compulsiva quiere decir violenta, por más que no se haya difundido, la intención es la misma y lo que estamos viendo hoy es el avance de esa propuesta.Un punto para tener en cuenta en ese documento, como también en algunas de las expresiones de funcionarios nacionales en su momento, consideran pequeño productor a aquel que tiene mínimamente 6 mil ovejas, el resto no existe. O sea, que esa gente que tiene 6 mil elaboraría un proyecto que sea viable, el Estado le daría financiamiento y aporte técnico para que crezcan. El resto tendría que migrar. Eso es para facilitarle todas las condiciones para lo que esta sucediendo hoy. Hoy está, la concesión a la petrolera, la concesión para la empresa sojera, también están las forestales, el macroturismo ya está, en distintas lugares están y hoy ya están avanzando sobre la meseta de Somoncura. Todas esas cosas nosotros lo hemos denunciando continuamente.
- O sea que lo que está plasmado en Patagonia XXI, ya está en práctica.ChL: ¡Completamente en práctica! En el momento que pudimos denunciarlo lo hemos denunciado, lo que pasa es que hoy se puede demostrar ya abiertamente. Lo que nosotros nos imaginamos de cómo hacemos para defendernos... bueno, ya salimos a ver cómo hacemos para convocar, hacer algo con esta situación... Por eso convocamos, llamamos la atención para que se tome conciencia de lo que está pasando. Hay que tener en cuenta todo este discurso para que no suceda lo que le está pasando a los peñi en Neuquén, donde [desde los espacios de poder] buscan el enfrentamiento entre trabajadores, gente que realmente necesita, y las organizaciones y comunidades que nos ponemos en defensa de lo que legítimamente nos pertenece.
- Justamente esa es una de las modalidades de última moda por así decirlo. En el otro lado de la Cordillera supimos estos días que las pasteras de por allí han reprimido con una suerte de guardias blancas, de paramilitares, a las comunidades lafkenche y pescadores artesanales.ChL: Nosotros somos conscientes de eso, el asunto es que la sociedad tiene que tomar conciencia de lo que significa eso, esa es la situación. Nos queda ver a cada uno de nosotros qué posición tomamos y la fuerza que tengamos para nuestras defensas, se trata de nuestro futuro, de nuestra vida En el caso de nosotros está la decisión de seguir sosteniendo y defendiendo nuestro territorio.
Más información:
Comunicado de CAI
Patagonia XXI
Estrategias de manejo para las regiones áridas del país por región
-------------------------------------------------------------------
Trelew: Por nuestros derechos estamos de pie
http://www.barilochense.com/index.php?suplementos=1&id=3&novedad=2519
Mapuche-Tehuelche de Trelew marchan en Rawson (capital de Chubut) en defensa de los derechos que siguen siendo vulnerados. El abuelo Mapuche Crecencio Pilquiman de la comunidad de Cerro Bayo sufrió el embargo de sus animales para subsistencia, en el marco de uno de los tantos conflictos que deben enfrentar los Mapuche. Por este y otros hechos ocurridos en dicha provincia se inician las movilizaciones.
-------------------------------------------------------------------
Diálogos con el río. Crónica Mapuche desde Europa
http://www.barilochense.com/index.php?suplementos=1&id=3&novedad=2518
En el marco del VIII Seminario de Solidaridad Política "Ustedes perdonen" realizado en la Universidad de Zaragoza (España), el jueves 10 de Abril, Moira Millán integrante del Frente de Lucha Mapuche Campesino de Chubut-Puelmapu, participó con una exposición y charla denominada "Patagonia sin represas" denunciando los proyectos Hidroelectricos y sus consecuencias en la zona de Corcovado-Chubut. Desde el 15 al 27 de Abril la gira continúa con encuentros y charlas en Euskal Herria (Pais Vasco).
-------------------------------------------------------------------
BAIGORRITA. Responso para un etnocidio
http://www.barilochense.com/index.php?suplementos=1&id=3&novedad=2517
El escritor e investigador Norman Cruz realiza, con este libro, una emocionante reivindicación de la resistencia Mapuche durante la Campaña del Desierto, tomando como bandera la figura del Longko Diez Aguas, conocido como Baigorrita, último bastión de los Rankulche (ranqueles). No es un libro de historia, sino una novela bien documentada, que describe con gran arte literario, y respetando la lengua Mapuche(Mapuzungun), los personajes y experiencias de este periodo trágico. Para su investigación, el autor tuvo que hurgar entre las fuentes oficiales y alguna no oficial, como el testimonio de viajeros y misioneros. Sin embargo, la narración es la propia voz de los perseguidos, a pesar de usar como soporte los partes militares de los asesinos de güenosai, lo que le da más fuerza dramática al relato. “Al Sr. Comandante en Jefe (...) Anoche se han tomado 30 prisioneros más, dejando 2 muertos, con los que hacen un total de 92 prisioneros y 7 muertos (...) Aún espero tomar más indios, pues se ve en el campo muchas huellas de grupos que huyen sin rumbo. Saturnino Torres”.
