“Entregué a más de 30 jóvenes para ‘falsos positivos’”

El testigo protegido por la Fiscalía reconoció en fotografías a algunos de los jóvenes de soacha que él recibió en Ocaña y entregó a militares para que fueran asesinados TESTIMONIO

Este es el testimonio del hombre que les entregó a algunos miembros del Ejército los jóvenes de Soacha que fueron asesinados el año pasado en Ocaña y presentados como muertos en combate. Su impresionante versión de los hechos lo han convertido en uno de los testigos claves de la Fiscalía.

En Ocaña se registró con gran despliegue el crimen de Fabio Sanjuán.

Según el testigo este trabajaba para militares a los que les entregó decenas de muchachos que fueron asesinados a sangre fría y sepultados como N.N. en fosas comunes

Este es el grupo de madres de Soacha cuyos 11 hijos desaparecieron y luego resultaron reportados como muertos en combate en Ocaña
VENEZUELA

"Yo no nací para vivir toda la vida". Con esta frase lapidaria comienza el recuento de su escalofriante historia un joven de apenas 21 años, cuyo testimonio puede poner contra la pared a varios militares de Ocaña que asesinaron por lo menos a 11 jóvenes de Soacha para presentarlos como guerrilleros muertos en combate.

Con su rostro esquelético y su mirada oscura y penetrante cuenta con frialdad cómo funcionaba por dentro la máquina de muerte que estremeció al país el año pasado cuando estalló el escándalo de los 'falsos positivos'. Este joven admite que participó en la muerte de por lo menos 30 víctimas. Se trata de un testigo de excepción que logró sobrevivir al propio entramado delincuencial para el cual trabajó y cuyo testimonio es hoy una pieza central en la investigación que adelantan la Fiscalía y la Procuraduría contra los 27 oficiales -incluidos tres generales y cuatro coroneles- que fueron destituidos por el gobierno en octubre.

"Es una historia larga" dice e inicia su narración de más de tres horas. Este testigo, hoy celosamente protegido por la Fiscalía, cuenta que abandonó el colegio en octavo grado porque se envició a los videojuegos y desde entonces su vida se limitó a las malas compañías y a recorrer de arriba abajo las calles de Ocaña rebuscándose la vida como mototaxista. Diariamente se hacía 20.000 pesos, "la mitad para mí y la mitad para el dueño de la moto", lo que no alcanzaba para colmar sus ambiciones.

Pero en 2006 su vida daría un giro, cuando Fabio Sanjuán Santiago, un ex soldado que había servido en Arauca, y reconocido jíbaro de la ciudad, empezó a contratarlo para hacer las entregas de droga. El pago era jugoso. "Cuando uno es ambicioso y tiene la manera de conseguir plata fácil, termina por tomar cualquier negocio que deje ganancias. Pero en algún momento llega un tope, bien por el cargo de conciencia o por miedo a terminar asesinado por los socios", reconoce.

Rápidamente, el joven se ganó la confianza de Sanjuán, quien le abrió más espacios en sus turbios negocios. No sólo en el expendio de drogas en bares y esquinas, sino como informante del Ejército. Sanjuán tenía fuertes conexiones con militares de la zona, quienes acudían al instante cuando este los llamaba o les reportaba la presencia de sospechosos o desconocidos en el bajo mundo de bares y prostíbulos. En pocos meses Sanjuán le confió al hoy testigo protegido suficiente droga para que él mismo la distribuyera, y lo contactó con suboficiales de confianza.

A finales de ese año, en 2006, Sanjuán lo llamó para que juntos transportaran a dos muchachos que acababan de llegar a Ocaña. Los cuatro hombres se tomaron unas cervezas en un bar y horas más tarde se fueron en sendas motos por la vía hacia el municipio de Convención. A los 10 kilómetros, aproximadamente, encontraron un retén militar. Sanjuán detuvo la marcha, se bajó de la moto y habló a solas con el suboficial que estaba al mando. Luego les dijo a los dos jóvenes de Bogota: "Ustedes se quedan acá, ellos les explican qué sigue". Sin darse cuenta, el testigo registraba su primera participación en un 'falso positivo'.

Una escena pavorosa

El testigo y Sanjuán regresaron a Ocaña de inmediato. Al día siguiente escuchó inquieto en la emisora local la noticia de un supuesto combate en las faldas del municipio de Convención adonde el Ejército había dado de baja a dos guerrilleros. Más tarde llegó Sanjuán y le entregó 300.000 pesos, y le advirtió que siempre y cuando se guardara absoluto silencio esas vueltas se pagaban bien. "Nunca había recibido de un solo totazo tanto dinero por hacer nada", dice el testigo. No le importó la suerte de los jóvenes que murieron. Ese día empezó su carrera homicida, mientras su ambición crecía.

A partir de entonces las "entregas", como llamaban entre ellos el traslado de las personas que serían asesinadas, se convirtieron en una rutina semanal. El testigo afirma que en varias oportunidades acompañó a Sanjuán a recoger muchachos en la terminal de buses de Ocaña. Venían de todo el país atraídos con el señuelo de vincularse a grupos paramilitares o como vigilantes. Sanjuán se los llevaba para su casa o para la de un cabo de apellido Gutiérrez, que supuestamente pertenecía a la Brigada Móvil 15. "Yo entendía que mientras menos supiera más vivía", explica el testigo. A estas alturas ya sabía con total claridad que su trabajo era llevar hacia el patíbulo a las víctimas que serían asesinadas por militares. Y por las que a él le pagaban bien.

A pesar de su frialdad, la primera semana de enero de 2007 una escena pavorosa lo puso a temblar. Ocurrió en la vereda Culebritas, en la zona rural de Convención. Hasta allí fue con Sanjuán a eso de las 10 de la noche, "todas las entregas se hacían de noche". En esa ocasión las víctimas fueron tres muchachos entre los 23 y los 27 años que estaban convencidos de que se vincularían a los paramilitares. Esperaron por dos horas que llegaran los militares. Hacia la medianoche, Sanjuán recibió una llamada en la que le dijeron que no había tropa para recoger a los muchachos pero le advirtieron que no podía regresar con ellos. Tras comentar en voz baja la situación con el testigo, Sanjuán llevó a los tres muchachos disimuladamente hacia el borde de una zanja, sacó su arma y, por la espalda, le propinó a cada uno varios tiros en la cabeza y el tórax. Tras verificar que todos estaban muertos los cubrieron con rastrojo y sin más bajaron de la vereda y regresaron a Ocaña. "Lo único que me dijo fue 'cuando toca así, toca'", recuerda. Dos años después el testigo intentó encontrar, junto a un grupo de investigadores del CTI, el lugar donde quedaron los cuerpos. Pero la diligencia continúa pendiente, pues en esa ocasión la Policía impidió el paso de la comitiva porque la zona estaba minada por la guerrilla.

Este triple asesinato se clavó en su mente y entendió que podría terminar como esos tres muchachos. Entonces decidió alejarse de todo incorporándose al Ejército. Pero poco tiempo después, desertó. Estuvo un par de meses en Cúcuta y luego, cuando el susto ya se había diluido en el tiempo, regresó a Ocaña, y de nuevo a sus andanzas criminales con Sanjuán.

"Después de los carnavales de Ocaña, en enero de 2008, Fabio me dice que lo acompañe a Bogotá para cuadrar un negocio. Estuvimos dos días y nos la pasamos tomando en una tienda de Soacha donde nos quedamos. Él habló con un tipo llamado Álex, que también fue soldado y luego nos devolvimos".

Al parecer en esa charla se acordó el reclutamiento de jóvenes del sur de Bogotá que serían enviados con engaños a Ocaña, pues desde entonces empezaron las ejecuciones de "rolos". Aunque no recuerda con precisión las fechas, cuenta que la última semana de enero del año pasado llegaron los primeros tres jóvenes, quienes creían que iban a trabajar como escoltas en el negocio de un narco. "Estoy seguro de que uno se llamaba César". Al parecer, se trataba de Julio César Mesa, quien según su familia desapareció de Soacha el 26 de enero.

El testigo cuenta que los muchachos duraron dos días con él. En las noches se los llevaba de farra a los bares, y les daba todo el trago y la droga que quisieran "mientras llamaban a pedirlos". Al final, Sanjuán anunció que había que llevar a dos de ellos hacia Aguas Claras, un paraje en la vía Las Chircas, vereda aledaña a Ocaña. "Arrancamos y lo mismo: un retén, los muchachos se quedaron allá y nosotros nos devolvimos". Al otro día, a las 11 de la noche, le correspondió el turno al tercero de ese grupo. Lo entregamos en un taxi, por la vía al municipio de La Playa. "Por esos tres, Fabio me dio casi un millón de pesos".

Las "entregas" empezaron a multiplicarse y, por lo tanto, la plata que recibía el testigo, también. Recuerda por ejemplo a otros dos jóvenes que llegaron a Ocaña un día temprano en la mañana y que fueron "entregados" esa misma noche. No llevaban ni una hora tomando cerveza en el bar, cuando recibieron la instrucción de llevarlos hasta un retén en la vía que va al municipio de Teorama. Y a los pocos días dos más que entregaron por la carretera que conduce a Convención.

Comienza el escándalo

Uno de los investigadores de los 'falsos positivos' de Ocaña le dijo a SEMANA que se han verificado los hechos y tiempos descritos por el testigo, y que coinciden con las denuncias que hicieron las humildes familias de los 11 jóvenes desaparecidos de Soacha. El testigo reconoce que las víctimas eran generalmente desempleados, algunos con problemas de adicción e infracciones menores a la ley. "Escogían los más 'chirretes', los que estuvieran vagando y dispuestos a irse a ganar harta plata en trabajos raros", afirma el mismo testigo.

Alrededor de los 'falsos positivos' surgieron otros negocios de los que también se lucraban. Uno de ellos era la compra de revólveres, pistolas y municiones viejas en el mundo del lumpen para vendérselas a militares de la Brigada Móvil 15, que las usaban posteriormente para 'legalizar' las ejecuciones, y mostrar a las víctimas como peligrosos criminales que estaban armados. El testigo asegura que recibía entre 100.000 y 200.000 pesos por cada elemento que entregaban en la Central de Inteligencia de Ocaña (Cioca) adscrita al Batallón Santander, adonde entró y salió en varias oportunidades a pesar de ser desertor de esa guarnición.

La otra ganancia adicional resultó ser el aumento de la venta de droga en los bares a los que llegaban algunos de los soldados "a beber y meter vicio" para celebrar los días de permiso y las bonificaciones que conseguían por los resultados presentados.

Pero en agosto del año pasado tanto el testigo como Sanjuán empezaron a recibir amenazas de los militares. El escándalo de los 'falsos positivos' empezaba a gestarse. Medicina Legal y otras autoridades habían empezado a cruzar información para identificar a decenas de jóvenes que estaban enterrados como N.N. en fosas de Ocaña. Encontraron que casi todos ellos habían sido reportados como bajas en combate. La tensión en la Brigada Móvil 15 y en el Batallón Santander era total.

Fabio Sanjuán entendió que tenía que salir de Ocaña. "Me dijo que nos estaban buscando para matarnos, que él iba a vender unas armas y se desaparecía. Pero no alcanzó. Al siguiente día, el 13 de agosto, lo mataron en el barrio El Peñón".