-------------------------------------------------------------------
Mirador Belvedere: La tierra del juez supremo en Villa la Angostura
http://www.barilochense.com/index.php?suplementos=1&id=3&novedad=2512
La discusión y análisis fragmentario del conflicto por el territorio ancestral mapuche en Villa La Angostura, sur del Neuquén, permitió hasta el momento el ocultamiento de los verdaderos resortes del poder y sus intereses inmobiliarios en este conflicto. El interés directo de dos jueces del Superior Tribunal de Justicia de Neuquén, supuestos propietarios de fracciones millonarias en el área del cerro Belvedere, es una presión innegable ante el reclamo de la comunidad Mapuche Paichil-Antreao por su derecho al territorio en el antiguo lote 9 de la colonia pastoril Nahuel Huapi.
--------------------------------------------------------------------
Detención de Waikilaf Cadin Calfunao
http://www.barilochense.com/index.php?suplementos=1&id=3&novedad=2511
Los hechos ocurrieron durante una manifestación (que ya había terminado) en el día de los tres meses de la muerte a manos de carabineros del estudiante mapuche Matías Catrileo. El video muestra como es golpeado por Carabineros de Chile. Estos tres videos son para enfermarse de ira y de vergüenza. Fueron hechos durante la más reciente detención de Waikilaf Cadin Calfunao, estudiante de derecho que ha sido detenido muchas veces (tres veces en los últimos meses por razones también indignantes). -------------------------------------------------------------------
Comunidad Mapuche festeja el 1er año de su programa radial
http://www.barilochense.com/index.php?suplementos=1&id=3&novedad=2510
El programa, llamado “Yapai Peñi”, que traducido significa “salud hermano”, se creó hace un año y sale al aire todos los sábados, por FM Patagonia 105.5, en el horario de 15 a 16 horas. En el mismo se tratan todos aquellos temas relacionados con la personería jurídica de la comunidad Mapuche, y se desarrollan, de amplia manera, los derechos que los protegen, que en muchos casos son desconocidos para la población. Además, se informa respecto de todas las actividades que llevan a cabo.
-------------------------------------------------------------------
Aplicación de la Ley Antiterrorista al Pueblo Mapuche en Chile
http://www.barilochense.com/index.php?suplementos=1&id=3&novedad=2509
Cuando nos planteamos el tema de la aplicación de la Ley Antiterrorista al Pueblo Mapuche, parece que nos comentaran el final de una larga historia de atropellos. Y no nos deja de sorprender la criminalización que se realiza de las demandas de tierras que se arrastran sin solución desde hace ya bastante tiempo...
Notas anteriores:
Grito del Lanín: Desde nuestra esencia vamos a actuar para fortalecer lo que somos
La lucha y el sentimiento Mapuche en el BAFICI
Resistencia Mapuche contra petroleras
Retienen arbitrariamente e ilegalmente a joven comunero en Temucuicui
La sequía no ocultará el verdadero conflicto
Werken Mapuche asume como nuevo vocero en la Defensa del Mar contra CELCO
El Pueblo Mapuche realizó el grito del Lanín
Llevan a juicio a solidarios con los Presos Politicos Mapuche en Valparaiso
Mónica Quezada, madre de Matias Catrileo: No queremos más hijos muertos
Persiste preocupación por conflicto en Mehuin
LOS COLORES DEL ENGAÑO. Benetton insiste en desajolar a Mapuche
Sepultaron a joven Mapuche, muerto tras golpiza de Carabineros
Comuneros de Temucuicui fueron condenados injustamente
Petroleras y contaminación en Neuquén
Ataque armado de CELCO contra pescadores en Mehuin. Secuestro de mujeres Lafkenche
Marcha por Matias Catrileo: Brutal accionar de Carabineros contra joven Mapuche en temuco
Mapuche realizarán un Gejipvn al pie del Volcán Lanin en defensa del territorio
Suscribirse a:
Entradas (Atom)