El testigo huyó hacia Cúcuta. Pero a mediados de octubre regresó a Ocaña. De inmediato empezó a recibir llamadas amenazantes y a ser asediado por vehículos sospechosos que rondaban su casa. Para ese momento ya el escándalo de los 'falsos positivos' había estallado y todo el país estaba consternado y pidiendo justicia. El testigo se sintió acorralado y decidió presentarse ante la Fiscalía de Ocaña para "confesar quién era yo y qué había hecho".

Le contó a un grupo elite de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía todo lo que sabía. Señaló lugares, personas y modos de operación de la red criminal que había hecho de las ejecuciones un negocio. Se convirtió en un testigo protegido. Cinco meses después se queja. "Me prometieron que si colaboraba estaría en lugar seguro junto a mi familia y no me han cumplido". El Programa de Protección de Testigos, sin embargo, le ha hecho varios llamados de atención por no cumplir las normas que exige el programa.

Este joven, que en los dos últimos años llevó a la muerte a por lo menos 30 muchachos como él, hoy teme correr la misma suerte. Pero aunque se salve de sus enemigos, le esperan seguramente muchos años de cárcel. Por más que haya colaborado con la justicia, también está siendo procesado por estos crímenes atroces, que se convirtieron en una de las mayores vergüenzas de las Fuerzas Armadas. Un episodio lamentable que cometieron algunas manzanas podridas dentro del Ejército pero que desafortunadamente salpican a toda una institución que, paradójicamente, ha logrado sus mayores logros militares en la historia en esos mismos años.

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"No obran mal los hombres porque sus deseos sean fuertes, sino porque sus consciencias son débiles" J.S. Mill

EN EL COMBATE NO CLAUDICAMOS JAMAS.

Nuevos allanamientos en este nuevo escenario de la guerra social…

Los últimos allanamientos a casas okupadas y como han sido recibidos éstos por el entorno, nos demuestran que muchas veces hablamos de guerra social, pero no vivimos este concepto en el cotidiano. No lo utilizamos para analizar y afrontar nuestra realidad.
Los diversos ataques con bombas por parte de anarquistas y antiautoritarios, generaron una respuesta de la clase dirigente, que anunció detenciones y allanamientos a través de la prensa, haciendo prever las que serían sus próximas jugadas.
Diferentes departamentos de las policías allanan las okupaciones de: “El Hogar”, “La Idea”, “La Malicia” y “La Escalera” (desocupada para ese entonces), la tarde del 31 de diciembre.
Frente a esa jugada, apelar a la legalidad o ilegalidad de un procedimiento policial, de un procedimiento del enemigo es ocultar el enfrentamiento o peor aún, es avalar en la práctica la maquinaria de los poderosos, aquellos con los que supuestamente estamos en guerra.
La estrategia que toman los poderosos para mantener su dominio intacto es parte de un proceso histórico de lucha de clases, lo que vivimos hoy, en este momento específico, los centros sociales y okupaciones se enmarca, claramente, en este sentido. El Estado embiste, de diversas formas, a quienes ponen en práctica el cuestionamiento a la autoridad.
Seguimientos, interceptaciones telefónicas, policías encubiertos al asecho, micrófonos y filmaciones, componen el ramillete de opciones del enemigo. Esto no es novedoso para quienes, de una u otra forma, ya se plantearon oponentes acérrimos a lo existente.
Si hasta acá estamos de acuerdo, entonces, ¿Por qué la sorpresa frente a los ataques del enemigo? ¿Por qué la respuesta común parece ser la histeria o pasividad de lxs “compañerxs”? ¿En qué momento hablamos de guerra, pero dejamos de sentirnos guerrerxs?
Se propaga una sensación de indefensión frente a los ataques y es ahí donde se cede terreno a la represión. Que quede claro de una vez por todas, ELEGIMOS este camino de insurrección permanente contra el orden impuesto. Elegimos a los más grandes de los enemigos: el capital y la autoridad. Y aquello exige que crezcamos como gigantes.
Por lo mismo, la defensa de un espacio, de una práctica no puede darse solo en términos jurídicos, pues son lxs compañerxs, quienes dan vida a esos lugares lxs encargadxs de transformarlos en armas, de defenderlos hasta el final…aislarlos, abandonarlos es hacerse cómplice de los ataques del poder. Dejar de frecuentarlos, hacerles el vacío, no es una estrategia de seguridad, más bien es la palmoteada en la espalda del enemigo, es aplaudir su jugada y olvidar que significa estar contra la autoridad.
Las acciones directas por las cuales están siendo allanadas las casas e investigadas otras tantas, son prácticas hermanas de lucha contra el capital. No tiene sentido sobreponer una forma de combate a otra, si ambas apuntan radicalmente a la destrucción del poder.
Condenar cualquier acto de lucha no es más que considerar a una práctica particular como la única valida, anulando el potencial del ataque en sus diversas formas.
Hoy, con el peso constante de ser allanadxs y/o detenidxs, aún seguimos en abierta guerra, dispuestos a asumir las consecuencias y haciendo un llamado al combate, sin caer en el victimismo de la “injusticia” o “inocencia”, acá estamos y continuaremos la lucha en todo lugar donde nos encontremos.
Si ahora nos detenemos en nuestro camino, si ahora corremos a ocultar la cabeza o nos dedicamos a blanquear nuestra imagen, nos habrán vencido…y eso jamás, nunca derrotadxs, orgullosxs de la senda insurreccional que elegimos.
Esta casa nunca pretendió ser un espacio ingenuamente cultural, en convivencia pacífica con el capital, nunca pretendió ser la “alternativa” a la cultura burguesa, siempre se planteó en ofensiva.
Y aquello tuvo costos, aprendimos a convivir esquizofrénicamente con la represión, conociendo hasta los horarios en que cambiaba el turno de los agentes parapetados en el sector, reconocimos sus rostros, sus patentes, sus bicicletas y aún así, nada de eso restringió nuestra labor, no cerramos la casa ni caímos en la lamentación. Como lección nos queda, eso si, un sentimiento auto-crítico frente a cuantas cosas más pudimos y podemos hacer.
Rebatimos la actitud tomada por muchxs, que a sabiendas de lo vigiladxs que estamos decidieron dar un paso al costado, ignorando que con esa acción validan la jugada de los pacos, ratis y sus amos. Negando en la práctica que los espacios cobran vida, avanzan, se justifican y fortalecen por lxs compañerxs que los frecuentan.
Reciban nuestrxs cómplices, un caluroso abrazo desde la fraternidad antiautoritaria y a lxs enemigxs, que con tanta dedicación leerán este texto, buscando en cada palabra, en cada coma el argumento perfecto para reventar nuestro hogar…..el más profundo desprecio, el odio a muerte hacia la forma de vida que defienden.
EL COMBATE CONTINUA!
A MULTIPLICAR LAS OKUPACIONES!

Y cuando vengan por nosotros….compañerxs: hagan lo que tengan que hacer…..
Desde el ojo del huracán…

Centro Social Okupado y Biblioteca Sacco y Vanzetti.
Enero 2009. Santiago. Chile
- siete años colectivizando la propiedad privada-

Pronunciamiento del CAI sobre el Rally Dakar 2009

Puel Mapu, 31 de diciembre de 2008.



EL RALLY DAKAR VIOLA LOS DERECHOS DEL PUEBLO MAPUCHE
Y DESTRUYE EL ECOSISTEMA EN WALLMAPU


La irrupción violenta e inconsulta del Rally Dákar 2009 en el wallmapu –territorio ancestral mapuche que comprende parte de los actuales estados nacionales de Chile y Argentina- es una triste prueba de la violación sistemática de nuestros derechos como pueblos originarios de América.

Capitales privados y gobiernos nacionales y provinciales acordaron el año pasado una travesía depredadora por nuestro espacio territorial, violentando nuestra relación ancestral con y en el wallmapu para alimentar una de las formas más frívolas del mercado del turismo de consumo internacional: la “aventura” por “los extensos desiertos salvajes” de esta parte del mundo conocida y comercializada como Patagonia.

Por lo menos en julio de 2007 comenzaron las conversaciones oficiales entre las empresas privadas y Turismo de la Nación, según la información oficial de prensa de gobierno. Al mismo tiempo debieron ponerse en marcha los mecanismo de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas directamente afectados por el proyecto, tal como lo establecen el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre Pueblos Indígenas y Tribales al que el Estado argentino adhirió en 2001 y la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas aprobada por la Asamblea General en 2007.

Todo el tramo sur de la travesía Dákar 2009 se hará en territorio ancestral mapuche. Y, a horas de la llegada de la invasión “turística” ninguno de nuestros peñi ni lamngen, lof, comunidades ni nuestra organización fue ni siquiera informada ni consultada, en total y abierta violación al Convenio 169, la Carta de Derechos Indígenas de la ONU, el artículo 75 de la Constitución Nacional y la ley Integral del Indígena Nº2287, además de numerosa legislación de protección ambiental y del patrimonio genético, antropológico y paleontológico.
Nos consta que no se hizo en la juridicción de la provincia de Río Negro; tampoco en las provincias vecinas conformadas en el wallmapu y donde existe población mapuche organizada social y políticamente.

“No es una carrera normal. Es una carrera diferente y es por eso que se opta por pistas que no son conocidas por los participantes y que ellos llegan a conocer en el momento que se desarrolla la competencia. Justamente, en el marco de espíritu de descubrimiento y de aventura, se trata de cambiar y optar por nuevos territorios”, dijo un representante de la empresa organizadora Amaury Sport Organisation en febrero de este año, cuando oficialmente presentaron el evento en despachos oficiales del gobierno nacional en Buenos Aires.
Los gobiernos en pleno subordinaron sus obligaciones jurídicas y sus compromisos políticos –entre ellos, los establecidas por los pactos internacionales- ante la vidriera frívola del vértigo en la TV global.


VIOLACION DEL DERECHO INDIGENA Y AMBIENTAL EN RIO NEGRO

La totalidad del espacio que hoy comprende el Estado provincial de Río Negro es parte del wallmapu, nuestro espacio de vida ancestral.
Como organización política de base del pueblo mapuche, desde hace años venimos denunciando que los sucesivos gobiernos de la provincia de Río Negro implementan estrategias sistemáticas tendientes a despojar a los mapuche de nuestras ocupaciones tradicionales y de sus recursos. De este modo, la aprobación y participación en este rally internacional está en total concordancia con la falta de reconocimiento de las ocupaciones tradicionales de los lof y comunidades; de la aprobación de planes mineros, forestales, inmobiliarios e hidrocarburíferos enajenadores del patrimonio natural, cultural y económico de la mayoría de la población.

Este evento no sólo viola el Convenio 169 y la Declaración de Nacionales Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, sino también las leyes rionegrinas Nº 3266 de Regulación del Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental y Nº 2669 de Áreas Naturales Protegidas modificada por Ley Nº 3193, además de otro paquete de normas referidas al patrimonio genético, cultural, paleontológico y arqueológico.

Incumplimiento del Convenio 169: Este Rally se correrá en juridicción rionegrina:

a) sin que se haya realizado la consulta previa prevista en los artículos 6 y 15.2 del C169, y sin respetar los derechos establecidos en el artículo 7.1 primera parte.

b) sin que se hayan realizado previamente, en cooperación con los pobladores y/o comunidades afectadas, los estudios de incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las acti­vidades referidas puedan tener sobre ellos (art. 7.3).

c) sin que se haya dado participación a los pobladores y/o comunidades afectadas en la formulación, aplicación y evaluación de esas actividades (art. 7.1. in fine).

d) sin haberles dado participación en la formulación e implementación de medidas destinadas a proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan (art. 7.4).

e) en virtud de lo que establecen los artículos 41 y 42 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, sin que se hayan respetados los art. 3, 19, 20, 26.2 y 32 de esa misma declaración.

El Estado nacional aregentino es jurídicamente corresponsable del incumplimiento de su aplicación en RN de estos dos acuerdos internacionales, los que tienen rango constitucional.

Ley Provincial Nº 3266 de Regulación del Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental
La autoridad de aplicación de esta ley es el Consejo de Medio Ambiente (CODEMA) y los Municipios que no hayan delegado esa facultad. Estas instituciones no se encuentran integradas por representantes del Pueblo Mapuche de la provincia.
La ley prevé una Evaluación de impacto ambiental (EIA) que define como “…el procedimiento destinado a identificar e interpretar, así como a prevenir o mitigar, las consecuencias o efectos que acciones o proyectos públicos o privados, puedan causar al equilibrio ecológico, al mantenimiento de la calidad de vida y a la preservación de los recursos naturales existentes en la provincia” (art. 4).

Según el art. 7, la EIA está integrada por las siguientes etapas:a) La presentación de la Declaración Jurada de Impacto Ambiental.b) Estudio de Impacto Ambiental.c) La audiencia pública de los interesados y afectados en el lugar de emplazamiento del proyecto y/o donde se produzcan sus impactos.d) El dictamen técnico.e) La Resolución Ambiental.
Los Estudios de Impacto Ambiental previstos deben contener, entre otros datos, la evaluación de los efectos “…previsibles, presentes y futuros, directos e indirectos, sobre la población humana, la flora y la fauna y los ecosistemas” (art. 16.f); “…sobre los bienes materiales e inmateriales significativos, incluyendo el paisaje del lugar, el patrimonio histórico, artístico, cultural o arqueológico, que pudieran afectarse” (art. 16.h).
La ley también prevé un sistema de auditoría, monitoreo, control y fiscalización ambiental (art. 22.e) que operará durante todas las etapas de las actividades acordadas el que estará a cargo del CODEMA (art. 26).

Esta ley no cumple con los derechos particulares de consulta y participación de los pueblos indígenas previstos en los artículos 6, 7, 17.2 y 15-2 del C169, con los requisitos de validez que esas normas establecen.
De todos modos, tampoco se aplicó con los pequeños productores ganaderos de la región, con la población civil en general ni organizaciones ambientalistas e instituciones de investigación científica con intervención en el área que se afectará.

Ley Provincial Nº 2669 de Áreas Naturales Protegidas modificada por Ley Nº 3193
Parte del recorrido del rally, que afectará la vida y los territorios de pobladores o comunidades mapuche, se realizará en espacios declarados Áreas Naturales Protegidas, de acuerdo a la información fragmentada y escasa a que se pudo acceder del “circuito secreto”.
También en esta ley surge claramente la falta de previsión de la implementación de los derechos de consulta y participación de los pueblos indígenas afectados, según se detalló en el punto b de la Presentación del presente informe, a lo que se suma el incumplimiento de otras normas del mismo Convenio.

La declaración de un espacio determinado como Área Natural Protegida no es sinónimo de protección de los territorios, recursos naturales y culturales de los pueblos indígenas. Así lo prueban los daños ya probados en los recorridos preliminares del comité organizador para la delimitación del circuito, cuestión denunciada pública y judicialmente por pequeños productores de la región afectados.

En particular nos interesa insistir en que el espacio territorial Zunguncurá, conocido hoy como meseta de Somuncurá, es un lugar sagrado para el pueblo mapuche por su fuerza espiritual y de protección durante el aukán, guerra del Estado argentino contra nuestro pueblo conocida como campaña del desierto (1880/84).
Al rally recorrerá Somuncurá y, aunque insisten en que será en un trazado “de enlace” y no de competencia, el número de vehículos y personas involucrados necesariamente dañará este espacio de alta fragilidad medio-ambiental, soporte de biodiversidad y alto valor genético.

Las comunidades, lof o pobladores mapuche que habitan los territorios tradicionales que en su totalidad o en parte integran el Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la provincia no han dado su consentimiento previo, libre e informado para que esos espacios sean declarados ANP. Esa falta de consulta se reiteró ante este rally, que tampoco cumplió con las exigencias del plan de manejo del área protegida Somuncurá que el propio gobernador Miguel Saiz presentó oficialmente semanas atrás en la Línea Sur rionegrina cuando ya estaba cuestionado públicamente la realización de este evento.

También queremos destacar la situación particular del área de las lagunas Carrilafquen Grande y Chica, ubicada a 15 kilómetros al norte de la localidad de Huauel Niyeu (Ingeniero Jacobacci), uno de los puntos seguros de la trayectoria. Todos los investigadores y defensores del medio ambiente rescatan la declaración de área protegida provincial Carri Lafquen hecha en 1959, como un antecedente temprano de un espacio de meseta que merece resguardarse. Sin embargo, jamás fue mencionada por las autoridades provinciales en relación al recorrido de este rally y prolijamente ignorada ante un pedido de informes sobre áreas protegidas respondido recientemente por el CODEMA a nuestra organización.
El área Carri Lafquen es espacio de ocupación ancestral de varias comunidades mapuche y de pequeños productores ganaderos que manifestaron pública y reiteradamente su oposición.

Así, nadie puede sostener seriamente que esto es un evento deportivo; es un negocio político y económico montado a partir de la riqueza de la biodiversidad de nuestro territorio, garantizado por una fuerte militarización del área que pretenden seguir considerando desierta. Como Colón hace 500 años desembarcarán con agentes encubiertos, bloquearán los caminos y rutas, y establecerán cortes y controles innecesarios, desmesurados e inadmisibles para la vida en tiempos de paz.
Con la complicidad imprescindible de intereses locales y regionales, las empresas y los gobiernos pretenden convertir al wallmapu en un bien de consumo y explotación comercial for export. A la vez, reactualizan el modelo histórico de negación de nuestra existencia misma como pueblo originario.
No nos sorprenden ni la negación ni la violencia de los Estados y del capital enmascaradas bajo formas “globalizadas” de supuestos turismo y deportes de aventura. No pudo la guerra de exterminio desatada con la cruz y la espada. Nada detendrá nuestra decisión como pueblo mapuche de avanzar en la recuperación integral del wallmapu para la reconstitución de nuestra vida libre con los newen (fuerzas de la naturaleza) hoy amenazadas por cientos de ruedas.
Defenderemos los newen amenazados porque son y están en la esencia misma de nuestras vidas. En cualquier circunstancias, seguiremos el legado de nuestros mayores: diez veces nos matarán, diez veces volveremos.


Marici weu!! Marici weu!! Marici weu !!


CAI

Informe prelimiar de la Misión Humanitaria (Dolores)

Dolores- Tolima, 13 de Noviembre de 2008

INFORME PRELIMINAR DE LA MISION HUMANITARIA POR EL RESPETO A LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA DE LOS CAMPESINOS EN SU TERRITORIO
(DOLORES -TOLIMA)

El día de 12 de noviembre de 2008, las organizaciones abajo firmantes, (atendiendo a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia) en el marco de la misión humanitaria, realizamos una verificación de los hechos denunciados por las comunidades campesinas de las veredas Vegas del Café, El Piñal y Palmira del municipio de Dolores Tolima, ante la opinión pública nacional e internacional, donde pudimos constatar lo siguiente:

1. Que en la zona existe presencia constante de la Fuerza pública-Ejército Nacional.
2. Que el Ejército Nacional viene haciendo un fuerte amedrantamiento a las comunidades campesinas acusándolas de ser guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla de las FARC.
3. Que se encontraron evidencias de que el Ejército Nacional recientemente se retiró de los lugares cerca y dentro de las viviendas y fincas, además del asentamiento de los mismos cerca de la Escuela del Piñal-sede 6 de la institución educativa San Pedro. Dentro los elementos se encontraron: empaques desocupados de uso del Ejército Nacional y residuos de enlatados. También se pudo constatar la presencia de los mismos en el interior de las casas durante el trayecto de regreso en la vía de Vegas del Café al Municipio de Dolores.
4. Que las escuelas se encuentran en inactividad puesto que el maestro fue detenido arbitrariamente, torturado física y psicológicamente y señalado de ser guerrillero, obligándolo a abandonar la región.
5. Que el Ejército Nacional acampó en la vereda El Piñal en toda la longitud del acueducto, dañando notoriamente el tanque repartidor que surte a las tres veredas en mención, destrozando las mangueras de repartición del acueducto instaladas por los campesinos.
6. Que efectivamente, como denunciaron las comunidades el ejército motivó enfrentamientos desde los patios de las casas, encontrando vainillas y eslabones de ráfagas de fusil.
7. Se encontraron graffitis, donde dibujaron un fusil y escribieron “perros se van a morir, guerrilleros”. Dichos graffitis están situados en la Escuela de la Vereda El Piñal, que está totalmente abandonada. Se pudo observar escritos en la cocina que decían “Móvil 21 Brigada XII” y “Brigada VI Pijaos”.
8. Se constató que las viviendas y las fincas de las zonas anteriormente señaladas fueron abandonadas por las familias horrorizadas por la confrontación que se daba.
9. Se constató que los jóvenes son vistos por la fuerza pública como auxiliadores de la guerrilla o pertenecientes a la misma, lo que ha obligado a varios de ellos a ausentarse de su núcleo familiar por dichos señalamientos y amenazas, sin que se conozca hoy su paradero. Los pocos jóvenes que están en la región siguen siendo asediados y amenazados.
10. Se constató que los niños son manipulados por parte de la fuerza pública, por prevendas que les ofrecen como dulces y demás, para que den información de cual es el quehacer de sus familiares, haciéndoles preguntas tendenciosas como: qué si los niños ven a sus padres con armas o vestimentas como las que ellos poseen.
11. Pudimos presenciar que la tropa se encontraba cerca de la zona, por el aterrizaje que hizo un helicóptero del Ejército Nacional y los constantes revoloteos de avionetas y helicópteros.
12. Se constata la realización de censos de la población de la zona y la violación a la libre movilidad mediante los retenes y las continuas requisas, además de detenciones arbitrarias.

En las conversaciones que se sostuvieron con las comunidades en los días 12 y 13 de noviembre de 2008, pudimos recibir testimonios de las constantes violaciones a los Derechos Humanos (DDHH), al Derecho Internacional Humanitario (DIH), por parte del Ejército Nacional, Brigada Móvil número XVII, acantonados en esta zona que han obligado a las comunidades a desplazarse de esas veredas a la cabecera municipal de Dolores, producto de los desmanes de la Fuerza Pública por daños al acueducto veredal, tomando de trincheras y de zonas de abastecimiento las viviendas, posesionándose de las escuelas no permitiendo el normal desarrollo educativo de los niños y las ejecuciones extrajudiciales cometidas contra campesinos de estas veredas, como el caso de Aquileo Herrera Romero, asesinado por el ejército el 21 de octubre de 2008 y presentado como falso positivo, guerrillero dado de baja en combate, cuando sus familiares y vecinos manifiestan que era un humilde campesino trabajador de la tierra. Situaciones como ésta, se habían presentado en el año 2006 cuando fueron asesinados los jóvenes Héctor Jairo Yate, de 24 años de edad y José Mario Guerrero Garzón de tan sólo 17 años de edad, por el Ejército Nacional.
La persecución sistemática a la familia Herrera Romero, como el caso de Jhon Freddy Herrera Romero de 18 años, a quien el soldado Parra viene amedrentando, acusándolo de ser auxiliador de la guerrilla, que “conoce de caletas de la guerrilla, que el sabe desarmar un fusil y que si no coopera con el Ejército Nacional, va a resultar un día de estos como le pasó al Mono Aquileo con la boca abierta y los ojos”. Dichas amenazas son una flagrante violación a los Derechos Humanos, sembrando el terror y la zozobra dentro de las comunidades campesinas; éste es solo uno de los casos que pudimos conocer y que reflejan la situación bajo la que se encuentran los jóvenes de la zona que por temor no han denunciado, teniendo en cuenta además que no hay un compromiso real por parte de las instituciones gubernamentales que permita dar a conocer la realidad sufrida en estas zonas.

Sumado a esto, el irrespeto a la intimidad y la honra de los habitantes del lugar, derechos consagrados en la carta política de 1991, en su artículo 15, pues en la Vereda Vegas del Café, el ejército manifiesta con palabras soeces que ¨conocen los cuerpos y movimientos de todas las viejas de la comunidad¨, lo que demuestra que las comunidades están vigiladas constantemente desde las partes altas por las Fuerzas Militares. De igual manera las palabras irresponsables dichas a los niños y escritas por el ejercito en las escuelas y viviendas abandonadas ya hacen parte del vocabulario de los niños, a tal punto que se amenazan mutuamente de muerte, hecho absolutamente irregular en niños de 5 a 7 años , edades en las que oscila el promedio.
Esta situación como ha sido denunciado por las comunidades hace parte del episodio de conflictividad aun inacabado del país y los desmanes del Ejército Nacional con la población, que al buscar de forma desmedida resultados asesinan civiles sin discriminación alguna, lo que actualmente se conoce como FALSOS POSITIVOS.

Preocupaciones:

1. Que las comunidades campesinas necesitan de manera urgente la atención de los organismos estatales, tanto municipal, departamental como nacional.
2. Teniendo en cuenta la permanencia constante de la FFMM en la zona, es necesario que se garantice la seguridad por parte de éstas a los campesinos.
3. Que se cumplan por parte de las Fuerzas Militares los tratados internacionales en la NO ocupación de escuelas, viviendas que involucren de la población civil en el conflicto armado.
4. Que cese el amedrantamiento, los señalamientos y persecuciones a los pobladores de estas veredas y que se garantice la vida, la libre movilidad y la permanencia de los jóvenes.
5. Que el censo levantado por parte del ejército nacional es una actuación irregular según las normas constitucionales e internacionales, más aún cuando son utilizadas con el fin de amedrentar e intimidar a la población civil.
6. Que es necesario una atención urgente a los niños en materia de salud, nutrición, educación, vivienda y en general de los derechos fundamentales otorgados por la Carta Magna.
7. Que las principales instituciones que representan el Estado, como la Personería municipal siendo ésta la primera instancia administrativa defensora de los derechos humanos bajo la imparcialidad que le compete debe prestar atención oportuna y eficiente a las comunidades en situación de riesgo.
   

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Chile: més que paraules

Un dels països on l’acció directa deixa de ser merament un termeteòric estampat en cartells per passar a ser una pràctica inherementcotidiana és sens dubte Chile. Com cada any, els denominats setembresnegres es converteixen en un niu de conflictivitats exemplerificades perles sempre recurrents molotovs de les “filles del foc”, que omplenalgunes de les negres nits (sobretot) de la capital Chilena. Així mentresa Catalunya alguns hissen la senyera acompanyats dels segadors i delssicaris catalans altrament coneguts com a Mossos d’Esquadra, i a EstatsUnits ploren de nou les morts dels caiguts (alguns literalment parlanat) deles Torres Bessons, a Chile es commemora l’11 de Setembre de 1973.Amb l’excusa de la commemoració de l’onze de Setembre de 1973, aquellafatídica data en què les bombes i les bales cairen no solzament (comalguns s’entesten en recordar) sobre el líder populista Salvador Allendei els seus defensors, la multiplicitat d’actuacions mostren el verdaderrostre de l’estat Chile. I és que per molts i moltes no es tracta de ferun exercici de memoria històrica elevadora del primer president socialistaarribat al poder per mitjà de les urnes, sinó de vislumbrar que ladictadura no fóu més que una restructuració del capital mitjançant laforça militar i que la democracia no és més que una continuació sutilde l’estabiment per mantenir l’status quo. En definitva, elsencaputxats conceben cada setembre com una oportunitat mes d’expressar elfàstig i la ràbia que provoca un sistema depriment, causant de misèriesi exclusions que tendeixen a perpetuar-se (o inclús aguditzar-se) durantel govern de la Concertació. I de recordar activament a companys com laClaudia López, assassinada fa 10 anys en el transcurs de la guerra social.


Setembre Negre 2008: la flama continúa viva

Les mobilitzacions que posen fi a l’hivern i deixen pas a la primaverachilena no han estat tan contundents com en anys anteriors, incloent latípica marxa al cementiri que en aquesta ocasió s’ha realitzat el 14 desetembre. Així ho exemplerifica el fet que els “pacos de roig”,membres del Partit Comunista Chile encarregats de mantenir “l’ordre”intern de la marcha no han hagut d’intervenir.

Però sempre hi ha lloc per a disturbis... així ho correboren les ja tradicionals sortides de la Universidad Pedagógica del “Macul con Grecia” durant aquests dies, que han aconseguit que algunes unitats de“zorrillos” i “guanacos” (furgonetes policials llançadores de gasi aigua respectaviment) es mantinguin permanentment als voltantsd’aquesta “institució educativa”. O les voluptuoses nits de l’11 ales poblacions perifèriques (Villa Francia, Cerro Navia, Pintana,Estación Central,...) de la ciutat acompanyades no solzamentd’artefactes incendiaris, sinó en moltes ocasions d’armes de foc (queli diguin sino als 4 carabineris ferits aquest any per balaceres; o potserfa falta recordar el cas del cabo Vera, abatut d’un tret al cap l’11de setembre passat a la “Población de Pudahuel”). En part aquestdescens en l’activitat s’ha produit per l’augment de les mesurespolicials emprades pels cossos repressius de Bachelet : realitzant ampliscordons policials a les poblacions; estranyent el setge policial cap a totsaquells subjectes de participar en les senyalades mobilitzacions; omillorant l’armament dels efectius (amb “chalecos” anti-bales icascos d'acer, visors nocturns per contrarestar la foscor que implica lapràctica subversiva dels “cadenazos”, aparells de dispersió audífonad’última tecnologia,...). Mesures policials que han causat un nou difunta posteriori, en aquest cas de Marcelo Antonio, que morí per un edemapolmunar el 18 de setembre passat a causa de les contusions rebudes mentresparticipiva de la “disbauixa nocturna”.

Pero per combatre el poder no tothom recorre a la participació en els mesque previsibles aldarulls del Setembre negre. Alguns altres prefereixen elsextintors carregats de pólvora o la irrefrenable combinació d'àcids ielements casolans per iluminar les lluites socials... És així com el BancBci d'un carrer cèntric de les zones riques de la capital sucumbí el 10de septembre a l'acció de l'autodenominat “Grupos AnarquistasRevolucionarios” o com la Tercera Comisaría de Santiago es veiguéamenaçada pel “Comando Johnny Cariqueo”.


Ineficencia policial o operativitat dels grups d'afiniat anti-autoritaris

El “modus operandi” dels grups anarquistes (que han arribat areivindicar una 40 d'incendis i explosions en els últims dos anys) contraels interessos del capital a Santiago de Chile està deixant en rídiculals tan tutejats “ratis” (policía d’investigació dels carabineris)incapaços fins al moment d’encausar a una sola persona per aquests atacstan explícits. Tan desesperats están que segons sembla el ministeri del’interior chilè ha hagut de recorrer a la formació de personal acàrreg de membres de les policies italianes i espanyoles on la pràcticarepresiva contra grups anarquistes acumula una llarga trajectòria iexperiencia. Però un indici que sens dubte prova aquest fet han estat lesdues operaciones políciaques pràcticament infructuoses i de “baixperfil” desenvolupades contra grups anarquistes encaminades sens dubte amostrar uns resultats necessaris per salvaguardar la tan necesarialegitmitat policial.

La primera d’elles fóu efectuada el 26 de septembre de 2006 contra sis anarquistes (un dels quals barceloní) que habitaben l'immoble okupat dela Calle Ignacio 165. Operació realitzada sota les ordres del fins llavorsencara viu Director General dels Carabineros José Bernales. Els jovesforen acusats de tenir una quarantena d'ampolles de vidre, i altresmaterials tan “perillosos” (com àcid moriàtic per a descongestionarcanyaries o monedes de 5 pesos d'alumini) destinades suposadament a lafabricació de còctels molotov y bombes de soroll. Aquesta operació esrealitzà després d'una àmplia campanya mediàtica condemnatòria del'incendi perpetrat pel bloc negre al Palau de la Moneda durant la marchade l'11 del 2006, comparat mediàticament amb el què es produí durant elcop d'estat de Pinochet. Pero les acusacions contra els joves s'esveirenpoc a poc, deixant de ser responsables d'una autèntica fàbricad'elaboració d'artefactes casolans a passar a estar en llibertatcondicional una setmana després.

La segona, molt més recent i encara inconclusa, es produí el passat 8 deSetembre de 2008 quan tres persones foren detingudes i posteriormentempresonades acusades d'encartellar pressumptament cartells que cridaven ala guerra social i mostraven com es fabrica aquest coctel subversiu taneficaç de nominació russa.


Un cocktel explosiu prometador:

Diversos son els factors que ens poden ajudar a entendre la conflictivitatemergent que té inmers a xile en una calma més tensa que la nostra, mésenllà de la idealització inconscient que moltes de nosaltres solemrealitzar: la més recent entrada a la democràcia partidista que manté elrecel de bona part de la societat als pacos (carabineris) repressors; unaccés més fàcil a armament derivat en bona part de les partides enviadesals anys 80 per Cuba i la URSS als combatents comunistes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que segueixen en curs; les enormesdesigualtats socials en un dels paísos amb una economia més forta dellatinoamèrica; l'enorme cost de la vida; l'herència organitzativa de lespoblacions perifèriques i la forma arquitectònica en què estaninconscientment construides, més propicies per a l'enfrontament, laclandestinitat,...; l'emergència de grups anti-autoritaris i anarquistesderivats del treball realitzat durant les dècades anteriors i deldesengany de la joventut amb les organitzacions tradicionals; l'aproximació de persones derivades dels grups armats dels 80-90 a lesidees llibertàries; l'existència de descontentament en molts altresàmbits socials (estudiantat, professors, serveis públics,...) que elsmerament “polititzats”; l'encara vigent combat mapuche amb moltapresència al sud del país,...

Caldrà veure la capacitat de resposta dels grups organitzats a la més queprevisible onada repressiva que es desenvoluparà (segurament) a curttermini per fer front a tants factors i atacs desfavorables pel poder. La superació d'aquesta fase per part d'aquests grups podría significar unsalt qualitatiu en la lluita de classes. Esperem que no passi com a l'estatespanyol o Itàlia, on aquesta onada ha aconseguit parar part de les pràctiques més destructives i convertir les lluites socials en debatsteòrics , mansturbacions nostàlgiques en un passat millor imanifestacions folklòriques poc contestatàries.En definitiva, pels amants de la revolta, cal estar atents a les lluites nosolzament d'aquest país, sinó també de l'efecte papallona que podentenir sobre les activitats dels companys d'Argentina i Uruguai, en el quèalguns comencen a denominar com a triangle anarquista de llatinoamèrica.

URGENCIA EN BOLIVIA: la derecha fascista asesina a 15 campesinos

extraído de Indymedia Bolivia

Después de la masacre a campesinos, El Gobierno decreta Estado de Sitio en Pando

Enviado por CMI Cochabamba el Vie, 12/09/2008 - 19:47.
Noticia
Org. y Mov. Sociales

Ante la arremetida criminal de sicarios Brasileños, Peruanos y Bolivianos armados en contra de Campesinos en el departamento de Pando, el gobierno nacional ha decretado estado de sitio en toda la jurisdicción territorial de Pando.
Hasta el momento se han confirmado 14 muertos a punta de ametralladoras, escopetas y armas blancas en la localidad de El porvenir-Pando. Se han reportado desaparecidos, secuestrados y existe el rumor de que todavía existen más muertos que aún se encuentran en el monte y otros que habrían sido llevados por el río. Han sido secuestrados 14 campesinos heridos y han sido llevados al comité cívico para continuar con su calvario y después han sido llevados a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para que sean aun más intimidados. No se ha respetado ni siquiera a una mujer embarazada que ha sido maniatada y maltratada en instalaciones del comité cívico. En los hospitales se ha continuado maltratando a los campesinos que llegaban heridos, ni siquiera se permitía el ingreso de otras personas para que reconozcan a los campesinos asesinados. Los mercados de "collas" eran saqueados con saña, los medios no alineados a la prefectura acallados y los dirigentes sociales continuaban siendo perseguidos para ser asesinados como en los mejores tiempos de dictadura... Pero ahora eso inmediatamente debe parar!!
El estado de sitio en otras cosas dispone, la prohibición de manejar armas de fuego y armas blancas, prohíbe manifestaciones públicas, prohibido transitar más de 3 personas en horas de la noche [12:00 6:00 a.m.], prohibido abrir cantinas y lenocinios, etc. Y lo más importante, instruye capturar a los asesinos, a los sicarios brasileños, peruanos y bolivianos que asesinaron a los compañer@s campesinos.
El prefecto Leopoldo Fernández, el comité cívico y las logias terratenientes de Pando han armado y financiado todo este movimiento armado en desmedro de las comunidades campesinas que a estas horas de la noche aun lamentan la no presencia del estado en los momentos quizá mas terroríficos de sus vidas.
Juicio de responsabilidades al prefecto Leopoldo Fernández, asesino de la población Pandina!!
Basta de terror cívico prefectural en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija!! Basta de persecución carajo!!
Ante tanta mentira por parte de los medios oficiales privados, que andan diciendo que lo sucedido en Pando fue un enfrentamiento entre grupos armados y no un ataque de grupos de sicarios financiados y armados por el prefecto contra grupos de desarmados campesinos, a continuación les presentamos un testimonio de una hermana dirigente campesina que estuvo en el lugar mismos de los hechos, en la localidad del Porvenir. La entrevista fue realizada por la “Red Patria Nueva”.
Es la voz de indignación de una hermana dirigente campesina de 44 años que le dice a estos maleantes asesinos en Pando, que han nacido para ser libres carajo!!

Testimonio desde Pando [Primera parte] http://bolivia.indymedia.org/audio/play/19083
Testimonio desde Pando [Segunda parte] http://bolivia.indymedia.org/audio/play/19087
Testimonio desde Pando [Tercera parte] http://bolivia.indymedia.org/audio/play/19097
[El nombre de la compañera ha sido mantenido en reserva por la Red Patria Nueva, por su seguridad]

Comunidad Mapuche Quintupuray denuncia peligrosa demora del gobierno

La Comunidad Quintupuray denuncia la demora del gobierno rionegrino en no reconocer en forma definitiva la posesión y derechos sobre el territorio ancestral en el paraje Cuesta del Ternero. En forma reiterada y constante se constata la presencia de personas y vehículos distintos a los que fueran autorizados a ingresar al lugar por el juez Serra de Bariloche. Por estos hechos el lof Mapuche responsabiliza directamente al Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CoDeCI), a su presidente Florentino Huircapán, que postergan desde hace más de 2 meses la resolución de la situación y al Poder Ejecutivo provincial que en su empecinada negativa a reconocerlos como Pueblo Originario con derechos alimenta los más turbios procedimientos.



Por Comunidad Mapuche Quintupuray



Comunicado para la prensa

La comunidad Mapuche Quintupuray, a dos meses de haber reingresado al territorio ancestral después de 15 años de no poder hacerlo, denuncia públicamente la sospechosa y peligrosa demora del gobierno rionegrino en no reconocer en forma definitiva la posesión y derechos sobre el territorio ancestral en el paraje Cuesta del Ternero.

Esa falta de reconocimiento permite la constante perturbación de nuestra posesión en el territorio e innumerables provocaciones por parte de Fabián Quintupuray y César Maldonado, cabezas visibles de la operación ilegal e ilegítima realizada con el territorio con el respaldo y participación de distintos organismos del Estado de Río Negro.

Solamente en el mes de julio la comunidad tuvo que hacer dos denuncias policiales por los atropellos cometidos por Fabián Quintupuray, codepositario judicial impuesto por la dirección de Tierras, y su supuesto empleado César Maldonado. En forma reiterada y constante la comunidad constata la presencia de personas y vehículos distintos a los que fueran autorizados a ingresar al lugar por el juez Serra, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de Bariloche, que así lo dispuso en la causa de desalojo contra Flandes, Catalán y otros.

Además de violar sistemática y permanentemente la orden judicial, la prepotencia y agresión de estas personas ponen en riesgo la vida, la integridad de los miembros de la comunidad, así como nuestros bienes materiales y espirituales.

Hacemos directos responsables de esta situación al Consejo de Desarrollo de Comunidades (Codeci) como órgano de aplicación de la Ley Integral del Indígena Nº2287 y a Florentino Huircapán, su presidente, que postergan desde hace más de dos meses la resolución de la situación de la permanencia de Fabián Quintupuray en nuestro territorio.

Tres días después que iniciáramos el campamento de reafirmación de nuestros derechos en el camino de acceso al territorio, el 8 de mayo Huircapán acordó a nuestras espaldas que Fabián Quintupuray fuese puesto como depositario judicial. Después él negó ante la asamblea que existiera ninguna negociación al respecto, lo que fue desmentido por el propio juez Serra que se lo reprochó al Codeci en un escrito que consta en el expediente del caso.

Además de requerir la urgente intervención de Codeci para que nos reconozca como los únicos poseedores con derecho a esa porción del territorio ancestral Mapuche, responsabilizamos al Poder Ejecutivo provincial que en su empecinada negativa a reconocernos como pueblo indígena con derechos alimenta los más turbios procedimientos.

Marici weu Marici weu Marici weu Marici weu



El Bolsón (Rio Negro), 30 de julio de 2008

Nocions sobre Colombia: de l’extensió del narcotràfic a la llei de “Justícia y Paz”

El negoci de les drogues és a l’actualitat un dels negocis més rentables del capitalisme. Segons les mateixes Nacions Unides el valor del negoci en el planeta està entre els 300 y els 500 mil milions de dòlars anuals, situant-se com la segona economia mundial darrere del comerç de les armes i avançant la mateixa economia del petroli. Comprendre aquesta realitat és comprendre els motius que fan que es mantingui en la il·legalitat.
El principal contacte que han tingut la majoria dels habitants de l’estat espanyol amb la cocaïna és a través del seu nas. Com és sabut per tothom els països europeus i els Estats Units són els principals consumidors de la cocaïna que es cultiva en països com Colòmbia. Així ho reflecteixen organismes com l’observatori Europeu de les Drogues i la Toxicomania en el seu informe anual de l’any 2007, on s’afirma entre altres coses que la cocaïna és la segona droga il·legal més consumida a Europa o que fins a 12 milions d’europeus l’han provat almenys una vegada (un 4% de la població europea).
Colòmbia és el principal país productor i exportador de coca del món . A hores d’ara aquesta substància s’ha convertit en un dels puntals de l’economia del país sent la seva major font d’ingressos darrera la indústria del petroli i la mineria. Per entendre la seva entrada en el negoci de les drogues il·lícites ens hem de remuntar a finals dels anys 60. L’augment en els països econòmicament més desenvolupats del consum de marihuana, propiciat en part pel boom de la contracultura beat y hippie, implicà que alguns elements del país andí veiessin la possibilitat de realitzar negocis amb aquesta substància. El cultiu es mantingué fins que la multiplicació de països productors de la mata i l’aparició en els propis països consumidors de cultius de marihuana obligaren a substituir aquesta planta verda pel denominat or blanc.
Les primeres plantacions comercials destinades a la producció de coca a Colòmbia aparegueren a principis dels anys 80 i vingueren acompanyades del cultiu d’amapola. A diferència d’altres estats com el Bolivià no havia estat mai un producte autòcton del país. Tan sols algunes comunitats indígenes residuals la cultivaven per fer front a la gana, a la sed o al cansament o com part implícita de les seves pràctiques ancestrals. La davallada dels preus dels monocultius “tradicionals” com el cacau o el cafè; l’agudització de l’obertura econòmica propiciada pel Banc Mundial durant els mandats de Virgilio Barco y César Gaviria que comportaren una greu crisi en els sectors rurals; l’existència de distintes reds de narcotràfic ja organitzades; l’augment de demanda d’aquesta substància a Europa i Estats Units arrel de la des-elitització de la droga a través del crack; o l’existència d’àmplies zones sense cap tipus de presència estatal són alguns dels motius que ens poden ajudar a entendre la seva ràpida expansió.
Moltes famílies de camperols desplaçades de la violència que habitaven les zones rurals començaren a descombrar la selva per donar pas a aquest cultiu. La inexistència de bones vies de comunicació a la zona i la subjecció de l’economia nacional a l’economia global impossibilitaren la sortida a un preu raonable dels productes autòctons de mercat intern com la iuca, l’arròs, el plàtan o el cacau i condemnaren a la gran majoria dels habitants a entrar en aquesta economia il·legal. Un cultiu del què no sols es beneficiaren les famílies camperoles sinó moltes altres famílies de Colòmbia amb pocs recursos que emigraren a treballar tot participant directament en alguna part del procés productiu o en les noves economies emergents que generà aquest comerç. I és que s’ha d’entendre que de la coca no només en viuen els petits propietaris dels terrenys on s’ha plantat. Es converteix en una veritable economia regional que beneficia (monetàriament) a transportistes, petits científics encarregats d’un primer processament, obrers raspadors contractats, dones encarregades del manteniment i neteja de les llars de les veredes, petits comerciants,... La participació de tots/es aquests/es treballadors/es humils en el “boom de la coca” no ha reportat però (ni molt menys) grans beneficis a aquest sector, sinó que simplement ha permès la seva subsistència. Es tracta del sector de població que sempre s’ha mantingut a la base de la piràmide dels beneficiaris del cultiu, que rep una retribució unes 250 vegades inferior al producte de la seva venda i 40 vegades inferior a la què perceben els intermediaris exportadors. Però de la coca també se’n beneficien altres sectors. Uns segons beneficiaris que integrarien el sector mig de la piràmide són aquests intermediaris que refinen y exporten el producte, que configuren una part més reduïda de població i que vindrien a conformar els càrtels nacionals. I per últim, a l’eslavó més alt de la figura geomètrica trobem els grans traficants distribuïdors, assentats als EUA o Europa, que es lucren amb el percentatge més elevat del producte. Entre el 96% i el 98% dels guanys totals s’integren a la economia dels EUA o Europa, i entre un 2% i un 4% ingressa clandestinament a l’economia colombiana. Alguns estudiosos situen en un 80% les utilitats del narcotràfic que ingressen directament a la Banca estadounidenc.


INSURGÈNCIA I “NARCOTRÀFIC”
Són absurdes les argumentacions que diuen que si no hi hagués guerrilla, no existiria el narcotràfic. Les guerrilles aparegueren abans que es desenvolupés aquesta economia a Colòmbia i d’igual manera, si el negoci s’acabés les guerrilles existents continuarien insurrectes. No en totes les regions on hi ha la insurgencia hi ha cultius de coca i aquesta no ha tingut mai com a política forçar al camperolat a cultivar aquesta planta
Per comprendre l’entrada de les guerrilles que es mantenen operatives avui en dia a l’estat andí en el negoci de les drogues s’ha d’analitzar la situació política del moment, de mitjans/finals dels anys 80. L’efervescència que vivien no només els grups insurgents, sinó els moviments socials en general crearen un període que molts han definit de pre-revolucionari. El suport social que tingué el llançament del moviment polític de la Unión Patriótica com a resultat dels “acords de la Uribe” entre el govern i les FARC, pot resultar representatiu. Estem parlant de la única època en la què ha existit una certa unitat entre la denominada esquerra revolucionària, plasmada en els moviments armats de la època (ELN, M-19, EPL, Mir-Patria-Libre, PRT, FARC, Quintín Lame) a través de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. L’enorme creixement quantitatiu experimentat per les guerrilles les forçaren a qüestionar-se un possible salt qualitatiu a nivell militar que hauria d’implicar major formació per als comandaments i per a les bases, la preparació per a poder desenvolupar una guerra regular complementària amb la ja habitual guerra de guerrilles i amb la adquisició d'armament. Per fer front a les possibles despeses que tot això implicava es necessitava com és lògic una ingent quantitat de recursos econòmics que no es podien sufragar amb les meres extorsions, expropiacions i segrestos. Molts d’aquests grups armats, els més debilitats (M-19, Mir Patria-Libre, PRT, Quintín Lame, ELN Corriente de Renovación Socialista i una part del EPL), es veieren incapaços de donar aquest salt polític-militar en un context en el què es preveia la caiguda de la URSS i del Sandinisme Nicaragüenc, i la major reclusió del règim cubà, principals sostenidors indirectes dels grups a l’exterior. Finalment optaren per engegar unes negociacions amb el govern que implicaren la desmobilització d’aquests actors i donaren com a principal resultat la “Nueva Constitución de Colombia” del 1991. Per contra, les FARC optà per entrar en el negoci de la coca com a única sortida viable per poder seguir creixent. S’ha d’entendre la lògica que empeny a aquest grup armat a entrar en el negoci, per què en la guerra (a l’igual que en el capitalisme) o es creix, o es perd. Per la seva banda , la fracció de l’ELN que es mantingué alçada en armes, tot i negar-se en un inici rotundament a l’existència de la planta a les zones sota el seu control (arribant a executar alguns camperols que se saltaren les normes) acabà claudicant a les demandes de les comunitats, mantenint això si, unes certes mesures regulatives que en limitaven l’extensió d’hectàrees cultivables. Des de llavors les guerrilles s’han beneficiat certament de la coca, mantenint un impost aproximat d’un 15% (similar a l’IVA espanyol) sobre el preu total estipulat amb els intermediaris. La participació de les FARC i l'ELN en el negoci (i sense voler justificar-les) s’ha d’entendre també des d’una clau de manteniment de l’ordre i dels preus a pactar amb les instàncies mitjanes de la piràmide. El control sobre el cultiu es desenvolupa igual com es desenvolupa en moltes de les altres activitats econòmiques, polítiques, socials i jurídiques. Abans de la intromissió de la insurgència, molts camperols queien assassinats en mans dels narcotraficants i la retribució que percebien pel seu treball era inferior a l’actual.

“PLAN COLÒMBIA”:

L’any 1999 es llançà el conegut “Plan Colombia” de la mà del president Andrés Pastrana amb l’objectiu de buscar el suport internacional en la suposada lluita contra les drogues principalment a través de l’enfortiment de la força pública.. Per tal de justificar aquest pla s’argumentà des del govern que per fer front al caire global del narcotràfic, es feia totalment necessària una resposta igualment global des dels diferents estats que d’una o altra manera resultaven implicats en el seu comerç. Actualment s’ha convertit en un dels puntals bàsics de la reconeguda “Política de Seguridad Democràtica” d’Álvaro Uribe.
El “Plan Colòmbia” inicial fou reelaborat meticulosament pel govern dels EUA per aguditzar la seva política intervencionista en aquest país, subordinant l’estat Colombià i les mateixes Forces Armades de Colòmbia al Comandament Sud de l’imperi nord-americà. L’excusa de la guerra contra les drogues ha permès a aquest país participar directament en el conflicte colombià, col·laborant estretament en la lluita anti-subversiva i reforçant la protecció de les distintes multinacionals assetjades per les extorsions i els atacs intermitents de les guerrilles; també li ha servit per derivar fons públics a la seva indústria de guerra. La compra de diversos helicòpters Black Howk i Super Huey o l’equipament de les brigades anti-narcòtics “made in” Plan Colombia amb el reconegut fusil m-16 yankee en són una bona mostra.
Resulta obvi que la estratègia desenvolupada per la Casa Blanca està basada pràcticament en la repressió al sectors més desfavorits que es senten obligats a cultivar la planta i la militarització. Dels 860,3 milions de dòlars aprovats per Colòmbia en la definició del pla el 75% s’ha destinat a l’enfortiment militar de la guerra. Ha suposat un increment de les Forces Armades colombianes en un 34%, ha propiciat la creació de tres batallons Anti-narcòtics al sud del país, de diferents bases militars; ha dotat a la força pública dels equips i de la infraestructura necessària per permetre la seva mobilitat total en el territori; ha permès la posada en marxa de la operació militar més ambiciosa de la història colombiana (“el Plan Patriota”) amb el desplegament de 18.000 efectius especialitzats al sud del país; i ha permès l’enviament de 400 militars nord-americans encarregats d’altes tasques d’entrenament, vigilància i assessoria.
La presència de les denominades Companyies Militars Privades (CMP) a Colòmbia també s’ha aguditzat amb l’entrada del Pla. Recordar que aquestes aparegueren després de la pèrdua de la guerra del Vietnam per part dels EUA. Són les encarregades de dur a terme aquelles operacions que poden ser mal vistes per l’opinió pública; serveixen per reduir el nombre de víctimes de l’exèrcit, tot presentant a les baixes de les CMP com a mers civils; i aporten grans beneficis a fons privats. Fins a 400 mercenaris yankis pertanyents a aquestes empreses poden operar directament en el país, en tasques tan diverses com la construcció de bases militars, l’aprovisionament de tropes, l‘assenyalament i la recerca d’objectius, seguretat privada, recerca d’informació, fumigacions... Computer Sciences Corp (que absorví a Dyncorp), MPRI, Defense Systems, Ariscan Inc., ... són algunes d’aquestes CMP que “treballen” en el país. Moltes d’elles ja han estat denunciades per narcotràfic, sobrelimitació en les seves funcions, vulneració reiterada dels drets humans, promoció del paramilitarisme,...
Però la lògica del Plan Colombia no és merament militarista. El seu caire imperialista es veu amb les ajudes al desenvolupament de la regió. Unes ajudes que es realitzen amb la implementació de nous mono-cultius trangènics necessaris per a la maquinària del primer món, com poden ser el de Palma Africana per a agro-combustibles.
Dir que el “Plan Colòmbia” ha estat un fracàs per què no ha aconseguit reduir considerablement el nombre de plantacions de coca; o per què ni tan sols ha permès augmentar el preu de venta d’aquesta substància als països econòmicament desenvolupats és absurd. És absurd per què és no comprendre l’essència mateixa d’aquest pla, que tal i com hem vist no pretén posar fi al narcotràfic.
Si realment aquest fos l’objectiu, es tindrien en compte estudis com l’elaborat per Rand Corporation que demostren que invertir en la prevenció i el tractament als consumidors és 23 vegades més eficaç que invertir en la eradicació de cultius en altres països; es posaria fi el secretisme implícit de les comptes de les grans banques, màximes beneficiaries de la “neteja” de diner. O s’optaria obertament per una política abolicionista.
L’entrada en vigor l’any 2002 de la Iniciativa Regional Andina (IRA) per contrarestar suposadament els efectes negatius del “Plan Colòmbia” sobre els països veïns, principalment el trasllat de cultius, processament i/o rutes de tràfic a Equador, Perú, Bolívia, Brasil o Veneçuela, representa l’excusa perfecte per exercir un control major sobre tots aquests països.

PARAMILITARISME I NARCOTRÀFIC
El suplement secret desenvolupat durant la visita l’any 1962 per un equip d’alt nivell del Centre Especial de Guerra dels Estats Units no té desperdici: “Debe crearse ahora mismo un equipo en el país acordado, para seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de represión, por si se necesitaran después. Esto debe hacerse con miras a desarrollar una estructura cívico militar que se explote en la eventualidad de que el sistema de seguridad interna de Colombia se deteriore más. Esta estructura se usará para presionar los cambios que sabemos que se van a necesitar para poner en acción funciones de contra-agentes y contra-propaganda y, en la medida en que sea necesario, impulsar sabotajes y/o actividades terroristas paramilitares contra los conocidos partidarios del comunismo. Los EUA deben apoyar esto”.
Ja aleshores es preveia el sorgiment de moviments insurgents revolucionaris. La radicalització abans de disminuir la seva presència o desaparèixer d’algunes de les experiènces guerrilleres que s’originaren amb l’assassinat del líder populista Jorge Eliécer Gaitán i que es desmarcaren del partidisme liberal per convertir-se al comunisme, feien preveure als analistes estadounidencs l’aparició de nous moviments armats. I així fóu, doncs les FARC sorgiren l’any 1964 en forma d’Autodefenses Camperoles, i l’ELN i l’EPL formalitzaren la seva aparició el 1965 amb la presa de Simacota y el 1967 amb “el jurament a la bandera” respectivament.
L’eclosió social que acompanyava a aquests moviments armats “obligà” al sistema bipartidista colombià a potenciar, sistematitzar i legalitzar tota una estratègia de guerra basada en el paramilitarisme que fins al moment havia aparegut de forma intermitent. La llei 48 de 1968 establí que tots els civils podien ser utilitzats per part de les forces armades per realitzar treballs de defensa i restabliment de l’ordre públic, permetent-los-hi l’utilització d’armes considerades d’ús privatiu de les Forces Armades.
A la dècada dels 80, amb l’aliança entre els grups d’autodefensa camperola paramilitars assessorats per les forces armades i la CIA i les organitzacions privades armades del narcotràfic, es produeix un salt en la política contrainsurgent. Uns utilitzant les informacions privilegiades, els contactes armamentístics i creant estructures d'autodefensa amb el reclutament de persones amb pocs recursos i camperolat; i els altres finançant l’empresa amb les grans quantitats de diners de la què disposàven. Des de llavors fins a l’actualitat, aquestes dues estructures de poder s’han anat difonent i interrelacionant de manera continuada fent difícil l’establiment d’una línia divisòria que les diferenciï.
Cal concebre aquesta aliança com a una estratègia per salvaguardar interessos comuns.
Tan el paramilitarisme (alimentat per les elits econòmiques i polítiques colombianes) com els narcotraficants eren colpejats sovint per accions i extorsions de la insurgència; compartien a més a més l’interès per unes terres que sovint estaven sota la influència contestatària que els hi permetrien desenvolupar grans explotacions ramaderes o agrícoles als primers, i exercir un control sense condicions i potenciar el cultiu de drogues il·lícites als segons. No hem d’oblidar tampoc que la compra de terres segueix sent una de les millors formes de blanqueig de diners.
Dos dels acords que han sortit a la llum pública i que visualitzen aquestes relacions creades es remunten al 1981 i al 1987. El primer d’ells, aparegut en un comunicat advertia de la firma d’un acord entre 223 caps mafiosos per crear el Mas (Muerte a los Secuestradores), un exèrcit privat de 2230 homes. Per fer-lo possible cada un dels narcotraficants havia d’assignar dos milions de “pesos” i 10 dels seus millors homes. El segon, es consolida a la vereda “El Cincuenta” de Puerto Boyaca (Magdalena Medio) i donà pas a l’enviament per invitació del govern estadounidenc d’un coronel de l’exèrcit israelià, Yair Klein, que hauria de facilitar entrenament als homes de reconeguts narco-paramilitars com Rodríguez Gacha, Pablo Escobar, Fabio Ochoa o Víctor Carranza. Posteriorment altres membres de forces armades australianes, angleses i sud-africanes foren enviades amb aquest mateix objectiu.
Els excessos produïts per aquests grups narco-paramilitars dintre la dinàmica del terror que pretenien crear com a estratègia d’eliminació de les organitzacions socials i polítiques de l’esquerra contestatària afectaren també a altres sectors de població. Les pràctiques de “neteja social” que es dugueren a terme contra treballadores sexuals, homosexuals, lladres, consumidors de drogues,... foren desenvolupades pels escuadrons de la mort en distintes ciutats del país (“Cali Limpia”, “Amor por Medellín”, “Por la fe, el Reato y la Moral”, “Prolimpieza del Valle del Magdalena”,...). Són les què han fet que molta gent situí aquests grups a l’extrema dreta de l’espectre polític, tot i demostrar en la majoria dels seus comunicats una clara despolitització més enllà del seu reconegut anti-comunisme (i a tot allò que pinti a transformació social) i dels insults constants.
Fins i tot alguns sectors pròxims a les èlits econòmiques passaren a estar en el punt de mira del paramilitarisme. La paradoxa del moment era que alguns elements del govern i l’oposició estaven potenciant directament a aquests grups i en canvi, altres sectors del poder resultaren afectats per les seves pràctiques. L’anàlisi que es pot fer d’aquest fenomen es que en certa manera la necessitat acumulativa d’uns i altres inherent al capitalisme i la disputa de certes zones de control implicava en moltes ocasions interessos enfrontats. La recerca d’una legitimitat democràtica a través d’una certa contundència contra la delinqüència organitzada que massacrava a la població també es un altre factor a tenir en compte. Es feia totalment imprescindible per la democràcia si tenim clar que davant la greu crisi econòmica, humanitària i social molta gent fàcilment es podia sentir atreta pels moviments revolucionaris emergents. D’aquesta manera alguns membres dels partits tradicionals, personalitats democràtiques, periodístiques o policials passaren a estar en el punt de mira del narcoparamilitarisme. Situació que es maximitzà quan es crearen els primers acords amb els EUA d’extradició de narcotraficants, com a mesures indispensables per rebre les primeres ajudes econòmiques que conduïren indefectiblement a la liberalització de l’economia colombiana.
Però tornem a l’essència del paramilitarisme. Generalment es realitza una interpretació simplista d’aquest fenomen vislumbrant tan sols la punta de l'iceberg i les seves mostres mes espectaculars: les massacres realitzades arreu del país andí. El paramilitarisme com a fenomen social aconseguí la seva implementació territorial en moltes zones de Colombia sobretot a partir de mitjans dels 90. El paramilitarisme utilitza en primer lloc aquestes massacres o els assassinats selectius per aconseguir el desplaçament i el sotmetiment de les regions on s’estén. S’apodera de les economies il·legals allà on ja existien o les imposa si encara no havien tingut presència (no tan sols el narcotràfic, sinó altres pràctiques com el negoci de treball sexual). Mica en mica es va apoderant de totes i cada una de les activitats econòmiques de les regions: dels comerços, els transports i els serveis. I com no, de les administracions públiques forcant a molta gent a votar pels seus candidats. Es converteix irremediablement en un poder paraestatal amb una certa autonomia, però que sens dubte facilita les coses a les elits econòmiques. La transformació cultural que ha implicat la fusió del narcotràfic amb el sicariat para-estatal dintre les àrees rurals i perifèriques per on s’ha extès és una de les conseqüències ocultes que sens dubte molta gent no s’ha parat a analitzar. Una cultura de diner fàcil, totalment despolititzada, que idolatra al mercenari com a model masculí a seguir i a la dona sotmesa i “fàcil” com a model femení; una cultura d’apostes, de joc, de prostitució, de drogues, de violència... dins d’un suposat marc de seguretat que re-troalimenta el fenòmen paramilitar aportant no solsament nous adeptes a les seves files sinó també finançament a la seva empresa. Un finançament que s’utilitza en ocasions per realitzar obres socials que legitimen novament el seu poder.

“LLEI DE JUSTICIA I PAU...”

Els acords de “Justícia y Paz” establerts per la llei 975 de 2005 impulsada pel govern d’Álvaro Uribe, és el marc jurídic que teòricament ha permès la desmobilització del paramilitarisme a Colòmbia.
Els moviments socials colombians han alçat la seva veu per dir que aquesta llei l’únic que ha permès ha estat legalitzar aquesta pràctica. És incontestable que hi ha hagut una disminució física de la presència de grups paramilitars armats en el terreny o que fins i tot hi ha hagut una disminució de les massacres realitzades.
Però s’ha d’entendre aquesta realitat no com una victòria de la democràcia parlamentària sinó com un canvi d’estratègia del sistema de domini que impulsen les elits colombianes amb l’ajuda de l’imperi. La fi de les pràctiques més ostentoses realitzades per aquests grups és deu al fet que ja han aconseguit la majoria d’objectius pels quals foren creats.
L’aplicació de polítiques de terra arrasada a les zones rurals, seguint la doctrina de treure l’aigua al peix (és a dir, implicar les organitzacions socials i les comunitats camperoles en la guerra convertint-les amb objectiu militar per ser suposats sostenidors de la insurgencia) ha demostrat la seva eficàcia en l’aïllament de les guerrilles; ha imposat un imaginari col·lectiu de terror que ha fet disminuir considerablement la politització de la població; ha impedit o dificultat la pràctica del sindicalisme o les activitats de defensa dels drets humans, propiciant unes condicions més òptimes per a l’explotació; ha protegit aquelles empreses i terrenys que anteriorment havien estat amenaçades i extorsionades pels grups insurgents i facilitat l’entrada de les multinacionals en moltes àrees rurals amb ingents interessos; les pràctiques sense remordiments han desplaçat els grups armats dels nuclis urbans condemnant-los a una reclusió estratègica i a un aïllament més gran que dificulta la seva tasca política i militar; ha propiciat una clima de violència que obligà a les guerrilles a contestar amb una contundència major, tot recorrent a mitjans que abans no havien hagut d’utilitzar i per tan a facilitar la seva criminalització per part del poder,....
La pressió nacional i internacional, la desviació d’alguns grups paramilitars que es deslligaren dels seus suports econòmics i començaren a operar amb autonomia d’interessos, les ajudes en militarització derivades del Plan Colòmbia que han possibilitat un major control intern; o la intenció de donar legitimitat amb resultats concrets a la política de Seguretat Democràtica d’Álvaro Uribe (amb múltiples lligams amb la para-política) són algunes de les raons que poden ajudar a entendre els interessos de l’establiment en posar fi a les pràctiques més visibles del paramilitarisme.
Les argumentacions que s’utilitzen per defensar que la llei de Justícia i Pau ha legalitzat el paramilitarisme són múltiples i incontestables: per què no s’ha posat fi ni als negocis, ni a les economies que ha generat aquest fenomen; no hi ha hagut una política de reparació integral cap a les víctimes; no hi ha hagut un veritable estudi ni judicialització dels actors para-econòmics i para-polítics que l’han impulsat; l’opinió pública no ha tingut accés a la veritat; es mantenen uns graus d’impunitat elevadíssims, que giren al voltant del 95%; amb l’excusa de la reinserció s’han derivat molts elements implicats en greus vulneracions dels drets humans de l’empresa paramilitar cap a l’exèrcit; les penes màximes que s’han aplicat (i tot i no creure en la institució carcerària) als caps visibles han estat de 8 anys de presó, amb beneficis penitenciaris com visites permanents de familiars, condicions confortables en mòduls especials, accés constant a treballadores sexuals,... tot fa pensar que aquesta llei l’únic que pretén és fer taula rasa, esborrar de la memòria el genocidi establert, condemnant indefectiblement a què el paramilitarisme torni a aparèixer tard o d’hora.
Actualment ja no fan falta les grans massacres per aconseguir el desplaçament de la població agrícola o la inutilització de les lluites socials, per què tothom té en el seu imaginari col·lectiu el passat recent de l’extermini. S’opta per la judicialització a gran escala o “l’assassinat en compta-gotes”, a voltes selectiu, realitzat majoritàriament per la força pública a través dels denominats falsos positius. Es vesteixen a civils de guerrillers i es simulen falsos combats. S’aconsegueix així per un cantó justificar davant els acreedors i les masses l’èxit de les ajudes que està rebent l’institució militar, que veu molt més complicat posar fi a la vida dels guerrillers acostumats a la reclusió de la selva que a civils camperols desarmats; i per l’altre mantenir l’estat de terror a les comunitats. Les “primes” o els beneficis (vacacionals, professionals) que s’ofereix a cada membre de l’exèrcit que mata a un suposat insurgent, són l’element fonamental que empeny a tants militars a fer el què estan fent.
L’entrada en escena dels anomenats “nous” grups paramilitars sota la denominació de les “Àguiles Negres” representa un paraigües per poder seguir amb el terrorisme d’estat mantenint els amplis graus d’impunitat. Moltes organitzacions camperoles han advertit que les amenaces que es realitzen utilitzant aquest nom han estat desenvolupades pel mateix exèrcit., el principal estament contrari a la “desmobilització” per què la lògica sicarial els hi facilitava àmpliament les coses. Distintes persones d’organitzacions i moviments socials han caigut ja sota les bales de les “Àguiles Negres” o han aparegut en les llistes negres d’aquest grup. El paramilitarisme a Colòmbia, segueix més que vigent.

... O SENSE JUSTÍCIA NO HI HA PAU

Tot anàlisi polític que tracti de la situació colombiana ha de tractar, com no, el possible camí cap a la resolució al conflicte armat intestí, que dura ja més de 50 anys.. La “Política de Seguridad Democrática d’Álvaro Uribe” y la seva màxima expressió vislumbrada en l’ofensiva del “Plan Patriota” han demostrat la impossibilitat de vèncer a la insurgència a través de les armes. Les guerrilles tampoc tenen la possibilitat ara per ara d’enderrocar l’estat mitjançant la lluita armada. La clau queda per tan, en intentar debilitar al màxim a l’oponent forçant-lo a entrar en un procés de pau en el que hagi de fer amplies concessions.
En cap cas les guerrilles no s’acontentarien amb meres reformes constitucionals com succeí el 1991, sinó que aposten per la celebració d’una nova Assemblea Constituent i per una pau amb justícia social.
El procés de pau del Caguán de l’any 1998 entre el govern Pastrana i les FARC-EP fou conseqüència de la enorme quantitat de victòries propiciades per aquesta ultima a l’exèrcit colombià. La voluntat de no renunciar a certs privilegis conduïren a l’estat a seguir de sotamà amb la política militarista amb l’entrada al Plan Colombia. Les Farc també aprofitaren per reforçar-se amb l’adquisició de nou armament i la possibilitat de restablir certs lligams amb la societat civil colombiana.
S’ha d’entendre que hi ha molts sectors de la població que sabotegen (a l’igual de a l'estat espanyol) tot intent de procés de pau. Sectors que no apunten precisament a la insurgencia. Primerament les grans indústries militars, que veurien reduïts els seus beneficis. En segon lloc, l’exèrcit que perdria bona part de les partides que actualment se li assignen i l'enorme pes que té avui en dia en l’agenda política colombiana. En tercer lloc, els grups paramilitars i les seves economies. En quart lloc, les elits econòmiques, que no estan disposades a renunciar als seus privilegis. Per exemple els grans terratinents no volen cedir a una pau que passaria irremediablement per una veritable reforma agrària (no oblidem el marc ruralista en el què es desenvolupa i en el qual sorgeix la lluita insurgent).
Les temptatives d’acords que s’han dut a terme últimament han estat sabotejades per l'uribisme més ranci que s’ha tancat en banda. Els intents d’arribar a un “acord humanitari”que permetria la llibertat de guerrillers empresonats de les FARC i d’elements que estan a les mans de la insugencia foren troncats amb l’assassinat de l'interlocutor Raül Reyes quan estava ubicat a la frontera equatoriana. Tot fa pensar que amb l'uribisme el poder no hi ha cap possibilitat d’entrar en un procés de pau, ja que ni tan sols està disposat a desmilitaritzar temporalment les zones de “Florida” y “Pradera” amb aquest fi.
Un dels reptes als què haurà de fer front la guerrilla per seguir creixent i propiciar un procés serà possiblement la dificultat de trobar nous participants en el projecte per la dinàmica d'urbanització que ha sofert la societat colombiana (actualment la població rural gira tan sols al voltant d'un 20-30%), que la forcarà si més no a haver de guanyar-se novament espais en les ciutats del país (i per tan a deixar algunes de les pràctiques que actualment està realitzant per tal de guanyar legitimitat). O també veure quines son les mesures que pren per aturar la despolitització en les seves files que han portat entre altres coses a alguns dels seus membres a la traïció.
Però no només la insurgencia te elements en contra. El govern d'Álvaro Uribe està en una crisi constant propiciada per la seva clara relació amb la para-política que fa que vagi a contra-rellotge. La subordinació de la política uribista a la política de la Casa Blanca és un dels altres factors que en un cert moment pot jugar en contra seva. S’ha d’estar atents a què passarà amb les ajudes nord-americanes al país andí amb la possible entrada al govern dels Demòcrates de Obhama en les futures eleccions. No és que creiem (ni molt menys) en la seva bondat (de fet, ells són els que van enviar les primeres partides del Plan Colombia), però és ben cert que molts dels seus votants exerceixen pressió per què no hi hagi noves ajudes cap al país andí. Aquestes pressions però han de fer front als interessos que consideren a Colòmbia com l'Israel de llatinoamèrica (escenificats amb el pràcticament segur trasllat de la base militar de Malta ubicada a l'Equador), cosa que no és gens fàcil.
La ruptura de les grans partides del Plan Colombia condemnaria possiblement a l’estat Colombià a entrar en un tan anel·lat procés de pau.
Les organitzacions i moviments socials del país estan jugant un paper pioner per donar un pas més en la possible solució del conflicte. Elles són la clau i per tan han de ser àmpliament escoltades. El missatge que hem d’enviar des d'Europa és que no poden caure en la lluita per una democràcia com la nostra, per què tots els esforços realitzats haurien estat en va. Per què suposaria una pau sense justícia social. I ja se sap... sense justícia, no hi ha pau.
Firma: Vallenato

Pronunciamiento del CAI sobre el "conflicto del campo"

Bariloche, 16 de junio de 2008.

Comunicado para la prensa


EL TERRITORIO QUE FUE ESPACIO DE LA VIDA DE NUESTRO PUEBLO
ES EL ESCENARIO ACTUAL DE LA RAPIÑA “DEL CAMPO”


Desde hace más de tres meses venimos asistiendo como meros espectadores a una confrontación entre el gobierno nacional y sectores del capital agropecuario que debería incluirnos en primer término, ya que la pelea de fondo es por el acceso y el reparto de las multimillonarias ganancias que extraen del territorio ancestral indígena.

El Estado Nacional Argentino reconoció en la Constitución de 1994 la preexistencia de los pueblos originarios, siendo actualmente catorce los pueblos que sobrevivimos en porciones muy pequeñas de nuestro territorio ancestral pese al racismo y la negación sistemática, no sólo de nuestros derechos reales, sino de nuestra existencia misma.
Además, en el 2000 este mismo Estado formalizó su adhesión al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Finalmente, el año pasado, Argentina, como país signatario de Naciones Unidas firmó la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.


Estos reconocimientos suponen derechos efectivos, no sólo a la vida en sí, sino a la vida en nuestro territorio ancestral.
En el caso concreto del pueblo mapuche, en puel mapu (territorio del este de la cordillera), muchas de nuestras familias que hoy ocupan pequeñísimas fracciones de campo en las mesetas y estepa de Río Negro, Neuquén y Chubut fueron masacradas y hecho prisioneras por el Ejército nacional argentino (a partir de 1833 en diferentes campañas) de las tierras que hoy son el botín de la soja y de las extraordinarias rentas diferenciales del suelo de la pampa húmeda.
Apellidos tales como Catriel, Painé, Epugmer y Calfucurá –representantes de miles de familias que vivían en el territorio de lo que hoy es provincia de Buenos. Aires, sur de Córdoba y La Pampa-, por ejemplo, son prueba viva de nuestra vida en el territorio que siguen rapiñándose hoy por sobre nuestra sangre derramada.


Otros pueblos hermanos ofrecen otros ejemplos. La ampliación de la frontera de la soja hacia el norte es, en realidad, un nuevo avance hacia el territorio wichí, qom, guaraní, cien años después del sometimiento armado de las campañas de Roca y Victorica al Chaco.
Según cifras oficiales, el 10% de la producción nacional de azúcar -con su consiguiente aporte a la renta nacional por exportaciones-, la realiza la empresa Tabacal Agroindustrial de la transnacional Seebord Corp. en territorio ancestral guaraní que tanto dolor y muerte le produce a la comunidad La Loma.

No conocemos ningún economista de los tantos que han aportado a este debate público “nacional” que haya analizado –menos cuantificado- el aporte forzado y forzoso, inconsulto, ilegal e ilegítimo de los pueblos originarios a la llamada renta nacional en la Argentina del bicentenario.
Ni que hablar de los autodenominados representantes “del campo”, que no consideran tales a las extensiones de tierra árida y semiárida en las que tenemos nuestras ovejas y chivas -para el consumo doméstico generalmente-, las que además son para los organismos internacionales y expertos medioambientales la causa de la degradación y desertificación de los suelos.

Tampoco aceptamos que se nos incorpore a este debate como “campesinos”, categoría que niega nuestro autoreconocimiento político e identitario como indígenas, aunque esa categoría pueda servirle a muchos políticos y economistas para colocarnos en su mundo ideológico, que no puede imaginar la vida de los pueblos por fuera de los esquemas de la producción capitalista.

En nuestra cosmovisión somos uno con y en la naturaleza en wall mapu (territorio ancestral mapuche preexistente a la creación de los estados de Argentina y Chile), arrinconados en pequeñas porciones que debemos defender de los “inversores” y de los gobiernos encaramados en los negociados de tierras, que llaman fiscales aún con nosotros viviendo dentro.
La defensa de nuestro territorio ancestral la hacemos y seguiremos haciendo desde esa cosmovisión, en la que no es posible escindir la vida del pueblo de la de los recursos naturales; mucho menos el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y sus respectivas rentas que ofenden y mansillan al wall mapu.


Marici Weu Marici Weu
Por territorio y justicia


Consejo A. Indígena
Puel mapu

Grupos Armados Amenazan territorios indígenas NASO, Bocas del Toro, por Hidroeléctrica de la Empresa Colombiana, Empresa Públicas de Medellín

Oilwatch Panama
NOTICIA URGENTE 21/5/08

Desde varios años la EMPRESAS PUBLICAS DE MEDILLIN, empresa de origen colombiano, pretende desarrollar el proyecto Hidroeléctrico Bonyic. Proyecto, que el 21 de octubre del 2007, el pueblo Naso, en Asamblea General, en Resolución No. 7, reiteró su rechazo total y demandó del gobierno su derecho a la autodeterminación, ya que el Estado Panameño ha negado autonomía territorial a este pueblo en varias ocasiones.
El pueblo NASO se ha mantenido en lucha, realizando actividades para dar a conocer su posición a la sociedad con respecto al Proyecto Hidroeléctrico Bonyic y sus reclamos de autodeterminación. Pero éste domingo 18 de mayo, a las 10:30 de la noche, unas 50 personas con armas de fuego se apostaron cerca de los territorios NASO, y se han dedicado a realizar disparos al aire e intimidar a los miembros de las comunidades.
El 19 de mayo, unas cien personas foráneas se unieron a los agresores durante horas laborales, a manera de intimidación sobre las comunidades indígenas. Líderes comunitarios NASOS han denunciado que estos individuos llegaron con apoyo vehicular y económico de la Empresas Públicas de Medellín (EEPPM).
Ya las autoridades de la provincia han sido informadas de la situación, incluyendo la Gobernadora de Bocas del Toro, Esther Mena de Chiu, pero no han actuado para detener a estas bandas armadas, denunció un comunicado de la organización Alianza para la Conservación y el Desarrollo y la Alianza Naso. '..La Corregidora del Teribe sólo se presentó ayer con dos unidades de la policía y realizó allanamientos buscando armas en la comunidad. En ningún momento visitó, ni requisó, el sitio donde todavía se encuentran las personas que atacaron el domingo por la noche…', denuncian los lugareños.
Según notas de prensa internacional, Empresas Pública de Medellín, tiene antecedentes en su país de origen en casos de derechos humanos, denunciados por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), con desplazamiento de comunidades indígenas bajo amenaza paramilitar en zonas de construcción de megaproyectos*.
Este martes, la Alianza para la Conservación y el Desarrollo y la Alianza Naso interpusieron formal denuncia ante las instancias legales correspondientes, sin embargo a la fecha la situación aun continua igual.

http://www.onic.org.co/img_upload/3068e9df14b050d72c4fa19fabbab2d7/CASO_BAHIA_PORTETE_SEGUIMIENTO2007.doc